La democracia de García ordena disparar

Si por García fuera, el Perú habría superado los mayores estándares de democracia y participación popular, tanto que habría que preguntarse: ¿por qué tanta queja callejera, paros y tomas de carreteras, si uno puede hacerse escuchar de mil maneras y conseguir que lo atiendan sin necesidad de usar medidas de fuerza?, ¿será verdad?

Entre las muchas cosas que el presidente destacó en su discurso de fiestas patrias, como expresión de una democracia que no necesita de bloqueos, estaban: (a) la libertad de prensa que permite expresar opiniones diferentes, sólo que como ocurre con LA PRIMERA, cuando se expresan te exponen a que un ex primer ministro te amenace con enviar a la SUNAT y el gobierno y las grandes empresas te ignoren en su pauta publicitaria, a pesar del creciente tiraje; (b) la multiplicidad de medios provincianos, entre ellos un sinnúmero de radios y televisoras de provincias (que son cerradas sin asco, cada vez que hay un conflicto importante utilizando argucias legales); (c) la posibilidad de llamar por teléfono o enviar cartas a los medios, que el APRA emplea para crear cargamontones a favor del gobierno y en contra de la oposición y las dirigencias sindicales, a la manera del SIN de Montesinos; (d) los presupuestos participativos que los alcaldes no respetan; etc.

¿Es esta una democracia de participación popular? Vamos por partes. La herencia que el premierato Del Castillo le dejó al efímero de Yehude Simon, fue una larga lista de actas y compromisos incumplidos, que exasperaron a los ánimos por el sentimiento de la población de verse burlada. Es lo que pasó con Moquegua que protagonizó una fuerte lucha en el primer semestre del 2008 y una más fuerte en octubre, que terminó en una rendición de la Policía y en la aceptación final de las demandas sobre la distribución del canon. La pregunta es si los moqueguanos hubieran conseguido algo si se hubieran limitado a llevar sus quejas a los medios, hecho llamadas telefónicas o hablado con sus alcaldes. Lo mismo, pero más grave, es lo que ocurrió en la selva. En agosto una huelga de nativos tumbó dos decretos legislativos que atentaban contra sus organizaciones, y en junio, luego de un terrible enfrentamiento con numerosas muertes, cayeron otros dos decretos que afectaban sus derechos sobre las tierras. ¿Hubiera sido lo mismo si se atendían a los procedimientos de la democracia tipo Alan García?

Que el presidente no se haya referido a las actas finales firmadas entre su premier y las organizaciones indígenas y regionales, para establecer la tregua en las luchas de la Amazonía, Andahuaylas, Sicuani y otras, y en cambio hay vuelto con la cantaleta de que los policías tienen más armas y deben usarlas contra la “violencia”, vuelve a hacer planear la sombra del baguazo y de las decisiones presidenciales de atacar a los nativos que derivó en una masacre con bajas entre los atacantes y los atacados. Ni una sola vez García ha tenido la honestidad y el coraje de evaluar su propia responsabilidad en lo que sucedió, aunque algunos sigan insistiendo que la breve intervención que produjo el 17 de junio era una “autocrítica”, cuando dijo que no habían sabido explicar lo bueno que eran sus decretos, frente a los que convencieron a los amazónicos lo malas que eran estas normas.

La alusión a que en estos tiempos de globalización, no existe frente interno o externo, que pretende que una oposición a una inversión petrolera contaminante de la selva favorecería al país que vende petróleo en Latinoamérica, y una huelga en una mina de cobre a nuestros competidores en este producto (¿y si hubiera una huelga en los yacimientos de cobre en Chile habría que decir que la promueven intereses peruanos?), debería hacer recordar que el APRA fue perseguido muchos años como “partido internacional” y organizador de conspiraciones extranjeras. Pero algo más contundente debería ser dicho porque hemos llegado al momento del balance del año en que hubo más conflictos sociales, y el gobierno no ha podido probar documentadamente su teoría del complot, que lastima las relaciones con otros países y que ofende a los sectores movilizados a los que no se les reconoce su derecho a la protesta y su capacidad de plantear sus demandas y necesidades.

30.07.09
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