El primer efecto de la propuestas ley sobre negacionismo será –si es que llega a ser aprobado- el de dar por zanjado el debate sobre la interpretación de los años de la violencia, cuando a todas luces el Perú continúa profundamente dividido en este punto. Querría decir que el “terrorismo”, ha sido definido de una sola manera, a pesar de que sobre la mesa estén aún conceptos como guerra y conflicto armado interno, que unos suscriben y otros niegan rotundamente; guerra política; terror gratuito; violencia demencial; etc. ¿Con cuál nos quedamos?, ¿cuáles de estas “minimizan” lo que sucedió, de acuerdo al tenor del proyecto de Jiménez Mayor, y cuál es la que tenemos que emplear para no salirnos de los marcos de la nueva legalidad?
¿Se imagina alguien a Rafael Rey de ministro de interior o de defensa (ya lo fue) y a la Chichi de secretaria de prensa de Palacio, teniendo entre sus opciones la ley del negacionismo?, ¿cómo será una discusión con el propio Jiménez sobre las ejecuciones extrajudiciales durante la operación Chavín de Huántar que el actual ministro se ha empeñado en escamotear?, ¿quién es el negacionista aquí: el que dice que hubo graves delitos contra los derechos humanos durante la represión (como los hay frente a los conflictos sociales), pero por decir eso “minimiza” la crueldad de los secuestradores frente al heroísmo de los rescatadores; o los que construyen una verdad oficial al servicio de los intereses del poder pero distante de lo que realmente sucedió?
Pero hay más sobre negacionismo. Y está en la pregunta sobre donde está el riesgo de nueva violencia en el Perú. Tal como parece entenderlo el gobierno y el jurisconsulto que hace las veces de primer ministro, el riesgo está en que los que salen de prisión después de largas y duras condenas se decidan a hacer política legal, o en que se reinserten en diversas opciones de trabajo desde donde pueden ser peligrosos, o finalmente que sigan pensando en que de alguna manera se “justifica” la rebelión de la que formaron parte. La idea de todas estas negaciones ha sido siempre la de mantener expulsados del sistema precisamente a quiénes lo atacaron desde fuera y de llenar de vituperios a los que aparentemente se muestran “blandos” en sobre-penalizar un tipo de delitos, como no se hace con otros, especialmente a los que ocurrieron en el mismo proceso bajo el amparo del Estado y que se presentan como distintos por el lado desde el cual se cometieron y no por la crueldad y absurdo que se invoca para la subversión armada.
Hace años que se inventan medidas para retirar beneficios carcelarios y dificultar la salida de prisioneros con carcelería cumplida, impedir inscripciones electorales de movimientos vinculados a las organizaciones terroristas, prohibir contrataciones de sentenciados y despedir a los que hacen declaraciones conciliadoras con la violencia, perseguir publicaciones, etc. Y lo más curioso es que casi todas se arman al paso para cubrir las vergüenzas por no haber previsto lo que podían hacer los que de todas maneras iban a salir de la prisión. Así llegamos al negacionismo, que seguramente nos dejará tranquilos porque nadie podrá hablar diferente sobre el pasado de la violencia.
Pero sobre el futuro, que tan bien se ha graficado en la masiva huelga de los maestros, y en las nuevas desigualdades y frustraciones alimentadas en estos años, ¿quién está pensando y elaborando las verdaderas respuestas?
30.08.12
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