El Estado encarcela al Estado

Antier, el ministro Jiménez Mayor, el mismo que suscribió un dictamen del Colegio de Abogados contra la utilización de la Justicia Militar para encubrir delitos comunes y ahora sustenta que el fallo del fuero castrense es válido para resolver el asunto de las ejecuciones durante la operación Chavín de Huántar y el que encubre la corrupción en los Registros Públicos, dijo que el traslado del alcalde de Espinar a Ica para ser procesado fuera de su jurisdicción y que lo mismo era válido en el caso de Cajamarca donde los futuros detenidos y enjuiciados serán llevados a Chiclayo.

Estaba dando cuenta de una resolución del Poder Judicial que lleva la firma del presidente de la Corte Suprema, César San Martín, quién como diría su predecesor ha decidido cerrar su período asumiendo atribuciones que no le corresponde, a lo que habría que agregar que lo está haciendo para responder a los requerimientos del gobierno central, sacrificando la independencia e imparcialidad de la Justicia. Por supuesto que a Jiménez Mayor no le correspondía expresar los supuestos fundamentos de la decisión del más alto nivel del Poder Judicial. Pero lo que se sabe es que antes de la resolución írrita el ministro de Justicia junto al fantasma del Interior, estuvieron con San Martín para comprometerlo en la operación tenazas contra los movimientos sociales de Cusco y Cajamarca, que también incluye al Ministerio Público, los grandes medios de comunicación y todo el aparato empresarial.

La designación a dedo del juzgado para el alcalde Mollohuanca y para otros casos relacionados con delitos sociales viola, como bien dice el doctor Olivera Díaz, el Código de Procedimientos Penales y priva a los denunciados del derecho a responder ante el juez “natural” o competente (el de turno, en la jurisdicción donde ocurrieron los hechos). Ahora nadie puede garantizar si el juez de Ica ha sido previamente aleccionado para actuar contra el prisionero que le traen de otra parte. Un gesto propio de dictaduras, impulsado por funcionarios del Estado que parecen haberse creído aquellos de que tienen que salvar como sea el modelo económico de crecimiento de los antimineros. La manipulación institucional promovida por personas que pasaban por demócratas, es más peligrosa que cuando corre a cuenta de elementos que uno ya sabe que no creen en ninguna regla.

El extremo de cerrar un aeropuerto por un día, argumentando que habían dos botellas de gasolina abandonadas en los exteriores, impidiendo de esa forma a Isaac Humala llegar a Cajamarca, da una idea de hasta dónde podemos llegar. O aquello de congelar las cuentas del municipio provincial de Espinar y del gobierno regional de Cajamarca que marca una especie de guerra entre instituciones del Estado, donde los del poder central sacan la cara por las grandes empresas y se creen que la mayoría del país está con ellos por lo que ven en la televisión, y otros tratan de representar los reclamos e inquietudes de sus pueblos.

A esto se añade además que el presidente ha dicho que las protestas tienen “fines electoreros”. Lo que recuerda mucho lo que se decía de él hace un tiempo. Y no sólo eso: porque haber dicho una cosa como candidato y lo contrario como presidente es realmente lo electorero. Y eso no se ve en las autoridades actualmente perseguidas por el propio Estado.

03.06.12
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