Después de la condena

Al dictarse la sentencia de la sala del juez San Martín contra Alberto Fujimori, condenándolo, sin atenuantes, a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, el Perú se enfrentó a una paradoja: de un lado se hablaba del carácter ejemplar e histórico del fallo que era pionero en el mundo y que serviría para enviar un mensaje definitivo a los responsables de crímenes de Estado; y por el otro, las encuestas de opinión elevaban las preferencias de una candidata cuyo único mérito en la vida, intelectual, social y política, era la de ser hija del ex dictador, y el gobierno del país reforzaba su alianza con el fujimorismo, cuya fracción parlamentaria ha compartido su tiempo entre las visitas y acompañamiento a su líder preso, con su intervención en las votaciones críticas en el Congreso salvando al régimen de Alan García en las cada vez más numerosas situaciones comprometidas en que se ha ido metiendo.

Durante el 2009, además, el abogado Nakasaki recomendó a Fujimori aceptar todos los cargos sobre corrupción que se le hicieron para evitar un debate sobre los hechos, asumiendo que los años de prisión que iban a imponérsele no se sumaban a los 25 que ya le habían caído anteriormente. Y como para que el país no se diera cuenta sus partidarios levantaron la especie de que este reconocimiento se debía a que ya no había confianza en la justicia peruana y lo que habían hecho es ahorrarse molestias. Por supuesto que en el baldón de corrupto que Fujimori se colgó el mismo en el pecho, no había ni siquiera la fórmula entre líneas de que las matanzas de La Cantuta, Barrios Altos y otras, habían sido “necesarias” para la lucha contra el terrorismo y que siempre ha ocurrido eso en todas las guerras internas. La corrupción no tenía más pretextos que decir que todos los gobiernos lo han sido, o volver a aquello de que Montesinos hizo cosas que el distraído de Alberto Kenya no se daba cuenta, aunque fuese el directo beneficiado de sus maniobras. El hecho es que consagrado de corrupto, el APRA gobernante no se arredró de seguir apareciendo en la foto con sus cómplices.

Como si el mundo de lo judiciable y de los político no tuvieran relación, el gobierno actual reforzó su concepto de que entre los partidos de la democracia y el sistema se encuentra el fujimorismo, cuyo patriarca e inspirador está condenado por asesinatos, secuestros, robos, extorsiones y otras finuras por el estilo. Más aún, nadie en el poder parece haberse conmovido lo suficiente por la sentencia definitiva en el caso de violación de derechos humanos, donde acaba toda posibilidad de revisar el balance de la década de los 90. Si Alberto Fujimori, al margen de la discusión sobre un posible indulto (que promete su hija de llegar a la presidencia y Alan García no ha descartado personalmente…), ha quedado de cualquier modo para la historia como la expresión de un poder terrorista, disfrazado de antiterrorista, y profundamente corrupto, con delitos que fueron mucho más abundantes que los que llegaron finalmente a juicio, ¿qué significado tiene para la cultura política del país que el partido que encarna esa etapa oscura de nuestro pasado se encuentre virtualmente cogobernando y que tenga alguna chance de regresar al poder?, ¿a quién hay que culpar por este desencuentro trágico?

En el Perú existe el delito de apología, que se aplica, de un lado, como una restricción de prensa para que los medios no justifiquen el llamado delito de terrorismo y a sus ejecutores, y en sentido más amplio para que nadie pretenda hacer política propugnando la abolición o adulteración del orden democrático. La pregunta es ¿cómo se califica la pretensión de Keiko Fujimori, seguida de Carlos Raffo, Souza, Cuculiza, Moyano y otros de conformar el 2011 un gobierno que restituya el régimen que prevaleció en el país hasta el año 2000? Cuando el fujimorismo afirma que el principal problema del Perú es el rebrote del terrorismo y que ellos aplicarán la política que llevó adelante Alberto Fujimori, ¿cómo queda el principio de que nada justifica el terror de Estado y las ejecuciones sumarias a cargo de operadores estatales como eran el Grupo Colina y el Comando Rodrigo Franco? Si alguien tiene alguna duda puede buscar los archivos del diario más abiertamente fujimorista que tiene varios editoriales pidiendo condecoraciones para Martin Rivas y que últimamente afirmó que las investigaciones sobre “escuadrones de la muerte” en Trujillo, desmoralizaban a la policía.

Obviamente se trata de personas que no han cambiado y que se afirman en lo que hicieron, por ejemplo en el golpe de Estado de 1992 que les permitió controlar las instituciones y desfigurar el juego democrático, o la corrupción generalizada que compró votos de parlamentarios, medios de comunicación, refugio para el ex dictador y que ahora les provee los fondos para la campaña. Pero lo que debería preocupar no es eso, sino que haya gente dispuesta a decir que a pesar de todo ello Fujimori hizo obras, estabilizó la economía y acabó con el terrorismo, sin llegar a hacer la relación entre sus actuales descontentos con las carencias nacionales, la profundización de las desigualdades, el dominio del país por pequeños grupos adinerados y empresas trasnacionales, la debilidad de las instituciones y la desconfianza hacia la democracia, y la subsistencia de diversas formas de violencia crónica, con la herencia de los diez años fujimoristas. Es evidente que Alan García parte de este colchón social para aproximarse al partido del prontuario. Después de todo es el presidente al que más fácilmente se le podría procesar por crímenes equivalentes (en algunos casos peores) que los de su aliado no declarado.

Y que uno haya sido sentenciado y el otro reelecto en la presidencia, no parece ser un gran distingo moral para ambos.

10.01.10
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