Absurdos jurídicos en el caso Wiener

La notificación de la 3ra Fiscalía Supraprovincial para que el periodista del diario LA PRIMERA, Raúl Wiener, comparezca ante la policía contra el terrorismo, constituye una violación de numerosos derechos y garantías, como los siguientes:

1. Afecta el derecho a ser citado con la especificación de los hechos por los que se deberá responder en el curso de la indagación y el tipo de participación que se imputa al notificado, lo que no se cumple en el documento de notificación entregado a Wiener y otras personas a partir del 7 de enero. .

2. Afecta también el derecho a ser escuchado en sus descargos correspondientes antes que se adopte cualquier decisión sobre los apremios legales a emplearse, salvo en caso de flagrante delito. En el informe que sobre este caso se emite el 10 de noviembre ante la fiscal Escajadillo, se adelanta una recomendación de detención para unos y de citación de grado o fuerza para el ex candidato Ollanta Humala, sin que ninguno de ellos hubiese sido escuchado previamente.

3. En el caso del periodista Raúl Wiener el abuso es doble, ya que está siendo citado en los mismos términos que los considerados en el informe inicial, sin haber sido “investigado” dentro de ese grupo, en lo que se configura como una represalia por haber denunciado a través del diario LA PRIMERA, la existencia de una persecución política con el argumento del terrorismo internacional.

4. La presentación abierta y difusa del supuesto delito: “tranquilidad pública-terrorismo” y “relaciones con las FARC”, hace que la arbitrariedad se multiplique, y que se genere una amenaza para cualquier persona que por diferentes motivos podrían terminar “investigadas”.

5. Adicionalmente, hay una violación de la independencia de poderes, por cuanto la policía de investigación del terrorismo se arroga una atribución que no le corresponde de “recomendar” a la fiscal detenciones y citaciones de grado o fuerza, con fecha determinada, que no está en su competencia. Este insólito requerimiento se produce antes de las citaciones, que podían ser el escenario de una detención arbitraria.

6. El punto anterior puede ser leído como que la policía, que forma parte del Poder Ejecutivo y responde a las directivas del ministerio del Interior, es quién está dictando la línea que la fiscal debe seguir antes este caso, mientras que el gobierno se sigue lavando las manos indicando que “no persigue a nadie” y que la investigación y sus consecuencias son asuntos del Ministerio Público.

7. La “confidencialidad” y “reserva” que se exige guardar a los notificados respecto a la investigación penal que se lleva en su contra, es violatoria del derecho a la defensa pública que corresponde a todo ciudadano y se agrava en el caso del periodista Raúl Wiener en tanto pretende recortar su ejercicio profesional.

8. Los valores que se invocan para esta pretendida “reserva” son la protección de la seguridad del Estado y de las relaciones internacionales, resultando descabellado que las personas que hasta hoy no saben porqué se les persigue o de qué se les acusa, puedan revelar información que pudieran afectar estos aspectos declarados como sensibles. Lo que lleva a la conclusión de que se intenta limitar el conocimiento público sobre la existencia de la propia investigación y hacer punible toda referencia a ello.

9. La notificación fiscal a Raúl Wiener y otros, está acompañada de un “apercibimiento penal” para que se imponga la obligación de reserva y confidencialidad. Esto constituye una nueva violación de de derecho, ya que sólo se puede “apercibir”, indicando las consecuencias precisas del incumplimiento de un determinado mandato. Un “apercibimiento penal” es equivalente a invocar todo el código penal y cualquier forma de sanción, y, esto, si no se acata la bárbara orden de guardar silencio.

10. En el caso Wiener y el de los demás procesados por delito contra la tranquilidad pública-terrorismo se atropella la ley, las instituciones, los derechos básicos y la razón. Tienen que haber motivos muy profundos en el gobierno para que Alan García llegue a decir que los notificados de la fiscal Escajadillo no somos perseguidos del régimen y si nos sentimos de esa manera será porque “tenemos algo que ocultar”. ¿No será que el gobierno quiere ocultar algo y para eso quiere usar a una fiscal para acabar con la oposición y la prensa independiente?

11.01.08
www.rwiener.blogspot.com