El caso Antauro

El habeas corpus de Antauro Humala ha tenido efectos inesperados: (a) ha hecho enfrentarse al Poder Judicial con el Tribunal Constitucional, y que el presidente de la Corte Suprema amague con la posibilidad de desconocer el fallo del organismo garante de la constitucionalidad; (b) ha hecho que el secretario general del APRA, Mauricio Mulder, amenace abiertamente a los magistrados del TC, para que no oficialicen lo que ya han votado, la libertad del líder etnocacerista, si no quieren que el Congreso reabra el debate para eliminar esta instancia del poder del Estado; (c) ha hecho que se inicie un debate sobre “quién se beneficia y quién se perjudica”, con la eventual libertad de Antauro, como si eso pudiera determinar las resoluciones judiciales y constitucionales.

Puede ser cierto que la defensa de Antauro Humala haya estado buscando lograr la libertad provisional de su cliente por exceso de carcelería y le haya dado cuerda para sus desplantes. Pero aún en esa circunstancia los responsables son los jueces que son los que dirigen el proceso. La garantía que está en juego aquí trasciende largamente al dirigente del Andahuaylazo. Porque si no nos gusta el acusado y tememos de lo que puede hacer afuera, no podemos inventar un pretexto para que se quede dentro, cuando lo que está en las manos de la Justicia es acabar el proceso a tiempo para que no se establezca una injusticia. No hay que olvidar que este asunto empezó cuando se cumplieron los primeros 18 meses desde el día de la detención y se declaró un proceso complejo que no podía resolverse en un año y medio, y se extendió el plazo sin sentencia a 36 meses.

Los jueces sabían que estaban jugando un tiempo suplementario, ¿Y qué hicieron? Mantuvieron imperturbables el ritmo moroso, que arrastra los pies, seguros que se veía la segunda prórroga, como efectivamente pasó, esta vez con una norma ad hoc y con nombre propio. Es decir que el tribunal encontró una manera de no decidir (que significaba resolver la situación de la mayoría de los implicados que no tuvo nada que ver con la muerte de los policías fuera de la comisaría tomada) y evitarse el cargamontón que ahora cae sobre el TC. Señalar que un reo puede pasar 72 meses (seis años) sin recibir sentencia, solamente porque tiene tal nombre o pertenece a tal organización política parece, lamentablemente, de lo más normal en el país. Pero el abuso contra uno es siempre un riesgo para el derecho de los demás. Cómo será de descabellado este asunto que mientras la teoría moderna del derecho habla de la necesaria celeridad de los procesos, de descongestionar las cárceles, a un grupo de más de 100 procesados se les confina estar permanentemente en la condición de no-sentenciados, porque los jueces no se atreven a dictaminar el caso.

21.07.09
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