El ministro que viola la ley

Es una especie de especialista en decirle al presidente lo que no puede hacer porque la Constituciòn, las leyes, los decretos, los tratados o, si quieren, el estatuto de la CONFIEP ya se le adelantaron. Y cualquiera diría que es un hombre apegado al derecho, al que viene de Fujimori y de los ministros de Economía de los últimos veinte años, pero en fin a alguna ley. Pero miren que de pronto nos enteramos que de acuerdo a la Sexagésima Novena Disposición Complementaria Final de la Ley 29812, Ley General de Presupuesto, el ministro Castilla se obligó luego de un tira y afloja con varios congresistas, a constituir una Comisión, junto al ministro de Justicia, para resolver en un plazo de 180 días (seis meses) un procedimiento de pago para empezar a pagar las deudas del Estado generadas por sentencias judiciales.

Es decir el MEF se había “olvidado” que hay miles de personas que ya le ganaron al Estado en todas las instancias del Poder Judicial o en la Corte Interamericana, y que deberían haber recibido las remuneraciones, pensiones u otros beneficios que se les adeudan, indemnizaciones, reparaciones y otras, a las que el gobierno no se les puede negar, pero que se niega bajo el mecanismo de no presupuestar. Por eso un tema de esta importancia está, en la parte “ómnibus” de la ley de presupuesto, donde van las cosas de las que nos estábamos “olvidando”. Y la fórmula era seis meses para organizar la información que ya debería tener organizada el MEF, al que pertenece Castilla desde hace varios años, mucho antes que llegara Humala a Palacio, y proponer un proyecto de ley para desarrollar los pagos “de acuerdo a una priorización social y sectorial”.

Aunque parezca increíble a Castilla lo enorgullece ahorrar más 12 mil millones de soles en superávit fiscal y no le incomoda incumplir con las viudas de policías y militares que tuvieron que ir hasta los tribunales para que les paguen lo que ya deberían haberles pagado, o a personas mayores que esperan un dinero para tratarse enfermedades o a trabajadores que luchan dos décadas por sus derechos. Bueno, así es el ministro, que quiere ser maestro del presidente. Pero es peor. Porque abusando de la confianza del mandatario, el 10 de abril, cumplidos 90 días del plazo legal, le hace firmar la Resolución Suprema 100-2012, para constituir recién la Comisión que ya debía estar funcionando desde inicios de año.

Y en el artículo 5, inciso 5.1., le da un plazo máximo de cinco días para instalarse, y en el 5.2., le otorga otros 180 días contados desde la instalación para emitir el informe que ya debería estar hecho, para de ahí encargarse del proyecto de ley. Pues bien, ya va a terminar mayo y la Comisión no está instalada, lo que incumple la RS 100, pero muy pronto entramos a junio y lo que habrá violado es la disposición 69 de la ley de Presupuesto, con la estafa en camino de que si se conforma ahora la Comisión tendrá seis meses adicionales para pronunciarse con lo que habrá acabado el año presupuestal. Ese es el ministro de Economía que tenemos, el que controla siete ministerios y se vanagloria de su influencia sobre la pareja presidencial. Ahora que los exministros Carranza y Fernández están denunciados por no cumplir la ley, haría bien en recordar Castilla que se puede ser poderoso por un tiempo y tener que responder luego por faltar a la ley.

23.05.12
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