Hay muchos casos de corrupción pendientes

A la lista de fujimoristas prófugos que deben responder por cientos de millones de dólares, se suman además 78 altos personajes del régimen de los 90, que han sido ya condenados por la justicia, muchos de los cuales permanecen aún en prisión y otros se encuentran con carcelería suspendida o ya cumplieron su pena.

Debe ser un verdadero récord en el mundo que entre los condenados se encuentren un presidente, un superasesor, dos primeros ministros, cinco ministros de diversas carteras (economía, agricultura, defensa e interior), dos viceministros (uno de hacienda y otro del Interior); una Fiscal de la Nación, un presidente de la Corte Suprema, un presidente del Jurado de Elecciones, un vocal del Tribunal Constitucional, cinco vocales supremos, cinco fiscales supremos, un vocal superior, tres fiscales superiores; cuatro congresistas, un regidor; un gerente general del Canal 7; 15 generales del ejército, 2 almirantes, un general FAP, tres generales PNP y un coronel; 7 miembros del SIN, entre ellos cuatro asistentes de Montesinos, dos miembros de la DINTE y uno del SIE, y 13 miembros del grupo Colina.

Los nombres más conocidos de esta lista del oprobio son los de Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza, Víctor Joy Way, Federico Salas, Carlos Boloña, Absalón Vásquez, Alfredo Jalilié, Edgar Solís, Blanca Nélida Colán, Alejandro Rodríguez Medrano, Alipio Montes de Oca, José Villanueva Ruesta, Antonio Ibárcena, Elesbán Bello, Fernando Dianderas, entre otros. Evidentemente, como dice Keiko, el país debe a su padre varios crecimientos, entre ellos el de la corrupción y el crimen.

Los que no pagan la cuenta

Lo que es notable en la lista de procesados del régimen más corrupto de nuestra historia son sus ausencias:

(a) Ninguno de los participantes en la COPRI (Comisión de Privatización) y las diversas CE$PRIS (Comisiones Especiales de Privatización).
(b) Ninguno de los miembros de Bancos de Inversión y consultoras que asesoraron y avalaron las operaciones de venta de bienes públicos y concesiones.
(c) Ninguno de los funcionarios que la banca colocó en el Estado como dobles agentes que facilitaron la redacción de las normas que los favorecían y que condujeron procesos fraudulentos como el de la recompra de la deuda y la conversión de papeles de la deuda en recursos para la privatización.
(d) Ninguno de los representantes de las empresas que se beneficiaron de procesos irregulares de privatización, como es el caso de Aeroperú, Siderperú, las eléctricas y otras.
(e) Ninguno de los titulares de las constructoras que se hicieron las favoritas del régimen y que escalaron rápidamente en el ranking nacional, entre ellas JJ Camet del ministro de Economía.
(f) Ninguno de los empresarios que fueron a pedir favores judiciales y tributarios del asesor Montesinos al SIN y lo consiguieron.
(g) Ninguno de los traficantes de armas y sus socios locales, que vendieron armamento inservible después de la guerra del Cenepa.

Obviamente si todos estos hubieran sido realmente investigados y procesados como correspondía, el Perú podría haber marcado un hito en la limpieza moral, como nunca antes en su historia y como lo han hecho pocos países. Pero el sistema anticorrupción midió en doble vara los crímenes de la época oscura y varios abogados anticorrupción incluyeron luego a los investigables en su cartera de clientes.

El presidente Humala ha hecho bien en recordar lo grave que fueron los hechos de los 90, y en hacernos la precisión de que el país aún no ha cerrado sus cuentas con esa época.

09.04.12
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