El peor error del dictador

Hacia finales de 1994, el entonces presidente del Perú, Alberto Fujimori, concedió una entrevista a un medio internacional en la que respondió la pregunta sobre cuál creía que había sido el principal error de su gobierno. El entrevistado, casi no dudó.

- El de La Cantuta.

Pero no dijo exactamente a que parte de esta fea historia se estaba refiriendo: (a) si a la decisión de enviar un mensaje a Sendero Luminoso, luego del atentado de Tarata, golpeando a lo que creían una de sus redes militantes de las universidades; (b) si al procedimiento que se utilizó para eliminar a los detenidos y hacer desaparecer sus restos, que finalmente fueron encontrados; (c) si a la política de “negar el hecho” que siguió el gobierno y el alto mando del Ejército, tratando de detener las investigaciones; (d) si a la serie de leyes dictadas para poner el caso en manos de los jueces militares e impedir una investigación con mínimas garantías de lo sucedido; (f) si a su digamos “tolerancia” hacia los congresistas y periodistas independientes que se interesaron en el caso y llegaron a destapar la verdad de este alevoso crimen.

Obviamente el Fujimori de 1994 estaba convencido que de una forma u otra, La Cantuta le había producido la mayor mella a su reputación de presidente exitoso, que controlaba hasta el último detalle de lo que sucedía en el país en esos años. Por supuesto nadie estaba en condiciones de anticipar que este “error”, junto con otros como Barrios Altos y los secuestros de ciudadanos después del autogolpe, se convertiría en la base de una contundente sentencia a 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos. Así La Cantuta ha pasado a constituirse en el peor error de su vida. Aunque podría decirse que si de “errores” se trata, lo que perdió a Fujimori fue la soberbia de creerse todopoderoso gracias a las excepcionales circunstancias en las que le tocó gobernar durante más de diez años:

- Gravísima crisis económica, que justificó todas las privaciones y recortes de derechos que se impuso a la población, en particular a los trabajadores, y que facilitó la privatización y entrada del capital extranjero en excepcionales condiciones, haciendo del Perú un “nuevo modelo” de solución de las crisis inflacionarias.

- Exacerbación del conflicto interno, con su traslado a la capital y a las principales ciudades, que generó una predisposición de la sociedad a aceptar decisiones excepcionales y extralegales con tal de lograr poner fin a la violencia en el más corto tiempo, lo que equivalía a darle carta blanca al autoritarismo.

- Alianza de poder con la cúpula militar, la tecnocracia neoliberal, las organizaciones empresariales, con respaldo social entre los muy pobres enrolados a través de los programas sociales y el soporte de las estructuras de inteligencia encargadas de los planes secretos del régimen.

La Cantuta, Barrios Altos y toda la secuela de hechos dirigidos a hacer sentir la mano dura del poder y su resistencia a corregirse, reflejan la ilusión de que el orden construido en los primeros años de los 90 sería indestructible. Estuvieron tan convencidos de eso, que aún hoy apelan a las mismas ideas: que están juzgando al gobierno que “nos salvó” del terrorismo, nos sacó de la crisis e hizo crecer la economía, y que consiguió una estabilidad política de la que nunca han gozado otros gobernantes. Por cierto, una mayoría de los peruanos ya aprendió la lección y entendió que en nombre de la salvación se construyó un sistema de mano dura contra todo opositor y contra toda expresión independiente, lo que obligó a una dura lucha democrática para salvarnos de nuestros supuestos salvadores.

También que la economía de la dependencia del exterior y las desigualdades que se fundó con el ajuste y las reformas de la década fujimorista, no implica ni progreso ni desarrollo social para la mayoría de los peruanos, ya tampoco nos hace invulnerables a las crisis como se está viendo con la inflación del 2008 y la recesión del 2009. Finalmente, que el bloque de poder que hizo sentir invulnerable al dictador, era la expresión más perversa de la rentabilización de la política, borrándola de idearios, programas y compromisos ante el pueblo, para convertirla en puro pragmatismo del poder por el poder, que conduce irremediablemente a la corrupción y el abuso.

En los casos juzgados por la Sala Especial presidida por el Dr. San Martín, se puede ver precisamente la relación de la parte con el todo, que es lo que los fujimoristas quieren vengar centrando su ataque a la teoría del autor mediato, que no es sino la del dominio del tirano sobre las grandes decisiones que definen el curso general del poder. No era posible que crímenes como los señalados pudiesen ocurrir de manera sistemática y quedar bajo la protección del Estado y las instituciones militares, sin la intervención de un elemento con suficiente poder propio como para determinar que las cosas fueran así. Es decir que el Grupo Colina no podía existir si Fujimori no lo consentía y protegía, que lo hizo hasta cuando ya estuvo al descubierto, con la denuncia del general Robles y las investigaciones de la prensa, y los amnistió apenas pudo.

Ahí no lo sabía, pero estaba construyendo su propia sentencia, que llegaría mucho después, pero con el suficiente tiempo como para que el Perú y el mundo se llegasen a noticiar que en este remoto país hemos madurado lo suficiente, como para llegar a hacer justicia.


28.04.09
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