García debió ir al pleno para dar la batalla de fondo

Entrevista a Javier Vila Stein

 De un armario que se encuentra en una de las esquinas de su amplio despacho, el Dr. Javier Villa Stein extrajo un cartel en el que se lee en letras doradas y fondo negro: “Aquí no se respeta la Constitución”, que explica que lo ponía sobre la mesa cada vez que en alguna de las reuniones que dirigía como presidente de la Corte Suprema veía que se estaba pasando por encima de la ley de leyes. Pero un día el presidente de la Corte española encontró el cartel que había sido olvidado sobre una de las meses y preguntó inocente si esa era una norma de la Corte Suprema del Perú.

Javier Villa Stein nos recibe en una mañana de huelga de los trabajadores del Poder Judicial que marchan alrededor del viejo Palacio de Justicia y hacen escuchar sus voces en el despacho donde nos encontramos. La noticia de ese día ha sido la nulidad declarada por un juzgado constitucional sobre los informes de la Megacomisión que investigaba los delitos económicos del período de gobierno 2006-2011.

Javier Villa Stein resume su punto de vista: Yo creo que ha sido una victoria pírrica de García, que lo está pasando de víctima a victimario. Si antes había convencido a mucha gente que lo querían eliminar de la política con el mecanismo de la inhabilitación, ahora está apareciendo como alguien que se refugió en los procedimientos para salvarse y evitar acudir a la batalla de los temas de fondo que era la que había que hacer en el pleno del Congreso. Esta es una opinión, por supuesto, en el plano político.

La entrevista

La Primera: ¿Qué siente de ser visto como uno de los pocos jueces cuyos fallos desafían lo que podríamos llamar el sentido común de la opinión pública, aquello que muchos esperarían que usted resuelva?

Javier Villa Stein: En un Estado constitucional de derecho, con leyes establecidas, con arreglo a la constitución, la facultad y la obligación del Juez es resolver como lo establece la ley y como se interpretan los hechos y todo dentro de la ley. ¿Por qué? Porque la opinión llamada común a veces no conoce lo que son los mandatos legales, tiene un conocimiento en el ámbito profano. Ayer escuché a un destacado jurista que decía que en determinados caso hay que apelar a la moral intuitiva, con lo que han creado un nuevo criterio jurídico que desde luego es ajeno al derecho penal, hay que desterrarlo, no existe.

LP: ¿Qué querría decir este concepto?

JVS: Quiere decir que hay hechos de tal magnitud, que por un criterio ético debemos sustraernos a la legalidad vigente. Eso que podría tener vigencia en un ámbito filosófico no vale para resolver una controversia penal.

LP: Uno de sus casos emblemáticos es el de Eva Bracamonte donde su voto fue distinto al criterio que venía de la sala juzgadora.

JVS: En ese caso hubo dos posiciones en mi Sala. Algunos que opinaron que se debía anular el juicio para acopiar nuevas pruebas, por lo que votaron por la nulidad. Y estuvimos los que dijimos que si no hay pruebas debe absolverse, por el principio de que nadie puede ser condenado sin pruebas, aunque personalmente no tengo ninguna duda de que la acusada es inocente. Sin embargo prevaleció el criterio de ir a una nulidad y un nuevo juicio oral.

LP: ¿Se abusa de las nulidades?

JVS: La nulidad es la lavadora de la justicia. Cuando los jueces no quieren resolver, se lavan las manos anulando y dándole otra vuelta al proceso. Eso pasa cuando se tiene temor a los grupos de presión, a los poderes fácticos, a algunas ONG. Los jueces tienen que resolver conflictos, sujetándose a un plazo razonable. Le cuento el caso de un militar que tenía un reclamo por resolver durante 29 años de juicio, estando absuelto, y una vocal quería anular todo lo actuado porque creía que en caso de delitos de derechos humanos no debe haber impunidad. Pero su posición hacia eterno el proceso judicial.

LP: También se recuerda su posición en el juicio sobre Barrios Altos.

JVS: Por el que La Primera casi me fusila. La sentencia en ese caso es impecable. Y el Consejo de la Magistratura que la analizó, convalidó lo que habíamos hecho. No hubo impunidad, pero si hubo rebaja de penas, porque en algunos casos había condenas de oficio. Las penas que se aplicaron correspondían a los delitos que habían sido señalados por la Corte Internacional de Derechos Humanos y la rebaja que se aplicó respondía a una compensación por el plazo excesivamente dilatado que había tomado resolver.

LP: Pero luego se anuló la sentencia.

JVS: Eso ocurrió cuando yo estaba de vacaciones, en un acto ilegal y delincuencial. La sentencia sustitutoria se hicieron cosas gravísimas como decir que en casos de derechos humanos no se aplica el principio de legalidad, o considerar que un delito como la asociación ilícita para delinquir, que es un delito autónomo, era uno de lesa humanidad, lo que es un delito de lesa juridicidad. Es gravísimo.

