Ilegales en la PCM

En estos días hemos sido incorporados a un nuevo trabalenguas, según el cual los mineros que antes llamábamos artesanales y a veces declarábamos informales, son ahora “ilegales”, lo que repiten todos los medios de comunicación, perseguibles por un nuevo delito que se llama “minería ilegal”, de suerte que ayer en las oficinas de la PCM el gobierno ha estado negociando con una representación de este nuevo estamento delincuencial procedente de Madre de Dios para ver si pueden “formalizarse”.

Todas las clasificaciones de la minería peruana, para un país que quiere ser convencido que es minero antes que cualquier otra cosa, indican que existen cuatro categorías evidentes: gran minería, mediana, pequeña y artesanal (básicamente de conducción personal o familiar, sin maquinaria e inversiones). A esto, a su vez, se le añadía la noción de formalidad e informalidad, respecto a su nivel de regulación y cumplimiento de obligaciones.

Con el auge minero de los últimos 20 años, han crecido vertiginosamente la gran minería (abarca casi el 15% del territorio nacional) y se han multiplicado los artesanales que buscan como las hormigas sacar alguna ventaja del alza mundial de precios. Obviamente también se ha expandido la informalidad, de la misma manera como los grandes han logrado flexibilizar lo formal para pagar menos tributos. La multiplicación de la gran minería ha traído conflictos con las comunidades y los pueblos cercanos a sus actividades, por el poderoso impacto ambiental, social y económico de su presencia. De ahí que el número de conflictos por este motivo se haya incrementado cada año. Pero los voceros de la gran minería, que son bastantes, como que hay mucho dinero en la danza, insisten que el problema no es con las grandes empresas, que son modernas, tienen gerencias ambientales y hacen programas con las comunidades, sino con los informales que generan desorden y descontrol.

Eso viene de hace tiempo y se rubrica con la expresión: ustedes critican la gran minería que invierte en medio ambiente, y no dicen nada de la artesanal e informal que destruye y no repara nada. El truco es sin embargo que no hay posibilidad de comparar una minería con la otra. La dimensión de la grande es tal que una sola de ellas altera todas las variables de una región, mientras el impacto de una masa de pequeños puede ser muy duro pero en una escala local. El tema es que ni una ni otra son delitos. Los grandes van en busca de altísimas rentabilidades a nivel mundial y los chicos de poder sobrevivir con sus familias, y todos dañan, porque está en la naturaleza de la minería alterar gravemente el entorno.

Lo que es una trampa es tener en pleno curso un conflicto de gran minería por resolver, y crear mediante dispositivos legales otro en el resto del país con la pequeña producción. Porque eso de ilegalizar y poner severas penas para después empezar a conversar es el mundo al revés. Y si de delitos conexos se trata, por ejemplo lavado de dinero, maquinaria prohibida, trata de mujeres, esclavismo, etc., deberían ser perseguidos como tales que bien especificados están en los códigos. Y no se diga que los ilegales mueven cientos de millones, refiriéndose a los barones de Madre de Dios, para después disparar contra pobre gente que sólo quiere trabajar.

20.03.12
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