Autogolpe del 5 de abril no ha concluido

El argumento clave que utiliza la hija del ex dictador para aparecer como paladín de democracia habiendo sido parte de un régimen golpista, es que la situación que existía antes del 5 de abril de 1992, era excepcional y requería medidas excepcionales, y que eso ya no se repite en la situación actual, o sea que no hay nada que temer.

En su plan de gobierno, además, sus asesores han consignado a la Constitución de 1993como una especie de nueva acta de nacimiento del Perú con la que nuestros país recién se encuentra con su destino: “al diseñar el modelo de la Constitución de 1993 y las reformas estructurales y programas sociales tuvimos visión de largo plazo que en lo esencial se ha continuado haciendo posible que pasemos de ser un país con un PBI de 45 mil millones de dólares en el año 1990 a uno de 150 millones en la actualidad”.

Asimismo en una muy reciente entrevista el ex vicepresidente y ex canciller de la dictadura, Francisco Tudela, ha agregado un comentario definitorio: “La Constitución del ‘93 es en el fondo el programa de gobierno del fujimorismo, es el eje de la política fujimorista, ahí está la doctrina. Obviamente, cualquier medida inconstitucional implicaría la destrucción de esa Constitución, de tal manera que sería un atentado contra ella misma, un absurdo. Por eso la garantía del orden constitucional está con Keiko, no con Humala”

Ciertamente, todos se cuidan de hacer la relación entre el golpe de Estado y la Constitución que actualmente nos rige, aunque es obvio que una no existiría sin el otro. La “excepcionalidad” de los hechos del 5 de abril, generaron a un país contra los partidos y la política, que debían ser vencidos tantas veces como fuera necesario para imponer el modelo y el programa que traía el fujimorismo.

Es así que el golpe desalojó a congresistas, jueces, fiscales y a cuanta autoridad podría haber representado algún grado de autonomía respecto al régimen que estaba naciendo, incluidos los vicepresidentes de Fujimori (uno de los cuales protagoniza por estos días un vergonzoso regreso al redil), y puso fuera a los partidos y la sociedad organizada, de lo que el Plan Fuerza 2011 llama benignamente “reformas estructurales”, que son los más de 700 “decretos leyes”, que el presidente y su Consejo de Ministros aprobaron en el período en que no había Congreso y que fueron las que facilitaron las privatizaciones, el despido de trabajadores públicos, la destrucción de los sindicatos, el congelamiento de las pensiones en niveles de hambre, las leyes contra los derechos humanos, etc.

Todo esto nos llegó de arriba abajo sin debate nacional, porque los que lo aplicaban creían que era “lo que necesitaba el Perú”, y para los que podían no estar de acuerdo les apuntaban desde los tanques. Pero aún después de la transacción con la OEA y la convocatoria al llamado Congreso Constituyente Democrático CCD, que sería encargado de votar la nueva Constitución, la escisión del país generada por el golpe militar se mantuvo íntegramente. Como se recuerda los partidos de oposición se dividieron entre los que aplicaron en boicot a la participación en el CCD y los que tomaron parte y votaron contra el documento que Yoshiyama, Torres y Torres Lara, Martha Chávez y otros fraguaron con su propia mayoría, sin escuchar a los demás.

La Constitución de 1993 fue todo lo contrario a lo que se podía denominar un consenso para desarrollar una sociedad que se integra entre sus partes y establece un juego democrático. Escrita y votada por un solo sector (muy difícil usar la palabra partido), fue luego sometida a un referéndum, se suponía que para que el país decidiera finalmente sobre su aprobación, lo que produjo un resultado que se discute hasta la fecha: valiéndose del control militar territorial, el fujimorismo distorsionó el voto de numerosas localidades con actas de votación 100% a su favor en pueblos donde la fuerzas armadas controlaban el proceso y no había información mínima sobre lo que se estaba decidiendo. Pero aún así, el saldo fue 50-50, a favor y en contra, un balance que viene persiguiendo al fujimorismo en todos los momentos claves: elecciones del 2000 (segunda reelección) y segunda vuelta del 2011.

