Varios hechos apuntalan la relación Lima-Buenos Aires de finales de los 70, entre ellos el secuestro, tortura, desaparición y muerte de montoneros detectados en el Perú y llevados de regreso a su país en una cadena de colaboración de militares peruanos, bolivianos y argentinos. Hace dos años la justicia italiana demandó a Morales Bermúez por la muerte de la señora Molfino, detenida en Lima y que apareció muerta en Madrid unas semanas después, pero Alan García se interpuso en el proceso de extradición afirmando que Morales era un demócrata de edad avanzada que no debía ser molestado. Con lo que además quedó desecho el argumento del acusado de que él se somete a la justicia, cuando lo que busca es que los presidentes de turno lo saquen de sus problemas.
El juez federal argentino Norberto Oyarbide que investiga las ramificaciones del llamado Plan Cóndor (articulación de las dictaduras del cono sur de Suramérica, bajo el paraguas de los Estados Unidos, para combatir internacionalmente a sus opositores), tenía que llegar por supuesto al punto del secuestro de los peruanos para finalmente a establecer el modus operandi de la dictadura de su país. Aquí los rojos resentidos pueden hacer casi nada. Como tampoco es un problema de la CIDH, que una senderista violada por la policía y torturada vaya en queja a los organismos de derechos humanos por los hechos bárbaros que ocurrieron durante la guerra interna.
En realidad los periódicos de la DBA podrán escribir lo que quieran para justificar la violencia del Estado aún en tiempos de “paz” como era 1978, o de conflicto interno, pero el mundo ya no está para tragarse las justificaciones militaristas. Y así como Pinochet pasó la humillación de ser detenido en Londres, Morales Bermúdez está viviendo ya dos requisitorias por crímenes inolvidables. Y eso que nadie está recordando los muertos del estado de emergencia 1976-1977 y de los paros nacionales.
05.02.12
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