Fiscales en zonas de violencia

La mención que hace algunos días hizo el presidente a que los fiscales debían ponerse bien los pantalones ha producido una fricción con el Ministerio Público, que era algo que según todos los indicios el Dr. Peláez Bardales estaba tratando de evitar. El hecho es que hubo un comunicado del Comando Conjunto que faltó a la verdad afirmando que un fiscal había estado presente cuando se produjo la intervención militar-policial en Ranrapata; un ministro que desmintió esto en Conferencia de Prensa; un Fiscal de la Nación que aclaró que su institución no había sido parte de los acontecimientos; y un presidente que cerró el asunto con la frase de que los fiscales no pueden andar por los cerros junto con los militares, que para el caso de la operación Mantaro había habido una fiscal que finalmente firmó las actas y que había alguna materia relacionada con el coraje personal (supongo que a eso alude lo de los pantalones, aunque se refiera también a magistradas que pueden llevar faldas) en la discusión abierta sobre la presencia en Ranrapata.

Varios temas están aquí superpuestos: (a) a saber si en operaciones planificadas y apoyadas en informes de inteligencia, con objetivos preestablecidos y en áreas de población civil, se puede dar por prescindente, por razón militar (eficacia y seguridad), la acción del Ministerio Público que es la garantía que disponen los intervenidos y las personas que están entre dos fuegos que las cosas se hicieron correctamente; (b) si el papel de los fiscales puede quedar reducido a convalidar con su firma la versión militar-policial de los hechos, para luego ser incluidos como avales dentro de un comunicado como el que emitió el Comando Conjunto; (c) si “ponerse los pantalones” significa que el fiscal debe dar por ciertos los informes militares o de inteligencia que señalan quién es el terrorista y el colaboracionista, y quién el responsable de los daños a terceros. Hay en las palabras del presidente un sabor ácido a subordinación del Ministerio Público a la estrategia militar y una crítica velada a cualquier reclamo de autonomía.

En el caso de Ranrapata hay una diferencia frontal entre la versión del gobierno que tiende a ajustarse a la de los jefes de la operación militar-policial y la que viene de la población. En medio de ese desacuerdo el Ministerio Público debería ponerse los pantalones para reclamar su obligación de estar presente en el momento de los hechos, no firmar más que lo que le consta y escuchar lo que tienen que decir todos los implicados. Por lo que se sabe ya se está cocinando una norma, en la misma lógica del negacionismo, para excluir legalmente la presencia fiscal en las zonas de guerra, como si se tratara de territorio enemigo. Una opción de este tipo acortaría la distancia hacia los jueces sin rostro, arrepentidos y otras disposiciones que los fujimoristas dicen que nunca debieron abolirse. Esto nos puede estar advirtiendo que otra vez el plan militar empieza a colisionar con las libertades y garantías de la gente, o que por lo menos que hay alguien que piensa así y empuja en ese sentido. Una niña está muerta y nadie se pone los pantalones para castigar a los responsables.

20.09.12
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