El fujimorismo propone el empleo sin derechos

De la misma manera como al final de la década de 1990 promovimos normas de flexibilización laboral para los trabajadores agrícolas, que hoy han sido incorporadas en las normas legales, implementaremos normas de excepción que abaraten el costo de contratar con el fin de elevar la oferta de empleo y el monto de las remuneraciones ofrecidas (Fuerza 2011, Plan de Gobierno, Pilar 4, Eje 14, Política No. 1: Flexibilizar el empleo; pag. 44)

Entre los muchísimos motivos de perdón por los delitos y faltas de su padre que va a encontrar Keiko Fujimori, ahora que las encuestas le obligaron a admitir que lo que hace poco llamó “el mejor gobierno de nuestra historia” era también un régimen de ladrones y asesinos, estará sin duda alguna las disculpas que le debe a los trabajadores peruanos a los que incluyeron en el paquete de medidas de guerra posteriores al 5 de abril. Así el 26 de junio de 1992 se dictó el Decreto Ley 25593 que deroga todas las normas existentes sobre libertad sindical, negociación colectiva y huelga, que arrasó con el movimiento sindical y numerosas conquistas laborales; al que le seguiría el DL 25967 que impone topes a las pensiones y permite al gobierno utilizar esos fondos para otros fines que impulsó las actuales pensiones de hambre de la Ley 19990 y el DL 20693 que condujo al despido masivo de empleados del Estado mediante el procedimiento de “evaluaciones periódicas”.

¿Existe alguna voluntad de reconocer que se abusó en extremo de los trabajadores que eran víctimas y no responsables, de la hiperinflación y la violencia política, que fue el pretexto del golpe de Estado? Si se estudia el plan de gobierno que Keiko Fujimori dice que mantiene sin variaciones, se confirmará que no existe una sola letra que rectifique el brutal tratamiento de los derechos laborales y la liquidación de cualquier principio de trabajo decente en el Perú. O alguien ha olvidado que gracias al gobierno de los 90, se estableció que en un mismo espacio de trabajo podían coexistir personas en planilla, en diversas modalidades de contrato (a plazo fijo, servicios temporales, prácticas juveniles y otros), tercerizados y de services, haciendo las mismas labores, pero con diferentes salarios, beneficios y distintos empleadores ante los cuales responder. Eso que ahora le llaman precariedad laboral y que permite que la gente no pueda acumular tiempo de servicios, seguridad social y pensiones para el retiro, tiene un responsable. Y ese señor se cree inocente por lo que le hizo a nuestro país.

Leamos lo que dice el plan de gobierno, no de Alberto, sino de Keiko Fujimori: “Somos conscientes y respetuosos de los derechos de los trabajadores y en particular el de la estabilidad laboral” (pag. 44). Pero fueron ellos los que arrasaron con los derechos laborales, especialmente la estabilidad en el empleo, a la que estigmatizaron como si fuera el peor freno a la inversión. Pero sigamos: “somos igualmente conscientes de que una gran mayoría de peruanos, que se acerca al 70% de la PEA, no ve satisfecho su derecho a trabajar, porque no cuenta con un empleo de calidad, ni remuneraciones adecuadas ni tampoco sistemas de salud y pensiones” (pag. 44). ¿Cómo explican que el famoso modelo del crecimiento del que se consideran fundadores, a través de la Constitución de 1993, conduzca a que una “gran mayoría, que se acerca al 70% de la PEA” esté condenada al subempleo y la informalidad. ¿Quién creó este mecanismo de superexplotación de los trabajadores.

Leamos el ditirambo fujimorista: “(sin) la Constitución de 1993… no hubiera sido posible el surgimiento de la agroindustria exportadora, ni la inversión en proyectos mineros y energéticos…” (pag. 42) ¿Y cómo es que con todos estos éxitos económicos, estamos como estamos en el punto decisivo que es la oferta del empleo? Eso no se puede contestar sino de una sola manera: porque el gobierno que abrió la economía a las inversiones, al mismo tiempo desprotegió y privó de mecanismos de defensa al trabajador. Hubo una determinación deliberada de golpear al sector laboral y quitarle capacidad de negociación frente al capital.

Sigamos con el plan: “para esta inmensa mayoría de peruanos (trabajadores precarios) tomaremos medidas inmediatas destinadas a hacer que los costos que las empresas deben pagar al contratar trabajadores se reduzcan considerablemente” (pag. 44). Pero eso es lo que hicieron en todo el largo de la dictadura: tomar medidas que rebajen los costos de la empresas, a costa del trabajador, y es justamente por ello que se crearon multitud de situaciones discriminatorias e injustas, que los siguientes gobiernos no se atrevieron a cambiar para no pelearse con la inversión. Los que Keiko propone es insistir en los “contratos abaratados”, es decir que como muchos necesitan trabajo, se “flexibiliza” aún más el sistema y el trabajador es obligado a aceptar un salario más bajo, derechos recortados, inestabilidad permanente, etc.

El caso de la agroindustria

Pero lo que impresiona más en la propuesta fujimorista es el cuajo con el que nos ofrecen como pauta una modelo de contratación que ha sido rechazado y condenado reiteradamente por todo el movimiento laboral peruano y que se encuentra actualmente denunciado ante el sistema interamericano de los derechos humanos, como claramente discriminatorio y es el que se aplica a los trabajadores (principalmente mujeres) de la agroindustria y que es muy similar al que se usa para los textiles de exportación.

Dice el plan: “al final de la década de 1990 promovimos normas de flexibilización laboral para los trabajadores agrícolas, que hoy han sido incorporadas en las normas legales” (pag. 44), y pretenden que esto es algo así como una gran idea que ahora rondaría como una amenaza para otros sectores laborales: “implementaremos normas de excepción que abaraten el costo de contratar con el fin de elevar la oferta de empleo y el monto de las remuneraciones ofrecidas” (pag. 44). El sector agroindustrial y el textil de exportación, son núcleos productivos de punta, ligados a los mercados externos, con altos ingresos, que requieren grandes grupos de mano de obra ante el crecimiento de la demanda.

Justamente a ellos se les ha aplicado un “régimen especial” consistente en contratos temporales (por meses y a veces un solo mes), CTS disminuida (sólo se consigna medio año por año trabajado), vacaciones de 15 días, no pago de gratificaciones, y otras, no porque las empresas no puedan hacerse cargo de cubrir los beneficios completos, sino para favorecer la más rápida capitalización de las empresas a costa del trabajador. Y esto quieren ponerlo como ejemplo.

Los gobiernos de Toledo y García han mantenido este régimen infame, pero, hasta ahora, todos han dado pretextos: mantener el impulso exportador, ser competitivos, ampliar el plazo, y nadie se había atrevido a buscar el voto con este sistema laboral como bandera.



La ley Chlimper

El 30 de octubre del año 2000, en plena despedida del la dictadura fujimorista que se caía en pedazos bajo el peso de los escándalos de cada día y las renuncias de los que abandonaban el barco que se hundía, el Consejo de Ministros de la época todavía tuvo el tiempo y el cuajo para promulgar la ley 27360 “Ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario”, mediante al cual se creaba un sistema especial o “de excepción” para las empresas agroindustriales y exportadoras, que entre otros llevaba la firma del ministro de Agricultura José Chlimpler Ackeman, empresario agroindustrial, inspirador de la norma que le beneficiaba directamente y actual miembro del equipo de gobierno de Keiko Fujimori, el mismo que alguna vez anunció que sacaría su escopeta para enfrentar a balazos a los estibadores en huelga.

27.04.11
www.rwiener.blogspot.com