La Policía busca impunidad

Empecemos por los “ya nadie habla de…”

En efecto, ya nadie habla de los equipos de chuponeo colocados en la casa de López Meneses, que era desde dónde supuestamente se interceptaba a Rospigliosi, que para ser más enfático dijo el día del escándalo que él “ya lo había advertido”, todo esto desde las siguiente premisas: (a) si la vigilancia es grande, debe ser porque adentro hay algo proporcional; (b) si López Meneses  es “operador montesinista” y el chuponeo es una práctica montesinista, debe haber chuponeo desde la casa.

Pero ya nadie habla de esto. Quizás sea porque el registro de la vivienda no ha dado ningún indicio; o porque muchos ya se han puesto a pensar que no tiene sentido instalar una guarida secreta en la casa de un montesinista conocido y ponerle una guardia excepciona como para que todos se enteren que allí se escondía algo grande.  

Aún si el gobierno estuviese chuponenando a sus opositores porque les teme por alguna razón que no es fácil de establecer, y tiene sus motivos para precaverse frente a la DINANDRO o la Marina, donde hay gente que sabe de estas cosas, pero que no está suficientemente controlada, difícilmente haría algo tan tonto como asociar la persona con el local y a este último con un batallón policial en su zona externa. Pero también se ha dejado a un lado, junto con lo del chuponeo, la hipótesis, mucho más audaz, que Montesinos era trasladado a escondidas para tener encuentros secretos con gente del régimen, por ejemplo Villafuerte, y poder darles orientaciones para la conducción política.

Este supuesto implicaría un compromiso institucional de la Marina con la conformación de lo que vendría a ser un segundo gobierno montesinista, lo cuál no sólo es difícil de creer sino de sostener. Apenas los hombres de mar emitieron un comunicado conminatorio sobre el  tema, se acabaron las especulaciones en esta dirección. Sin embargo, otras líneas de investigación siguen abiertas: (a) que López Meneses hiciera lobby para empresas mineras en coordinación con elementos  del Estado, y que para eso le dieron una protección discreta que se volvió aparatosa cuando un sector con poder en la Policía descubrió que podía hacer daño con la denuncia; (b) que López Meneses asesorara a miembros del gobierno sobre asuntos que son de su manejo, por ejemplo, con quiénes tratar en el fujimorismo y el APRA, y que ahora nadie sea capaz de reconocer que lo hacía.

Tal vez nunca se sepa el secreto de la casa de Surco, pero lo que es indiscutible es que Humala ha salido de esta crisis con sospechas de vínculos con operadores clandestinos, a la manera de los gobiernos anteriores, de la misma forma que quedó manchado de narcotráfico cuando aparentemente el mismo sector de la Policía que ahora lo ha echado a los leones de la política, denunció a la excongresista Nancy Obregón de dirigir una banda en el Huallaga, lo que ha abierto una investigación fiscal que incluye establecer si hubo financiamiento de la droga para la campaña del actual presidente.

O sea, en el balance de la “crisis del operador montesinista”, se aprecia a un Ollanta Humala aún más debilitado y carente de rumbo; un premier que no ha podido sacar provecho de la situación para afirmar un liderazgo y ofrecer una nueva etapa de gobierno; a una oposición aprofujimorista cada vez más exaltada y dispuesta a usar cualquier proyectil a la mano para lanzarlo al gobierno; y unos medios de comunicación que apuntan sistemáticamente a crear climas de inseguridad que hagan a la gente imaginar soluciones autoritarias; total si todos son corruptos, por qué no un corrupto con mano dura que ponga orden.

Lo que sí se sabe

La crisis que todavía está en desarrollo, ha dejado en claro que no sólo hay corrupción sino descomposición policial. Con singular desvergüenza, el APRA, el fujimorismo, y sus medios afines, han dicho que la declaración de Humala sobre las prácticas corruptas, son una agresión a la institución y todos sus miembros, y que expresiones como esas sólo pueden hacerse si se tiene los nombres de los culpables. Pero todos saben que la Policía está infestada de corrupción. El exviceministro del Interior, Basombrío, ha calculado en 30% el sector irrecuperable de esa institución. No sé si será muy preciso, pero da una idea de lo grave que es el problema.

No hablar de la corrupción en la Policía es cómo no querer discutir sobre las violaciones de derechos humanos de las fuerzas Armadas en la guerra interna. Es decirle a los uniformados que lo que atenta contra su futuro es que se haga público lo que todos saben que pasa. La idea es el cierra filas, que se ha estado insinuando en estos días, y que se cargó de rumores sobre renuncias en masa de jefes policiales, que ha dado lugar a que Humala retroceda una vez más, dejando entrever que finalmente no habrá una razzia radical como había asegurado el exministro Pedraza.

En fin, lo que se ha confirmado en estos días es que existen diversos centros de poder en la Policía que responden a distintos “amos”. Se podría mencionar los que están ligados a funcionarios del actual gobierno, y brindan información directa a sus contactos y llevan mensajes del poder; los que responden al APRA; lo que lo hacen a la DEA y a la Embajada de Estados Unidos; los que están asociados a camarillas nacionales y regionales que brindan servicios especiales a particulares. Este es el primer dolor de cabeza, que destruye la unidad de mando.

También se ve que hay jefes policiales que actúan en pared con sus contactos en la prensa y que son capaces de “investigar” por encargo, para armar un caso que luego rebota en un medio, aunque sea marginal, pero de ahí salta a la gran prensa; o que pueden hacer la ruta inversa de entregar datos claves al periodista para que lance el “destape” y se arme la que está buscando. ¿Cómo independizar a la prensa (y algunos supuestos periodistas de investigación) de la Policía y evitar la manipulación mediática. Esto es algo de lo que no quiere hablar, pero que está presente en esta crisis.

Finalmente, estamos ante una privatización penosa de la Policía, que hace depender al suboficial de su uniforme para venderse como procurador de servicios a diversas empresas. Esto no sólo afecta su moral como funcionario del Estado para la persecución del delito, sino que termina por hacerlo dependiente de otros jefes y de reglas diferentes a las de su institución. Esta Policía no va a devolver tranquilidad a la población afectada por una inseguridad creciente. Y el gobierno tiene muy pocas ideas y fortaleza para esta tarea.

Que descubramos a tantos policías especializados cuidando la casa de un maleante, a corta distancia del domicilio del presidente, es más que una ironía.

02.12.13

Publicado en

Hildebrandt en sus trece