Red de corrupción de altos funcionarios estatales

En el diálogo entre el asesor Alejandro Ríos y la empresaria pesquera y pastora evangélica, Adriana Pérez Genaud, que estaba acompañada por el ex viceministro Gerardo Castro, la mujer del dice al funcionario del Produce:

- Tú también vas a tener tu parte

Es el momento previo a la intervención del fiscal y la policía para detener a los sobornadores, que iba a encontrar a Adriana Pérez depositando 10 mil dólares sobre la mesa para asegurar la gestión de ampliación de licencias de captura para tres embarcaciones dentro de la llamada ley de cuotas.

La frase que está grabada confirma lo evidente: que Ríos estaba actuando como un aparente intermediario de otras personas con poder para influir en la decisión final, que son los que recibirían el dinero, del que también había una parte para él. Esto es lógico, porque el asesor no tenía poder de decisión alguno, como si lo tienen el ministro, la viceministra de Pesquería o el director de extracción y procesamiento pesquero.

La misma versión proporcionada por Alejandro Ríos indica que la gestión ante su persona se había iniciado quince días antes y que les propuso a los interesados asistir el 1 de febrero con el dinero. Eso quería decir que Castro y Pérez confiaban en que tenían un buen contacto y que tomaban como lo más normal, que para un caso que tiene visos de estar ajustado a ley (adecuar los permisos al DL 1084), tuvieran de todos modos que intervenir padrinos políticos y correr dinero para conseguir las resoluciones definitivas.

Y para que haya alguien que lleva 25 mil dólares en la cartera y desembolsa 10 mil, a pura palabra, sin que la resolución esté a la vista, debe haber muchas otras operaciones previas realizadas exitosamente. Las fuentes consultadas consideran que esto es algo que se ha venido repitiendo desde hace tiempo, pero recién existe la evidencia.

Lobby feroz

El caso del ex viceministro es emblemático por lo que representa usar ese antecedente como argumento de autoridad para tratar con las empresas e intermediar ante las autoridades en funciones. Es lo mismo que hacía Rómulo León, y que fue captado en los petroaudios, y el también ex ministro Remigio Morales Bermúdez, garbado en el potoaudio de Lourdes Flores, ofreciendo contactos de empresas brasileñas y españolas con la “futura alcaldesa”.

Todo indica que esta es ocupación natural de los ex ministros y ex viceministros de los dos gobiernos de Alan García. Ninguno vuelve a antiguos trabajos y estrecheces económicas, y muchos de ellos prefieren hacer las famosas “gestiones de intereses” (lobby). Pero además son lobistas con algún padrino detrás. Alan Simón García Nores, por ejemplo, se mueve en PRODUCE sin necesidad de decir a nombre de quién viene. Y Gerardo Castro, llegó a cuenta del “tío George”, lo que tal vez fue su perdición.

Este es el APRA del 2011, ¿qué les parece?

07.02.11
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El honesto Villasante

A falta de una política pesquera real que apunte a fortalecer la alimentación de los peruanos y la protección de los recursos marinos, el ministro Jorge Villasante ha querido pegarla de moralizador, con la peculiaridad que sus denuncias siempre caen en la cabeza de empresarios de poca monta, mientras se siguen haciendo negociados a gran escala. Pero admitamos que ha hecho un destape con sonoridad mediática en el caso del viceministro de su propio gobierno, vinculado a Pastor y Del Castillo que cayó con la coima puesta sobre la mesa.

Pero ocurre que en Cusco, un asesor legal de la RENIEC regional, de nombre Ulises Morán Bravo, pariente de Jorge Villasante, también fue cogido con las manos en la plata en junio del año pasado, cuando cobraba coimas por arreglar problemas de DNI a diversos ciudadanos. Este fue un caso muy sonoro regionalmente en el que intervino la defensoría del pueblo y el ministerio público, que acompañaron a uno de los afectados a entregar 1,500 soles a Morán que los recibió y guardó en su bolsillo, solo instantes antes de ser intervenido por la policía anticorrupción.

Morán fue enviado al penal de Quencoro, después de que el juez le clavó 5 meses de prisión preventiva, pero salió a las pocas semanas porque alguien actuó como su padrino en el poder judicial. Y todo indica que ese alguien, era su pariente y abogado, Jorge Villasante, por entonces fuera de todo cargo ministerial, pero con el mismo poder lobista de Gerardo Castro, el que logró una increíble resolución por la cual se invalida el proceso por haber intervenido un fiscal superior durante la detención y no uno de nivel provincial. O sea que es culpable, lo que obliga a la acción de oficio de cualquier fiscal que esté ante el hecho y de cualquier policía, pero un retorcimiento judicial, avalado por un poderoso pariente, ha borrado el delito.

Este caso que es muy conocido en la ciudad imperial, pone en duda al gran moralizador felicitado por Alan García.