El discurso del 5 de abril

“…sentimos que algo nos impide continuar avanzando por la senda de la reconstrucción nacional y el progreso. Y el pueblo del Perú sabe la causa de este entrampamiento, sabe que no es otro que la descomposición de la institucionalidad vigente. El caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales de algunas instituciones fundamentales, como el Poder Legislativo y el Poder Judicial, traban la acción de gobierno orientada al logro de los objetivos de la reconstrucción y el desarrollo nacionales...
“La actual formalidad democrática es engañosa, falsa; sus instituciones sirven a menudo los intereses de todos los grupos privilegiados...
“¿Cuál es la institución o mecanismo que permitiría realizar todos los cambios profundos que a su vez hagan posible el despegue del Perú? Sin lugar a dudas ni el Parlamento, ni el Poder Judicial son hoy por hoy agentes de cambio, sino más bien freno a la transformación y el progreso...
“Como Presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar aligerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas.
1. Disolver temporalmente el Congreso de la República, hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional.
2. Reorganizar totalmente el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales, y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia.
3. Reestructurar la Contraloría General de la República con el objeto de lograr una fiscalización adecuada y oportuna de la administración pública, que conduzca a sanciones drásticas a los responsables de la malversación de los recursos del Estado.
“…próximamente se nombrará una comisión, que será integrada por connotados juristas, para que elabore un proyecto de reforma constitucional con el fin ya expresado de adecuar nuestra Carta Magna a los fines del desarrollo, la modernización y la pacificación del país. En su oportunidad se convocará a un plebiscito nacional para la aprobación de esta reforma.
“Como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, he dispuesto que éstas tomen inmediatamente las acciones pertinentes a fin de garantizar las medidas anunciadas y cautelar el orden y la seguridad ciudadanas. Buenas noches.”
(Mensaje a la Nación del Presidente Alberto Fujimori, 05.04.92)

Cuando a los peruanos de más de 40 años se nos pide evocar el golpe militar del 5 de abril de 1992, lo que hacemos casi de inmediato es volver sobre la frase que es caso un emblema del fujimorismo: “…disolver, repito disolver, temporalmente el Congreso de la República…”. Pero, como se aprecia en las citas que aparecen más arriba, las definiciones que se manejaron en esa época fueron mucho más amplias que la simple idea de sacar del paso a la representación parlamentaria supuestamente obstruccionista de los esfuerzos de “reconstrucción nacional”.

La tesis madre del golpe fue, como se lee muy claramente: la descomposición institucional, el caos y la corrupción, la falta de identificación con los grandes intereses nacionales del Poder Legislativo y el Poder Judicial. Se entiende, en consecuencia, que Fujimori concentraba el poder en sus manos con la ayuda de los tanques para forjar instituciones sanas y menos caóticas y corruptas, y para identificarlas con los intereses de la nación. La primera pregunta es si algo de esto se ha producido y la gente confía ahora más en su representación y en el sistema de justicia. Y es evidente que no.

Si había críticas al Congreso anterior al golpe que eran reflejo de las diferencias entre diversos sectores políticos, hoy lo que tenemos es un Parlamento desorientado que no tiene claro para qué existe: el Ejecutivo lo ha invadido mediante el mecanismo de concesión de facultades legislativas, los decretos de urgencia, los reglamentos que van más allá de la ley, etc.; los actos de fiscalización más allá de su sonoridad no son judicializados porque el Ministerio Público y el Poder Judicial no los toman en cuenta; el debate parlamentario ha sido minimizado por el odio a los discursos; y la calidad de la representación es cada vez más pobre. Todo esto viene del 5 de abril que alteró el concepto de equilibrio de poderes reemplazándolo por el de “no obstruccionismo”, que le anuló toda identidad.

No es distinta la situación del Poder Judicial que ni de lejos ha superado la imagen de corrupción que lo persigue y que tiene fundamento en muchísimos hechos reales. Fujimori y Montesinos botaron una gran cantidad de jueces, algunos corruptos y otros no, pero sometieron a los jueces y fiscales a sus objetivos, que ellos definieron como los “grandes intereses de la nación”, pero que en muy corto tiempo se evidenciaron que también incluían los de la perpetuación en el poder, el encubrimiento de la corrupción y los crímenes de Estado, la subordinación al gran capital, etc. Así que la reorganización unilateral que Fujimori impone a entidades como el Poder Judicial, el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales (hoy Tribunal Constitucional) y el Ministerio Público, no ha creado una institucionalidad más honesta y confiable como se ofreció.

