Alan Simón y su tía viceministra arreglan asuntos de pesca para SNP

LA PRIMERA ha encontrado serios indicios que ligan a la familia presidencial con la denuncia del ministro Villasante, la viceministra de Pesquería y la Sociedad Nacional de Pesquería, contra los jueces que han autorizado nuevos permisos de pesca a través de medidas cautelares, lo que indica que en la pesca también es posible que la plata esté llegando sola. Aquí los detalles.

El viernes 17 de diciembre, el despacho de la viceministra de Pesquería, María Isabel Talledo de García, recibió un visitante inusual. Se trataba de Alan Simón García Nores hijo de ya saben quién, acompañado por Oswaldo Hundskopf Exebio, un abogado que ya es como de la casa. La sorpresa no acabaría ahí, porque lo que ocurrió de inmediato fue que el joven de la barba se acercó a la doctora Talledo, con un cálido: “hola tía” y un beso en la mejilla como en las mejores películas de la mafia. Obviamente la presencia de Hundskopf advertía que este no era un encuentro de familia por las próximas navidades.

De hecho, el hermano de Federico Dantón, estaba allí para apuntalar la gestión que a nombre de la Sociedad Nacional de Pesquería y del estudio Sparrow, Hundskopf & Villanueva, viene haciendo el Dr. Hundskopf Exebio en su doble condición de director de la Sociedad Nacional de Pesquería y gerente y socio principal de uno de los bufetes más vinculados al tema de derecho pesquero y finanzas. Por añadidura el doctor de marras ha sido funcionario de Pesquería en gobiernos anteriores contribuyendo a forjar la actual red de relaciones entre los grandes pesqueros y las instancias del Estado que deberían regularlos y controlarlos.

Pero, ¿cuál era el tema para la ocasión y cuánta la necesidad de recurrir al vástago presidencial para las nuevas gestiones? A pesar de que no estuvimos ahí, la información que se dispone permite suponer que la cuestión más acuciante del momento es la de la cautelares pesqueras que son las resoluciones judiciales que han reactivado algunas licencias de pesca que estaban dormidas los últimos años y que no entraron al reparto de las cuotas. Cierta prensa, que normalmente no se ocupa de temas pesqueros, ha hecho de este asunto un pequeño escándalo, argumentando que lo que está en juego es la “depredación del mar” y la “corrupción de la justicia”.

Curioso razonamiento, que ignora que desde 1992 se advirtió una tendencia a la merma sostenida de la masa de anchoveta y se prohibió la construcción de nuevas embarcaciones de pesca industrial y plantas harineras, cuando habían 400 barcos en funciones. Desde esa fecha para acá existen más de 1,300 permisos otorgados, muchos de ellos a través de cautelares y en su enorme mayoría a favor de las hermanas de la SNP. El llamado “reordenamiento del mar”, que impone la ley de cuotas, significa en realidad la concentración final de la actividad extractiva y harinera en siete empresas que están comprando sus cuotas a los demás. Y, justamente ahora, hay intonsos, que escriben que 65 permisos conseguidos por cautelares son la “causa” de la depredación.

Nadie niega, por cierto, que en la actuación actual y anterior de diversos jueces haya elementos de corrupción, lo que debería ser materia de investigación específica. Pero lo que no se puede negar es que hayan derechos discutibles ante la justicia, ante los listados arbitrarios de cuotas del PRODUCE, y que encima de todos las autoridades y sus ayayeros de prensa afirmen que el funcionario corrupto es el que acata la resolución del Juez, como le ocurrió al director de extracción pesquera y a algunos de sus técnicos.

Es el mundo al revés. Ya que los que se está protegiendo en este tema de las cautelares, no es el mar, víctima de la sobrepesca harinera (todo para la industria, incluida la caballa y el jurel, y nada para la alimentación), la invasión de las 5 millas del litoral (afectando la pesca artesanal y el ciclo de desarrollo de la anchoveta), la pesca negra (volúmenes no registrados o falsamente presentados como pesca alimentario cuando va a los molinos); sino el bolsillo de los actuales compradores de derechos ajenos. Lo que no quiere la SNP y parece que estaban explicando Hundskopf y Alan Simón, es que salgan más permisos que en el actual mercado de cuotas les van a obligar a desembolsar varios millones de dólares adicionales. Y este pedestre interés de millonarios es presentado como defensa del recurso y de la moral pública.

Hay sobre la mesa del despacho del presidente una nueva norma que viene propuesta por el ministro Villasante, cuyo papel en Pesquería se ha limitado hasta ahora al de vocero del interés de la SNP por invalidar las decisiones de los jueces, que plantea que las futuras resoluciones que validen permisos adicionales, consignen además un fondo de garantía para que el caso de que si en el final del proceso se establece que el derecho es revocado, el recurrente devuelva al Estado el valor de la pesca realizada. Este proyecto tiene además una escala de montos según el volumen de bodega autorizado. Juristas consultados estiman que esta tentativa agrava el problema, porque coloca la discusión sobre un derecho reclamado en un plano relacionado con la capacidad económica del demandante. Es decir sólo los del billetón podrán seguir este tipo de camino de la justicia y los que carecen de dinero, pero tienen una expectativa de ganancia, quedarán excluidos.

Claramente la pesca peruana se está concentrando y monopolizando con el Estado como socio de las grandes empresas. Lo que no sabíamos era que el presidente y su hijo que ya ha sido visto en otros sectores de negocios haciendo diversos lobbies, también circulaban por la pesca. Tal vez esto explique el triste rol del ministro, haciendo denuncias sobre lo que a todas luces no conoce y enfrentando al poder judicial como un principiante. Es lo que ocurre cuando una persona mediocre le debe el puesto a alguien, que es también lo que puede decirse de periodistas que también llegan solos cuando los requiere el interés presidencial.



El negocio de las cuotas

Para tener una idea de la plata que está en juego en el asunto de la venta de cuotas pesqueras, presentaremos un caso.

A pesar que el grupo TASA (Brescia) niega estar comprando derechos a sus competidores, acaba de cerrase una operación para traspasar embarcaciones de Hayduck, por mil toneladas métricas de bodega, a un precio récord de 53 mil dólares la tonelada.

Esto significa 53 millones de dólares. El grupo Exalmar fue el primero en hacer una oferta, pero TASA la duplicó y se quedó con los derechos aumentando una vez más su cuota.

En el acuerdo firmado para la transacción figura que esta no será de conocimiento público. Mientras tanto la SNP manda a sus abogados a frenar las cautelares que pueden costarles más dinero.


28.12.10
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