“La Contraloría no está facultada para investigar al exasesor
presidencial por tratarse de una persona particular y mientras que no se
compruebe que los cuantiosos ingresos económicos que perciben provienen del
Estado”
Víctor Caso Lay 18-19
de diciembre de 1999
Los diarios de Lima repitieron dos días las declaraciones
del entonces Contralor General de la República, Víctor Caso Lay, en respuesta a
la denuncia del periódico Liberación,
que había mostrado los documentos sobre las cuentas personales de Vladimiro
Montesinos en el Banco Wiese. Mientras Blanca Nélida Colán, Martha Chávez y
muchos otros decían que seguramente los cientos de miles de dólares que el
asesor tenía registrados como propios se debían a asesorías bien pagadas, que
vendía al exterior; el hombre que estaba mandatado por ley a seguir las cuentas
del Servicio de Inteligencia que manejaba Vladimiro y a opinar sobre pagos
irregulares a funcionarios del Estado, se excusaba públicamente de no
investigar al personaje que estaba en el centro de la noticia por ser “un particular”,
al que debía probársele que sus ingresos provenían del Estado.
Para 1999 ya se había discutido hasta el cansancio el tema
de la condición laboral de Montesinos y después de haberlo cubierto por mucho
tiempo con la ambigüedad, finalmente el gobierno hizo públicas dos
resoluciones: una de 1992, que lo designaba como Asesor II, en condición Ad
Honorem (dependiente de la presidencia), y otra en el cargo de confianza de
Asesor II-F5, en la alta dirección del SIN del año 1996, ambas firmadas por
Fujimori. O sea que, mal que bien, el Doc., no era un particular ni había nada
que tuviera que probarse al respecto.
Fuera de los vergonzoso que puede ser que el jefe de control
del Estado reconozca no saber el estatus administrativo de quién hablaba a
nombre del poder y de los sistemas de Inteligencia, mucho más grave era que en
el período en que Víctor Enrique Caso Lay estuvo en la Contraloría, entre el 27
de junio de 1993 y el 28 de junio del 2000
(siete años), no se realizase ni una sola acción de control sobre los enormes
recursos que el Ejecutivo transfirió al Servicio de Inteligencia Nacional SIN,
bajo el rubro de “Régimen de Ejecución Especial”, y que la propia Contraloría
en el año 2001 calculó en 351 millones 72 mil 40 nuevos soles (Informe Especial
Nº 010-2001-CG y Resolución de Contraloría Nº 163 2001-CG), siendo que la
Contraloría es el único órgano del Estado con acceso a la revisión de
documentos, registros e información de todas las entidades del Estado,
incluidas las que funcionan bajo las condiciones de reservado o secreto, como
garantía ante la sociedad de su buen uso.
La ausencia de toda fiscalización le permitió a Montesinos
disponer libremente de los fondos señalados (más o menos 50 millones por año) y
probablemente más, y derivar de allí desembolsos como los que se hacían para
financiar las actividades del Grupo Colina y sus similares; la infiltración de
partidos y organizaciones sociales; las campañas electorales oficialistas
(casos Hurtado Miller y Raffo); la manipulación de medios de prensa (diarios
chicha, canales de televisión, radio y periódicos “independientes”); compra de
magistrados y congresistas; vida de lujo de Montesinos; gastos presidenciales
(educación de sus hijos en el exterior); entre otros.
En otras palabras, al no controlar los fondos del SIN, Caso
Lay era cómplice de todos estos hechos. Tal vez pensaba, en esos años, que el
fujimorismo iba a durar para siempre y que nunca tendría que pagar por sus
gravísimas omisiones. Eso se ve a las claras en la respuesta que le da al
oficio del congresista Javier Alva Orlandini de octubre de 1996, en el que se
le pide que remita información sobre la ejecución presupuestal del SIN
1990-1996, indicando que “la entidad encargada de evaluar la ejecución
presupuestal es la dirección general de Presupuesto Público”, obviando su
propia función como entidad de control presupuestal.
Si el Contralor se negaba a brindar información sobre los
ingresos y gastos del SIN, ¿a quién podrían solicitárselo? Es obvio, que aquí
tenemos el caso concreto de un operador político y administrativo de la dupla
del poder de los 90. Una historia como
para sonreír con los gestos de indignación de la bancada naranja cuando Daniel
Abugattás les recordó en público su condición de “montesinistas”, es decir
defensores del régimen que trasvasaba recursos del presupuesto formal hacia
fondos secretos supuestamente de las Fuerzas Armadas, que a su vez iban al SIN,
para su empleo por el asesor Montesinos. Ahí, Palacio, el MEF, el ministerio de
Defensa, el Comando Conjunto, la jefatura nominal del SIN, eran eslabones de la
cadena que unía por un inmenso fajo de
billetes al presidente y a su operador multipropósito. Decir que Keiko luchó
contra algo como esto es de una ridiculez apabullante.
La extradición
A Caso Lay lo detuvieron en el 2008 en El Salvador, pero
hasta hoy no está claro porqué no fue extraditado habiendo graves denuncias en
su contra. El procurador Arbizu ha señalado que el gobierno aprista no renovó
las tarjetas de los acusados de corrupción que se encontraban prófugos a lo
largo del mundo, lo que habría permitido que Caso Lay, Malca, Blacker y otros,
fueran puestos en libertad por la Interpol , tras ser intervenidos en varias
capitales del mundo, y continuar sus actividades económicas y personales como
si no se tratara de delincuentes internacionales.
La captura de Caso Lay debe poner muy nerviosos a los
fujimoristas. Más o menos como en la historia de Al Capone, las mafias recién
hacen conciencia de que pueden ser desenmascaradas cuando el contador que les
arreglaba las cuentas pasa a manos de la policía. A Caso Lay lo van a juzgar
por los fondos del SIN, las compras militares fraudulentas a las que prestó
visado, su asociación ilícita para dar forma a una red en el estado al más alto
nivel para desviar fondos públicos.
Pero en verdad sobre el tipo deberían caer muchas más
preguntas. Por ejemplo: ¿qué se hizo con el dinero de las privatizaciones: más
diez mil millones de dólares que se convirtieron en nada y que la Contraloría
tenía que fiscalizar?; ¿de qué manera se le pasaron al Contralor las comisiones
por venta de armas, que Hermoza reconoció abiertamente por un monto de 20
millones de dólares, sólo para su caso?; ¿por qué no hay ninguna acción de
control registrada sobre la “silla giratoria” (funcionarios de los bancos y
grandes empresas que ocuparon posiciones públicas que incidían en normas que
eran de interés para sus antiguos empleadores, y que regresaban a sus cargos
originales después de cumplidos los encargos)?; ¿cómo explica Caso Lay que su
inasistencia al Congreso para informar
sobre el caso Mantaro-Pachitea (barcos que se hundieron apenas entregados a la
Corporación de Vapores), lo que costó al país 74 millones de dólares?
Y todo eso sin olvidar sus extrañas conexiones con el
contador de la banda de narcotraficantes conocida como “los camellos”, que
nunca ha sido aclarada.
En realidad la Contraloría del fujimorismo, puede ser una
verdadera caja de sorpresas sobre cómo era la moña con los recursos públicos en
la época del dictador, hoy preso en la DIROES por violación de derechos humanos
y corrupción.
Publicado en
Hildebrandt en sus Trece
09.12.13
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