¿Segunda pista o especulación con terrenos?

En estos días a raíz de las Cumbres Internacionales se habla de las limitaciones del Aeropuerto Jorge Chávez para recepcionar el alto número de aeronaves que llegarán al país. Esto ha apurado la entrega del alterno de Pisco a operadores privados, para que sean ellos los del negocio, en vez de poner la atención en el detalle de que hace ocho años hay una concesionaria que supuestamente ya cumplió con todo lo ofrecido en materia de inversión en el Aeropuerto y está esperando pacientemente que el gobierno compre los terrenos aledaños para la construcción de la segunda pista.

Los organizadores andan buscando pistas militares y de clubes privados para ver si ponen algunos de los aviones sin espacio, y en medio del desorden, no faltan escritores inteligentes que han descubierto la necesidad de acelerar lo de la segunda pista a pesar de las dudas de LAP. ¿Es que recién nos damos cuenta que el Aeropuerto fue construido en 1964, con una pista prevista para 25 años y con un diseño para el tipo de aviones de su época, en peso y fuselaje y cuando ni por asomo se imaginaba un tráfico como el de este año?, ¿no se rusticaba la privatización porque nos estaba dejando un Aeropuerto “bien bonito”, como pasó con los grifos?, ¿para eso vino LAP?

El punto que muchos quieren olvidar es que en 1998 ya se sabía después de la reparación de la pista, que la vida útil de ahí en adelante era de 8 años, que se vencieron en 2006 y a partir de ahí los técnicos no se hacen responsables de cualquier fallo en las losas que están debilitadas. Precisamente el tema de las pistas llevó a la concesión, cuando Pandolfi y el almirante Matellini vieron que un problema podía ser un buen negocio. Entonces, como el Estado “no tiene plata”, le dieron a un privado la administración del servicio que es lo que genera la plata, para que ellos inviertan en su beneficio. Y, como suele suceder, lo del negocio terminó dominando todo y dos días antes de la licitación, cuando LAP, ya era virtual ganador por ser único postor, modificaron las bases retirando trasladando al Estado la obligación de la compra de terrenos, poniendo en manos de LAP un ingreso de más de 100 millones de dólares al año, a cambio de una mera reforma estética.

Pero no sólo era retirarle al concesionario la única obligación financiera importante, sino dejar que el tiempo genere una ola de especulación con los terrenos que el Estado compraría en algún momento para la extensión. Y esta es una historia paralela que arranca en la tasación de CONATA, que establece en el 98, que había que pagar 2.50 dólares por metro cuadrado (son casi siete millones de metros cuadrados) a las familias campesinas concesionarias de reforma agraria, y que llegó a 70 dólares el año pasado y ahora se habla de más de 100, por efecto de la intervención de los antiguos propietarios y los estudios de abogados más piratas de Lima, que han estado litigando como si este fuera el espacio para discutir la legitimidad del cambio de la estructura de propiedad agraria en el país.

En realidad están viendo una cifra final de más de 500 millones de dólares, pagada por el Estado que irá a repartirse entre aquellos que demuestren llamarse Tudela Chopitea, Palacios Moreyra, Mujica Gallo, Skinner y otros, no importa si nunca han tocado la tierra con sus manos y, si después de pagarles, las 200 familias campesinas siguen en el mismo sitio, más desamparadas que nunca, esperando que hacen con ellas. Mientras LAP se sigue lavando las manos y llenando su caja fuerte.

20.02.08
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