Lo que ha pasado
en la comisión que investiga los delitos económicos del gobierno de Alan García
evoca directamente al final de la comisión que vio el caso de los petroaudios,
presidida por Daniel Abugattás y concitó expectativas similares a la que hoy
dirige el bisoño Sergio Tejada. En cada caso, el fujimorismo llegó hasta la
víspera en condición de investigador del APRA haciendo de disciplinados
trabajadores por descubrir la verdad de la corrupción aprista. Pero como lo
hiciera Raffo en el 2009, negándose a firmar la acusación en el último día y
dejando a la comisión debilitada, sumando su voto al del PPC y del APRA, con lo
que se abrió el camino a la impunidad que predomina hasta ahora en el caso
emblemático de la corrupción de la segunda mitad de la década de los 2000.
Hoy, los
fujimoristas Pedro Spadaro, el que quiere inventar motivos para vacar
presidentes regionales cuando se identifiquen con las protestas de sus pueblos,
y Carlos Tubino, que quisiera repetir el papel de Giampietri como
intermediario de la Marina de Guerra con
los partidos de derecha, hacen un papel idéntico de boicoteadores de último
minuto, de la mano con el congresista Wong, electo detrás de Kuczynski, pero de
claros antecedentes apristas, con la resonancia de los medios DBA , que tratan
de sentar la idea de que acusar a García por el asunto de los colegios
emblemáticos, como podría ser con todo el paquete de obras derivadas de los
decretos de urgencia cuando se gastó el dinero público, sin prioridades ni
controles, sería una pura maldad del actual gobierno.
Para recordar lo
que sucedió con los llamados decretos de urgencia, habrá que tener presente que
la única urgencia que había entre 2008 y 2009 era la de la crisis financiera
internacional y sus probables impactos en la inversión, el financiamiento y el
comercio global. En una brusca reconversión keynesiana, el neoliberal Alan
García y el ultraliberal Luis Carranza, se lanzaron a una carrera de gasto con
recursos de los superávits y carencias de los años anteriores. Pero nunca se
determinó porque era más urgente i9nvertir en renovar antiguos colegios
(rebautizados “emblemáticos), principalmente en Lima, sobre la dotación de
colegios y escuelas en los lugares del interior del país donde no existen o se
reducen a un solo ambiente en el que estudian los alumnos de todos los grados
con el mismo maestro. Tampoco quién decidió los contratistas que ejecutarían la
obra, entre ellos DHMont, el conejo que salió del sombrero, y que habiendo
ganado en el Tribunal Constitucional la concesión de Collique, que amenazaba
los intereses del amigo del presidente Pepe Graña, se las arregló para quedar
de socio menor en el programa de viviendas sobre la pista del autódromo,
mientras recibía un trato de amigo del régimen en el tema de los colegios, el
Estadio Nacional y otros.
Finalmente con la
misma arbitrariedad a prueba de balas, García dirimió los precios, aumentando
de a pocos los precios, paso a paso hasta más que duplicarlos. ¿Quién controló
todo esto?, ¿cuál fue el papel de la Contraloría en el seguimiento de las
etapas del proceso?, ¿qué opinaron el SNIP, la OSCE y otros organismos que
interfieren los presupuestos regionales y municipales, sobre la calidad técnica
de los proyectos y la limpieza de las asignaciones? Que todo esto, fue una
falsa urgencia y una atroz danza de dinero y amistades del presidente está
fuera de duda. Pero entre corruptos se entienden.
30.06.12
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