LP: Hace poco usted opinó sobre la resolución que ordena el traslado de los presos que están en la base naval  a un penal común…   

           

JVS: Lo que ocurre ahí es que no hay una resolución, porque el habeas corpus requiere de un mínimo de tres votos y sólo hay dos. Pero el fondo del asunto es que los presos civiles deben estar en penales civiles y los penales militares deben usarse sólo para casos que están dentro del Código de Justicia Militar y las normas militares. Por ahí he escuchado que el presidente de la Corte de Lima considera que la Base Naval es un penal civil porque está a cargo del INPE. Eso no es verdad porque por más que el INPE esté allí, todo el contexto que rodea la prisión es el de un cuartel y eso es una prisión militar. Lo que debe hacer el señor Pérez Guadalupe es crear y dirigir prisiones civiles seguras. Así que el fallo de los jueces no debería aterrorizar a nadie.  Pero insisto que esta resolución aún está incompleta porque falta un voto. Ayer escuché a Aníbal Quiroga que piensa como le estoy diciendo.

LP: A propósito de esto, tengo entendido que los habeas corpus suben al Tribunal Constitucional solamente cuando el que pierde es el que ha hecho la demanda.

JVS: Es verdad. Ese es el criterio establecido. Pero ahora existe una doctrina caviar que permite que en ciertos casos, los demandados vayan hasta el Tribunal Constitucional cuando han perdido. Es una justicia ajustada a los intereses de los que pueden resultar perdedores. 

LP: ¿Cuántos años tiene usted de Juez?

JVS: Este cuatro de abril cumplo diez años en esta función.

LP: ¿Antes de ser Juez a qué se dedicaba?

JVS: Era abogado libre. Fui notario cinco años, pero me sentí muy reducido en esta función.

Responsabilidades presidenciales

LP: Al margen de los casos específicos, me gustaría que me diera su opinión sobre la responsabilidad de los presidentes en los casos de indultos

JVS: El indulto es un acto jurídico personalísimo del presidente de la república, que no se puede delegar. Es como el fallo de los jueces que no puede hacerlo otro en vez de él. El indulto es el único acto de esta naturaleza en el que el presidente está sólo frente a su conciencia. Eso no quiere decir que el presidente no pueda ser inducido a error, como podría haber sido en el caso Crousillat. Pero en ese caso lo que corresponde es un procedimiento de nulidad de acto jurídico que establecerá los errores cometidos y las responsabilidades correspondientes. El presidente no lo puede anular después de haberlo otorgado, igual que un juez no puede anular sus propias sentencias.

LP: ¿Qué opina del Tribunal Constitucional que tiende a convertirse en una especie de última instancia a la que van en revisión las decisiones de la justicia?

JVS: Yo creo que la única solución es que el Tribunal Constitucional establezca su sede física y jurisdiccionalmente en la Corte Suprema y se acabe esta situación absurda de que no se sepa donde terminan los procesos. No olvide que los jueces ejercemos el control difuso de la Constitución, mientras que al Tribunal le corresponde el control directo.

LP: ¿Cabe hablar de una figura de delegación de funciones presidenciales a alguien de confianza del presidente como su esposa o un asesor?

JVS: El ejercicio de la presidencia es una actividad personalísima, que no admite delegaciones. Nadie puede irrogarse funciones que no tiene ni intervenir en actos de gobierno cuando no tiene respaldo legal para ello. De esa forma Vladimiro Montesinos era un usurpador, que tomaba el nombre del presidente y que sustituía al jefe del SIN. Pero lo mismo se puede decir de cualquier otra persona que asume funciones que no le corresponden, sino al presidente y sus ministros.

LP: ¿Qué le parece el caso La Parada y la actuación de la alcaldesa de Lima?

JVS: ¿Están ganando, no? Hasta han instaurado un nuevo principio jurídico, que se puede desalojar directamente si se tiene la fuerza. Pero es verdad que la estrategia de los comerciantes era la de hacer interminable el conflicto apelando a resoluciones judiciales muy discutibles. Bien por la Municipalidad. Ahora es la izquierda la que está eliminando los nudos sociales de la ciudad en comercio mayorista y transporte. Parece que la derecha está esperando que le pongan la mesa servida.

 Fujimorismo y anticaviarismo

LP: Para concluir permítame una pregunta atrevida, sobre usted hay dos imágenes recurrentes, la del juez fujimorista y la del enemigo acérrimo de los caviares. ¿Qué nos puede decir de ello?

JVS: Nunca he sido, ni soy fujimorista. No he trabajado para el gobierno de Fujimori y al contrario he sido vetado por ellos para ocupar el decanato de Derecho en San Marcos e impidieron también que postulara a la Defensoría del Pueblo. Los fujimoristas son los caviares que sí trabajaron para el régimen de los 90 y que ahora son enemigos de Fujimori. Me refiero a los fujicaviares como Eda Rivas, Juan Jiménez, César San Martín, José Ugaz y el periodista Álvarez Rodrich que después de caído ese gobierno se olvidaron de lo que fueron y de donde cobraron sus sueldos. La leyenda sobre que soy fujimorista viene de ellos, porque en mis fallos nunca ha primado el antifujimorismo o el antiaprismo, sino lo que considero que se ajusta a la ley.    

02.04.14

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