Ningún partido, salvo el grupo en el poder, avaló el golpe y la Constitución de 1993, que como se ha visto siguen siendo los estandartes del partido naranja. Hace muy pocos meses que el mismo Yoshiyama, golpista del 92, constituyente del 93 y jefe de plan de gobierno y candidato a vicepresidente de Keiko Fujimori, escribió el Plan que repite hasta el cansancio las supuestas virtudes del “modelo constitucional” y es apenas hace unos día que Tudela (otro que busca reincorporarse) afirmó que el documento de 1993 era “la doctrina”. ¿Cómo explicar entonces que hayan partidos que se escandalizan sobre la idea de abrirle al país la posibilidad de una nueva Constitución y un consenso más amplio y actual sobre el cual encaminar al Perú en los siguientes años?

Toledo y García, prometieron antes de ser gobierno el cambio de la Constitución o el restablecimiento de la carta mucho más democrática, del año 1979. Pero luego retrocedieron hasta el punto de convertirse en tributarios del modelo y la doctrina engendrados en una de las circunstancias de mayor anormalidad de la historia nacional. La razón de tantos virajes y traiciones se encuentra en un asunto clave: la clase empresarial nacional y todo el stock de inversión extranjera de los últimos veinte años ha hecho también de los marcos fijados por las reformas golpistas del 92 y la Constitución de 1993, su modelo y su doctrina, es decir el blindaje que los protege del propio Estado que requiere cobrar más impuestos y regular sus actividades, de la sociedad que aspira a redistribuir mejor la renta de sus recursos, de los trabajadores y la comunidades que reclaman por sus derechos.

La clase política de los 2000, se cometió en otras palabras al “consenso” de la década anterior entre la dictadura y la gran empresa, y en los hechos mantuvo el sistema de fondo creado por el golpe de Estado. La pregunta clave es sin embargo es saber: ¿cuánta excepcionalidad había el 5 de abril y cuán protegidos estamos para que los golpistas de hace 19 años no vuelvan a hacernos amanecer entre soldados ocupando las calles, si por ventura volvieran al poder?, en otras palabras ¿cuán propio de Fujimori y su pandilla era el modelo nacido del autogolpe?

El plan verde

En octubre de 1989, es decir cuando nadie podía haber apostado por un futuro con Alberto Fujimori como presidente del Perú, un “equipo de trabajo” formado por el Ejército para proponer un proyecto de salida de la grave crisis en la que estaba sumido el país al final del primer gobierno de Alan García, presentó su informe final a su comando. En la introducción a ese trabajo se lee: “ha resultado penoso reconocer y aceptar la gravedad de los males que nos aquejan, hubiéramos querido arribar a conclusiones diferentes sobre las soluciones a los problemas estratégicos del Estado, sin embargo, la evidencia es de tal magnitud que hace imposible soslayar la realidad”.

Era el comienzo de un documento diseñado para un golpe de Estado, que podría ejecutarse bajo el caótico gobierno de Alan García que estaba llegando a su fin o en una eventual situación en la que su reemplazo representara una orientación que a su juicio fuera a agravar los problemas existentes. En otras palabras se estaban erigiendo en árbitros una vez más de lo bueno y lo malo para el país. Es así que decidieron postergar toda acción para esperar la victoria del FREDEMO de Vargas Llosa y apreciar cómo funcionaba, sobre todo cuando la izquierda electoral se descartó sola con su división de finales del 89 y dejó de encarnar uno de los peligros advertidos en el plan golpista. La situación cambia cuando aparece el “fenómeno Fujimori”, es decir el ascenso inesperado de un candidato sin antecedentes políticos que se llevó a las elecciones a la velocidad de un tsunami.

Como recoge la desaparecida revista “Oiga” en julio de 1993 , la evaluación militar del escenario creado por el giro en las elecciones había puesto los pelos de punta a los conspiradores: “el golpe electoral del 8 de abril de1990 ha quedado consolidado con los resultados del 10 de junio…”, “el modelo de representación política vigente en el país se ha mostrado incapaz de proyectar al Perú… no existirá la posibilidad de acceder al período de atracción sostenida de capitales, mientras el país no sea pacificado y se termine con la suerte de lotería pol{ítica que impide el planeamiento de largo plazo… No podemos esperar nada seguro de Cambio 90 y la patria no está para más experimentos económicos”.

