Responsabilidades de tres gobiernos

La primera responsabilidad de Belaúnde en temas de derechos humanos, puede remitirse a la idea de que mandó a las Fuerzas Armadas, contra su opinión, a intervenir en una guerra a ciegas, a aniquilar en el menor tiempo posible a un enemigo que no tenían identificado, derivando en un altísimo costo social. La segunda tiene que ver con el encubrimiento de los abusos militares, porque consideraba que toda admisión de actos violatorios de derechos afectaba su objetivo.

La responsabilidad del primer García en este mismo campo es más compleja y se mueve desde la inconsecuencia para detener la guerra sucia en el campo que había criticado desde el Congreso y ofrecido cambiar en la campaña electoral (caso Accomarca), hasta la complicidad grosera y encubridora de masacres como las de Cayara; se refiere a la actuación del Comando Rodrigo Franco, como escuadrón de la muerte de la policía y el partido de gobierno; y específicamente a sus decisiones durante los hechos de los penales en 1986. García ha eludido a la justicia porque siempre contó con jueces y fiscales a su servicio y si la causa del Frontón no ha muerto es porque existen normas internacionales que impiden la prescripción de los delitos de lesa humanidad.

La responsabilidad de Fujimori, finalmente tiene sus propias especificidades: (a) creó una estructura de poder paralelo (que no podía haber existido sin su intervención directa), encabezada por Montesinos, con fuerza operativa y recursos económicos propios, con la deliberada intención de tener capacidad de actuar fuera de todos los controles y verificación de responsabilidades; (b) permitió (probablemente alentó) la existencia y operatividad de grupos de asesinato selectivo dirigidos a eliminar lo que identificaban como redes sociales de la subversión, colaboradores o personas que supuestamente les hacían el juego (el grupo Colina, fue sólo uno entre tantos otros, y fue descubierto circunstancialmente, ante todo por la notoriedad de algunas de sus acciones); (c) actuó en contra de la investigación legal de los asesinatos, permitiendo que las Fuerzas Armadas amenacen al Congreso y al Poder Judicial, forzó un falso juicio militar contra Colina, amnistió a todos los oficiales comprometidos en hechos de guerra sucia, etc.; (d) ordenó la matanza del penal Castro Castro y que no hubieran sobrevivientes del MRTA en la casa del embajador de Japón; (e) militarizó el Estado y estableció una legislación antiterrorista que viola los derechos humanos.

Cuando Fujimori dice que a través de esta estrategia “nos salvó”, da ganas de preguntarse y ahora quién nos salvará del Estado fujimorizado desde los 90, con el poder militarista y empresarial que resuelve por fuera de la democracia formal imperante, con espías y chuponeadores por todas partes, con Giampietri, Kuori y Rey alardeando de poder política, con Keiko en los medios y en las encuestas, con el país cada día más entregado al extranjero.

05.04.09
www.rwiener.blogspot.com