Cuestiones sobre la ética en la prensa

El Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa, acaba de emitir una segunda resolución sancionadora sobre el diario LA PRIMERA referida a notas de investigación que llevan mi firma. El caso anterior fue el del director de la Biblioteca Nacional, cuya participación como accionista y directivo de empresas inmobiliarias que actúan en el exfundo Oquendo que han dañado un conjunto de huacas y monumentos de importante valor arqueológico con fines de vender los terrenos, resultaba en una flagrante contradicción, y cuya queja fue acogida arguyendo que no consultamos al aludido si ratificaba como cierta la información que aparece en los registros públicos y nos permitimos un comentario a su carta de rectificación.

El hecho es que tenemos en nuestro poder documentos de la Policía y de la Comisión de Defensa y Seguridad Interna que resumen el estado de las investigaciones sobre este caso y confirman la existencia del acto ilícito y de los lazos empresariales y familiares que unen a los propietarios de las inmobiliarias involucradas entre los que se menciona al director de la Biblioteca. Publicaciones recientes han retomado el caso cuya gravedad se comprueba no sólo en este acto de lesa cultura sino en las constantes agresiones que sufren agricultores de la zona despojados por la fuerza de sus tierras, con un saldo de varios muertos. Pero la ética del Tribunal parece no tomar en cuenta la intención, la pertinencia y la seriedad de la investigación periodística. ¿Cómo quedará el fallo si se comprueba que lo que LA PRIMERA dijo era correcto y que jamás se quiso perjudicar la imagen de una persona sino salvaguardar valores indiscutibles como el patrimonio cultural y la vida de familias campesinas de escasos recursos y nulo poder político?

Ahora se trata del caso del superintendente adjunto de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos SUNARP, donde como es público y notorio se han producido denuncias sobre actos de corrupción que han repercutido en el Congreso y la prensa y que derivaron en la destitución del titular de la Institución y un proceso disciplinario que muchos cuestionan por la insuficiencia de las sanciones. Frente a estos hechos evidentes, este diario se preguntó sobre la permanencia en el cargo del adjunto del superintendente saliente. Y si bien este señor dice que a él lo nombró el ministro y que no estuvo durante el peor momento de la corrupción (final del gobierno aprista), la verdad es que muchos elementos lo vinculan como persona muy cercana a la vieja administración. Nuestro deber como periodistas ha sido develar que Ortiz Pasco compartió la misma cátedra universitaria con el exsuperintendente Delgado Schelje, fue contratado numerosas veces por la SUNARP para consultorías asignadas en forma directa y con altas remuneraciones, acompañó a Delgado como funcionario de confianza en el período en que se le asignó la responsabilidad de COFOPRI.

El Tribunal de Ética, sin embargo, ignora que existe una investigación sobre corrupción, y no se pronuncia sobre la pertinencia de discutir sobre si los que quedaron a cargos de la institución eran suficientemente independientes para asegurar una corrección de fondo sobre lo sucedido. Han preferido reducir el caso a la coartada sobre el origen del nombramiento, sin profundizar sobre los vínculos reales y el resultado de un año en el que han cambiado cuatro superintendentes y se ha mantenido el mismo adjunto. La ética supone valorar la intención del investigador. Pero nuestro tribunal parece ignorar eso, exponiendo sus resoluciones a ser desmentidas por la realidad delos hechos.

02.09.12
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