Pero, sigamos: “La actual formalidad democrática es engañosa, falsa; sus instituciones sirven a menudo los intereses de todos los grupos privilegiados...” ¿Cuán real e independiente de los grupos privilegiados es la institucionalidad que empieza a reconstruir en abril de 1992?, digámoslo de otra forma: ¿por qué todos los grupos privilegiados son los más acérrimos defensores de la Constitución de 1993 y el sistema institucional de Fujimori, al punto de haber apoyado dos reelecciones en los 90, haberse subido al carro de Toledo el 2001 y sostenido a su propio cuco, Alan García, en el 2006, cuando sintieron alguna amenaza para ese orden, lo mismo que hicieron con Keiko para el 2011 y tratan de hacer con Ollanta desde el poder.

Y sobre cuál es la institución que puede hacer los cambios, una vez descartados el Congreso, el sistema de Justicia y los organismos de control (se promete una Contraloría fiscalizado y se instauró el reino de Caso Lay, el contralor que hizo posible el manejo corrupto de los fondos del SIN por Montesinos, sin someterlos a fiscalización), es obvio que la respuesta buscada era el Poder Ejecutivo, que en buena cuenta quería decir simplemente el presidente de la república (prescindiendo aún de sus vicepresidentes), erigido en el intérprete de la reconstrucción nacional y cuyo destino manifiesto estaba siendo trabado por las ideas diferentes de los demás.

Claro que la banda presidencial no basta para cerrar el Congreso y mandar a su casa a la Corte Suprema, al Tribunal Constitucional, al Contralor, al Fiscal de la Nación y los fiscales supremos, al Consejo de la Magistratura y a cientos de otros funcionarios, controlar los medios de comunicación y evitar cualquier reacción popular. Por eso es que en su parte final, Fujimori apela a su condición de Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que según parece entender sería separada de la de Jefe de Estado, lo que le permitiría utilizar el monopolio de la fuerza para someter al país y el resto del Estado.

La historia de que el 5 de abril fue “necesario” porque de otra forma no se hubiera salvado la crisis económica ni vencido al terrorismo, está pues plagada de mentiras. En primer lugar, por lo que aquí sale claro que era la intención de dominio de las instituciones para cambiarlas, que no ha hecho sino empeorarlas; pero que ha consolidado la alianza del Estado con los privilegiados y ha fortalecido la naturaleza corrupta y cómplice de las relaciones entre las instancias del poder. Eso fue lo que se construyó en 1992, y que hasta ahora no podemos desmontar por la falta de una mayoría suficientemente clara de este propósito y por la falta de coraje de diversos gobiernos.

En segundo lugar, porque los principales ajuste anticrisis ya se habían producido entre agosto del 90 (fujishock) y enero del 91, la ley de privatización ya estaba aprobada dentro del paquete de decretos legislativos y otras medidas económicas neoliberales estaban en camino. Por tanto no fue un golpe económico, salvo en el sentido de que a partir de ese momento el gobierno pudo pactar con las manos libres con la inversión que empezó a llegar al país, produciéndose los actos de corrupción más vergonzosos de la historia del Perú, al punto de que hasta hoy nos estamos preguntando dónde se fue el dinero de las privatizaciones.

Otra cosa que sí ocurrió fue que en el paquete de los 700 decretos leyes dictados cuando no había Congreso en el Perú, se incluyó el despido masivo de trabajadores del Estado, el congelamiento de las pensiones que destruyó la capacidad adquisitiva de los jubilados de la 19990, la vulneración de las libertades sindicales, la flexibilización del contrato laboral. Es decir el golpe fue directo contra los derechos de los trabajadores, a un grado que causó alborozo en los círculos empresariales y que se ha convertido en una especie de trinchera del capital que obstaculiza cerradamente todo intento de reequilibrar la balanza de las relaciones al interior de las empresas.

Finalmente se dice que el golpe fue “necesario” porque después de él se terminó el terrorismo y la violencia política en el país. Pero si algo cambió el curso de la guerra interna eso fue las capturas de Guzmán y Polay que dañaron irreversiblemente a Sendero y el MRTA, y no hay forma de probar que esto no hubiera podido hacerse bajo un régimen democrático. Lo que sí trajo el golpe fue el superpoder del SIN (uno de los motivos claves del golpe, ya que el Congreso había rechazado la entonces llamada “ley Montesinos”), la cobertura al Grupo Colina, los juicios sin rostro que condenaron a muchos inocentes, etc.

No hay por donde uno pueda correlacionar el discurso del 5 de abril, con sus efectos posteriores. Veinte años después, los problemas del Perú siguen siendo los de sus instituciones. No tendremos hiperinflación o terrorismo, pero seguimos teniendo un Estado corrupto y seguimos hablando de lo que podrá hacer el pobre presidente si el Congreso no le da las leyes que quiere, o si tiene demasiados corruptos en su seno o si hay una crisis económica que exige medidas especiales. Como se ha visto en una encuesta de estos días, la pregunta que se lanza a la gente no es si se debe en esos casos respetar la ley y exigir a las instituciones cumplir con sus responsabilidades; sino si se puede volver a repetir el 5 de abril, disolver el Congreso y servirse de los militares para tener un país donde (algunos) puedan sentirse más felices.

08.04.12
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