Citado de grado o fuerza

Una jueza que probablemente no haya estado al tanto de mis problemas de salud de los últimos cuatro meses (a pesar de haber enviado los certificados médicos), consigna en su última citación que no he asistido a la diligencia de confrontación con la demandante y que en consecuencia seré conducido de grado o fuerza a la siguiente citación. Pero resulta que a la señora Catherine Pacheco Quesada, que me demanda al lado de Milagros Montes Morote, apoderadas de la empresa de aeropuertos Lima Airport Partners (LAP), no la conozco, ni me he referido jamás a ella en mis escritos, como tampoco a Montes Morote, aunque ambas se consideren difamadas por las referencias que pueda haber hecho a la entidad para la que trabajan y que paga el proceso ante la Justicia, y al jefe de seguridad de la misma que en el primer semestre de 2009 fue considerado en una instrucción judicial por delito de narcotráfico.

La demanda que el propio jefe de seguridad me hizo también por creerse “difamado” al dar cuenta de sus aventuras judiciales, ya fue resuelta en instancia definitiva por la Segunda Sala Penal con Reos Libres de Lima, estableciéndose que no hubo difamación en el acto de dar a conocer un caso de claro interés público y que el hecho de que posteriormente las investigaciones no avanzaran y el señor Kirch quedara fuera de la acusación y volviera a trabajar con LAP, no significaba que la información previa a este desenlace no fuera pertinente. Lo curioso es que estando resuelto de que al levantar la denuncia sobre narcotráfico en el aeropuerto Jorge Chávez, cumplimos con nuestro deber periodístico de informar, todavía en este momento subsista una secuela del mismo juicio que además me exige “confrontar” con alguien con la que no tengo nada que ver ni conversar.

Nunca escribí que los trabajadores de LAP fueran narcotraficantes o delincuentes, como para que las señoras apoderadas se apoderen de la representación laboral y se declaren ofendidas por el asunto Kirch. Obviamente se trata de una innovación del derecho, parecida al amparo del año 2005 con el que LAP quiso frenar la circulación de mi libro “LAP: un fraude en tres letras”, con el que se quiso subordinar el derecho a la investigación, opinión e información, al interés particular de la empresa de aparentar un buen nombre, que en correcto romance quiere decir que no se hable de ella. Antes quiso sacar un libro de circulación por vía judicial, ahora quiere que responda ante cada integrante de la empresa por qué pienso lo que pienso de estos doce años de administración privada de nuestro primer aeropuerto. Claro que el caso muestra que el problema no es tanto LAP o sus funcionarios, sino la estrategia de sus abogados. Son ellos los que han creado la maraña de procesos en mi contra (y de paso contra el director del diario César Lévano) y del periodista Herbert Mujica, en el loco afán de silenciarnos, mientras ellos ganan dinero.

Por supuesto que voy a ir a la cita judicial a la que antes no asistí por razones obvias. Después de todo este sigue siendo un país al revés, en el que los que permiten pases de droga salen libres y los periodistas son enjuiciados, los que realizan contratos irregulares e incumplen sus compromisos son saludados por el presidente y a los investigadores que muestran la verdad nos quieren requisar los libros.

16.11.12
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