Una investigación fiscal sin pies ni cabeza

1. Si la citación fiscal que se me hace indicara que la policía quiere indagarme para saber si sé algo por ejemplo sobre la colocación de bombas en las calles de Bogotá, o sobre los secuestros o sobre el frente del Putumayo en la frontera con el Perú, sobre las que obviamente no sé nada, entendería que debo ir a demostrarle al Mayor Anhuamán Centeno que se ha equivocado de persona. Pero no puedo hacerlo porque la notificación no especifica un solo hecho, ni menos indica mi eventual participación. Por tanto no cumple los requisitos de una investigación motivada, sino que se hace porque a alguien le da la gana de joder.

2. Si yo imaginara que estamos ante una indagación de buena fe, como dicen algunos, y del caso de una fiscal que realmente cree que pueda hallar colaboradores con el terrorismo internacional en Humala, los dirigentes de la izquierda nacional y regional, y este periodista; que pide ayuda técnica de la policía; podría sentirme tranquilo, pero lo que está ocurriendo es que en cinco meses de “investigación”, nunca se oyó a los supuestos implicados, no se definieron los cargos precisos, no se individualizó responsabilidades, no se definió qué daños han sido ocasionados, pero ya se concluyó que hay delito de terrorismo y que debe detener a numerosas personas.

3. Si yo creyera que la verdad de los investigados va a ser escuchada normalmente ante la fiscal y el juez, incurriría en ingenuidad imperdonable. Porque no sólo existe el informe del 10 de noviembre que dice que se “ha determinado que las personas… identificadas se hallan incursos en delito de terrorismo (DL 25475)…”, con las draconianas penas correspondientes (30 años de prisión), sino que se ha solicitado capturas como si representáramos algún peligro y se ha ordenado que guardemos silencio ante este abuso. En mi caso específico, la violación se agrava puesto que no estaba considerado en la primera investigación, a la que se me agrega como represalia por denunciar el caso.

4. Si yo creyera en la independencia de la fiscal y en la “técnica” del Mayor Anhuamán, no tendría como explicarme que haya sido la policía la que recomiende las detenciones y citaciones de grado o fuerza de los implicados a la fiscal Escajadillo, como si ésta no tuviera el suficiente criterio propio como para decidir lo que corresponda. Es mucho más creíble que en este caso el gobierno esté empujando una “investigación” a su conveniencia, que hostiliza opositores y persigue a la prensa independiente, pero de lo que se culpa al Ministerio Público, como si esta instancia no fuera consciente del papel que está cumpliendo.

5. Si se estuvieran respetando mis derechos y los de los demás investigados, no habría habido una investigación secreta que amenaza llevar a la cárcel a personas que hacen actividad política legal; ni tendríamos que habernos enterado de ello por una filtración de información acogida por el diario LA PRIMERA; ni estaríamos en el peloteo de que nadie se hace responsable de esta investigación absurda; ni nos estarían notificando sin cumplir con los mínimos requisitos de información y transparencia; ni habrían querido imponernos una mordaza. Estamos denunciando la citación del 14 de enero en la DIRCOTE, como una agresión a la libertad de prensa y los derechos humanos, y estamos esperando que nuestros colegas de la prensa entiendan que también es con ellos y rompan el ominoso silencio que hasta ahora mantienen, salvo honrosas excepciones.

13.01.09
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