Es decir, con su propio Plan de Gobierno, que luego se le conocería como el Plan Verde, los militares miraban con profunda desconfianza al chinito del “no shock”, a su equipo de gobierno medio izquierdista y a sus votantes anti derecha. De ahí venía el siguiente texto: “Si no tomamos una decisión rápida y preventiva, correremos el riesgo (de) que cuando tomemos el gobierno solo nos quedara pasar 'de los Reductos a Julcamarca' y jugarnos el destino en una tempestad" Obsérvese la inevitabilidad de la “toma del gobierno” y la discusión sobre el tema de los tiempos y el riesgo de quedar en una situación desventajosa (los reductos de Julcamarca, en alusión a las guerrillas de Cáceres.

Todo eso conduce a un complot con fecha fija, el 27 de julio de 1990 era el día D para tomar el poder, siempre y cuando no funcionara la “negociación y acuerdo con Fujimori. Bases de negociación: democracia dirigida y economía de mercado… De no arribarse a un acuerdo con Fujimori nos moveremos en el escenario N° 2… haciendo conocer que el presidente electo no acepta la política de pacificación, moralización y solución de la crisis económica planteadas por las FF.AA. y reconoce no estar preparado para la conducción del país… lo ha dejado y entregado a las FF.AA”.

En otra parte de este informe analizaremos y compararemos las ideas del Plan verde con las del 5 de abril y la Constitución de 1993, para aclarar el tipo de modelo y doctrina ante el que estamos. Lo que queremos enfatizar aquí es que a Fujimori le pusieron una pistola en la cabeza y que esta fue la verdadera circunstancia excepcional bajo la que nació y se desarrolló su gobierno. El presidente canjeó su equipo, sus promesas, sus alianzas políticas y hasta la relación con su esposa, por la seguridad de no ser derrocado, la adhesión súbita a la “economía de mercado”, la cabeza de los comandantes generales, el poder de Montesinos y una “democracia dirigida” que se rediseñaría con el golpe de Estado.

Nada ocurrió por casualidad o porque no había alternativas, sino porque Fujimori, con la orientación de su asesor, se sumó a la conspiración antidemocrática que buscaba imponernos un “modelo” y una “doctrina” de largo plazo, para atraer inversiones, alterar el sistema de representación para proyectar al Perú (mano dura), eliminar focos perniciosos (desde la subversión hasta los sindicatos, desde la izquierda hasta la partidocracia), en una lógica militar de estabilización y pacificación.

Tras el 5 de abril no hubo un Congreso rebelado contra el Ejecutivo que enfrentaba una situación difícil, sino una representación sumida y conciliadora, con algunos chispazos de autonomía; no hubo un poder judicial que obstaculizara al gobierno en supuestos planes de moralización que no existían; no hubo Senderismo a punto de tomar el poder o caos social que pusiera al país al borde del colapso. Nada que ver. Lo que ocurrió fue un frío cálculo para utilizar el hartazgo de los peruanos frente a la crisis y la violencia, el poder militar y la complicidad empresarial para darle vuelta al país y hacerlos atractivo a las inversiones extranjeras.

Este modelo y doctrina tiene una esencia corrupta en el sentido que transfiere el grueso del excedente nacional a un puñado de grupos económicos que inexorablemente tienen que retribuir lo que reciben. Pero no sólo eso, tiene una entraña antidemocrática equivalente al pensamiento de los autores del Plan Verde. Es esa que cree que la población no puede elegir, sino que debe hacerlo dentro de los parámetros previamente fijados.

“La patria no está para más experimentos económicos”, como decían los militares en el 90, “la garantía del orden constitucional está con Keiko, no con Humala”, como afirma Tudela en el 2011. Pero la “patria” de la que hablan no es la de todos, sino la “patria financiera” de unos pocos y la “patria asistencial” con la que se manipula al pueblo. Y el “orden constitucional” que garantiza Keiko no es ni siquiera el del respeto estricto al marco fijado por su padre (ellos mismo lo violaron con la re-reelección), sino el de los objetivos que están detrás, la “doctrina” como dice, el poder real que se encubre con el formal, y que se resiste al cambio para que no se descubra el juego.

08.05.11
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