¿Cómo es eso que alguien al que hace poco nos lo mostraban tumbado en una cama, mostrando una lengua con ulceraciones que no le permitía comer ni hablar, y trasladado de un lado a otro en camillas, está ahora pidiendo ejercer el “derecho” de hablarle al país, a través de una estación de radio, sobre el “indulto humanitario” que sus hijos solicitaron al gobierno, y que luego se ha vuelto la causa central de su partido y por lo que se ve del propio Fujimori que no está dispuesto a cumplir con los términos de su condena?
Súbitamente el hombre postrado que exigía compasión para sus dolencias, ha pasado a creer, igual que lo hemos pensado muchos otros, que el asunto aquí es puramente político, o sea que depende de una argumentación que va más allá de lo que puedan decir los médicos y abogados. Por eso, de pronto, hemos girado hacia el debate de la libertad de expresión para los encarcelados. Y tenemos ahora un montón de políticos reclamando por oír a Fujimori por las ondas de RPP, en nombre de un principio constitucional, aparentemente irrebatible, que el INPE intentaría desconocer.
Pero el asunto es si están hablando de un derecho o de un tratamiento de excepción como todos los otros que ha venido gozando el exdictador, con algún grado de complicidad de los distintos gobiernos que han debido encargarse de su custodia. Claro que sería muy interesante oír las opiniones de quién gritó inocencia y luego se allanó en los juicios sobre corrupción para ocultar su responsabilidad. Pero igual lo que tenga que decir Montesinos sobre el indulto, o Guzmán sobre su amnistía, o Ponce Feijoó sobre BTR y Alan García, etc.
RPP podría instaurar la hora del preso y con ello ampliaríamos la democracia. Pero parece que los del INPE no han visto el lado comercial de la propuesta y las opciones que podrían abrirse con la fórmula reos que fundamentan sus reclamos ante la prensa. Sorprendentemente hemos escuchado a constitucionalistas decir que esto es lo que está en las normas y que no habría nada de qué sorprenderse. Y la pregunta que cae sola es entonces porqué antes no se hizo, o por qué a Elena Iparraguirre la sancionaron por declaraciones a una revista extranjera cuando lo único que hizo es recurrir a un dispositivo constitucional para decir lo que piensa.
Sospecho, por supuesto, que lo que están queriendo vendernos es sin embargo un “derecho” restringido a Fujimori, como decenas de otras concesiones se le han hecho al personaje que habita la DINOES, y que la intención es reavivar el debate del indulto que se estaba cayendo, dentro de una lógica en la cual su destino personal va a ser finalmente la plataforma de encuentro de un gran frente de las derechas y alguna prensa, apuntando al poder del 2016.
La fecha del 2012 es clave, porque no es la del comienzo del gobierno Humala, pero tampoco la previa a las elecciones. Por eso es que sin agravamiento y sin ninguna otra razón que nos obligue a centrarnos en el tema durante casi tres meses, hemos sido forzados a aceptar que este es el debate fundamental. Y, ahora, a escuchar “la hora del chino”, para todo el Perú.
13.11.12
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