YPF es una empresa que lleva la contradicción en el nombre. Fundada a inicios del siglo XX con la denominación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, fue la primera gigante petrolera estatal de Latinoamérica y una de las primeras en integrar verticalmente todo el proceso de producción-distribución en una sola unidad productiva.
ue vendida en 1999 por el gobierno peronista de derecha de Saúl Menem a la española Repsol, que rebautizó el negocio como Repsol-YPF, asegurándose la marca y el poder empresarial del gigante argentino.
Toda la operación económica representó un ingreso para el Estado de 20 mil millones de dólares, que no impidieron el desastre de la economía de ese país en los siguientes años cuando la caja fiscal quedó totalmente vacía y nadie podía explicar adónde se fue el dinero de las privatizaciones, especialmente de la petrolera.
En el Perú, también se privatizó la empresa del petróleo, Petroperú, que era la unidad económica más grande del país y que representaba una importante fuente de ingreso del Estado. Pero, a diferencia de Argentina, aquí el mandato del Banco Mundial y el FMI fue desmembrar la empresa, venderla por partes y desaparecer la marca Petroperú de la faz de la tierra.
El gobierno neoliberal-autoritario de Fujimori acató a pie juntillas y pulverizó lo que era un símbolo de la soberanía económica. Si Petroperú no terminó de rematarse fue porque hacia el final de la dictadura al “chino” se le iluminó un foco y detuvo la venta de la Refinería de Talara, junto con la de Sedapal y lo que quedaba de Electroperú.
Han pasado los años y lo que estamos viendo en los dos países es lo siguiente: Argentina, ahora dirigida por el peronismo de izquierda, ha renacionalizado YPF, preparando un proyecto de ley para expropiar el 51% de sus acciones, y ha asumido temporalmente el control de sus operaciones, iniciando un fuerte conflicto con el gobierno español que no ha dudado en actuar como directo representante de los inversionistas privados afectados. De acuerdo al gobierno de Cristina Fernández, Repsol no ha cumplido sus compromisos de inversión y ha hecho así caer la producción y las reservas, convirtiendo al país en importador de hidrocarburos.
En el Perú el proceso está siguiendo una ruta mucho más lenta y contradictoria. El anuncio de la construcción del gasoducto del sur y de la petroquímica de Ilo, ha venido acompañado de una precisión en el sentido de que Petroperú será socio de ambos proyectos, lo que significaría su primera iniciativa productiva después de veinte años. Esta noticia ha revuelto el gallinero de la derecha, que ha empezado a mover argumentos legales, políticos y económicos para detener el regreso de la petrolera estatal. A su vez, se ha dicho que al vencerse los lotes de explotación en la selva y Talara, Petroperú entrará como socio en cada uno de ellos. Pero eso ocurrirá en tres o cuatro años, con una producción actualmente descendente.
En el camino en que estamos, sin embargo, podría entrarse en una negociación adelantada de los nuevos contratos y construir la asociación que se busca de manera inmediata, de forma de asegurar que los pozos no sean sobreexplotados y abandonados sin nuevas inversiones.
Esto sería mucho menos que lo que pasa en Argentina , pero sería algo. Además los actuales operadores deberían saber que les conviene más negociar ahora que precipitar un conflicto.
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