El papelón de San José

El caso del llamado “papelón de San José”, es decir la diferencia pública de posiciones entre los procuradores del gobierno central y del Poder Judicial ante los miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, uno de los cuales cuestionaba la sentencia de la sala Villa Stein y reiteraba que los casos del grupo Colina correspondían al tipo de delito de lesa humanidad, y el otro defendía la posición del expresidente de la Suprema que negaba tal condición a los crímenes de Barrios Altos y otros y había rebajado las penas a los responsables, aparece como un aparente asunto de mala coordinación o en el peor de los casos como un complot de sectores rivales para impedirle al Estado tener una posición homogénea en tan delicado caso.

Pienso, sin embargo, que el problema va más allá y tiene que ver con el debilitamiento de la línea de protección de derechos humanos que fue uno de los temas fuertes de la llamada transición post fujimorista y con la confusión de conceptos en que se mueve el premierato de Juan Jiménez Mayor. La concesión en puntos tan delicados como el de las ejecuciones extrajudiciales en el caso Chavín de Huántar (donde en condición de ministro de Justicia se orientó a producir maniobras que modificaran la línea oficial sobre el caso, para contentar a sectores de las Fuerzas Armadas), y ahora en el asunto del “negacionismo”, han inclinado la postura del gobierno favoreciendo a los sectores militaristas. En ese contexto preciso querer diferenciarse y tomar distancia de los barbarismos judiciales de Villa Stein es mucho más difícil. Más pareciera que los sectores duros y militaristas se sienten envalentonados para empujar al gobierno hacia la minimización de los actos de terror de Estado.

En San José, Costa Rica, el ridículo no es sólo tener dos “representantes” del Perú hablando cosas opuestas, sino que uno de ellos demuestre públicamente ante la CIDH no tener ningún compromiso con los derechos humanos y ni la más remota sensibilidad hacia las víctimas de los abusos del poder. Las declaraciones del procurador Segundo Vitery contra los organismos de Derechos Humanos como si fueran adversarios del Estado a ser derrotados en los tribunales internacionales indican por donde están yendo las cosas. El Dr. César San Martín ha tratado de mostrar reflejos al destituirlo, pero él sabe muy bien que si un procurador lo ha desafiado de manera tan ostensible debe ser porque la correlación en la Suprema está cambiando aceleradamente. Tal vez eso mismo debe haber estado en la cabeza de Villa Stein y Pantoja para lanzarse a una sentencia tan controversial. La guerra contra las ONG y la doctrina de los derechos humanos, parece ser la bandera de la derechización que se viene en la Justicia peruana.

San Martín tiene, por cierto, alta responsabilidad en lo que está pasando, por su propio repliegue a partir de la denuncia sobre vínculos con el Banco de Crédito, y sus afanes de quedar bien con el poder central que luego se contradicen con declaraciones sobre autonomía y equilibrio de poderes. Por eso su pedido para que los dos procuradores sean sancionados, suena a orgullo institucional herido y a juego de presiones en la más alta corte del país. Un ruido que debería preocupar a todos.

03.09.12
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