Que en el Perú hay redes de información privada que saben más de la cuenta y venden su mercancía a empresas que pagan por ellas, es un hecho indudable. Ahora se ve además que hasta la policía busca sus servicios para que le hagan el chuponeo de personas e instituciones investigadas. Lo interesante es que esta “privatización de la inteligencia” viene del boom de los servicios de los 90, tan reclamada por algunos medios, que ahora se escandalizan de que estemos acechados por profesionales de la información clasificada, como una de las estrategias para vencer al terrorismo.
Luego que alguien se dio cuenta que se había creado un monstruo cuyo rostro era el de Montesinos, se trató de desmontar el supuesto “exceso” y el subproducto fue que especialistas estatales se hicieron privados. Es conocido que elementos retirados de la marina trabajan en compañías de seguridad e inteligencia que brindan servicios a las mineras. Pero por cierto no son los únicos. Y, obviamente, así como Yanacocha puede saber todos los pasos y conversaciones del padre Arana, otros han podido llegar hasta los audios del Rómulo León y Canaán y definir un precio en el mercado. ¿Cómo vamos a saber quiénes captaron al clan del faenón petrolero? Permítanme ser escéptico y declarar que creo que no los van a descubrir.
Además estoy casi seguro que los actuales participantes del debate sobre “los dos delitos”, saben que uno de ellos, es casi imposible de ser detectado; y lo que tratan es de minimizar al otro, sugiriendo que no debemos ser cómplices de chuponeadores dando crédito a informaciones de origen ilegal. Me he puesto a pensar todo esto alrededor del caso que me ha tocado vivir recientemente sobre la acusación de colaboración con el terrorismo internacional que se estaba trabajando en la DIVITI, y que se proponía llevar a la cárcel a 14 personas e implicar a Ollanta Humala. A la vista de los sellos de “secreto” que llevaban los documentos que llegaron a mis manos podría haber dicho que estaba ante una prueba obtenida de manera ilegal, o que si no le preguntaba a Simon o Hernani sobre estos, estaba faltando a la regla de “cruzar la información”.
Pero ahora una crónica del suplemento dominical de “La República” resume la “Operación Leuctra”, que es la que sacamos a la luz pública, y demuestra que el día que publicamos lo que teníamos en las manos era el que estaba previsto para la represión en masa. Y esto nos vuelve a la cuestión de fondo: ¿cuál es el papel del periodismo como control del poder y defensa del interés público? Sin duda no es el de recoger la opinión del ministro, o evitar que el gobierno se caiga. Yo creo que hicimos bien en denunciar un plan que permanecía en secreto y que ha revelado en qué cosas antidemocráticas anda el gobierno.
3.12.08
www.rwiener.blogspot.com
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