Operación Chavín de Otárola

En plena crisis de Kepashiato, el ministro de Defensa Alberto Otárola sacó un as de la manga que produjo una conmoción de felicidad en la peor prensa peruana. Un nuevo peritaje de los peritajes anteriores habría demostrado que el emerretista Tito no murió con una bala con un arma sobre el cuerpo sino a mayor distancia y como en la mano lleva algo que parece una granada, se debe deducir, “técnicamente”, por supuesto, que murió en combate.

El procurador Adrianzén informó que se habían revisado los estudios existentes y las fotos de los cadáveres y llegado a las nuevas conclusiones que tendrían el efecto de notificar al tribunal que sigue la causa por ejecuciones extrajudiciales al final de la operación Chavín de Huántar, contra Montesinos, Hermoza, Huamán y Zamudio (y nadie más que ellos) que debía archivarse el caso, con lo cual se estaría preparando la respuesta a la Corte Interamericana, de que el Perú se desiste de sus posiciones iniciales y se cierra sobre la línea fujimorista de que esta sí fue una victoria impecable.

¿Qué puede haber motivado al ministro, que antes fue viceministro de Defensa en tiempos de Toledo, cuando Loret de Mola lanzó el concepto de los “gallinazos”, para distinguir a los comandos de los supuestos infiltrados que liquidaron a los prisioneros sobrevivientes, para aparecer ahora respaldando la posición de Giampietri? Otárola era el segundo de Loret de Mola, pero ahora lo es de Valdés, y todo indica que este intento de revisión de las investigaciones previas es una señal a los militares, en una circunstancia en las que las relaciones entre poder político y militar deben andar bastante deterioradas.

Ya se ha hecho evidente que a falta de aumentos, pensiones y apoyo en zonas de peligro, a los uniformados les han metido algunas reivindicaciones que pasan por corporativas: acabar con los juicios sobre derechos humanos y defender Chavín de Huántar como la mejor epopeya militar de la historia que toda laya de rojos y caviares quiere desprestigiar. Otárola es ahora el vocero de esta reivindicación de los cuarteles, no importa si integra un gobierno cuyo presidente repudió en campaña la impunidad y suscribió las conclusiones de la Comisión de la Verdad.

Lo que el ministro casi saliente, Alberto Otárola, no va a poder negar es que hay un patrón en la política antisubversiva de los 80 y 90 de ejecución de rendidos: los Cabitos en Ayacucho (ejecución de miles de prisioneros), Penales (1986 y 1992), los Molinos-Jauja (1989), etc. Tampoco que había un motivo para que la dictadura (no el comando) necesitasen silenciar a los que sabían de las negociaciones de cuatro meses antes del ataque. Finalmente que lo que acusa al gobierno de la época son estudios hechos sobre los cadáveres y testimonio de testigos, no sólo el señor Ogura, sino de policías que hacían el cerco externo. Esas pruebas no se caen con el asunto de la bala que nadie dijo que se disparó pegada al cuerpo ni de la supuesta granada que no se ha demostrado que lo sea.

Otárola quiere que le creamos que Chavín de Huántar no estaba contaminada por el SIN, cuando ellos fueron los que acopiaron la información y decidieron el plan de ataque. O tal vez el que está contaminándose es él, al no poder resolver los encargos que le han dado. Y por eso nos ha puesto a discutir los hechos de hace quince años, cuando está perdiendo la guerra de Kepashiato en estos momentos.

05.05.12
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