Prescripciones

Hace poco, el Primer Juzgado Penal de Lima declaró prescrita, por tiempo transcurrido, la querella que el ex congresista Jorge Mufarech le planteó al director de El Comercio y a un periodista de ese medio por la denuncia por ingreso irregular de un automóvil Jaguar en 1997.

Ante esta decisión el señor Alejandro Miró Quesada Cisneros apeló la resolución ante el tribunal superior renunciando a su derecho a la prescripción penal, argumentando, a través de su abogado, el ex procurador José Ugaz, que estando “convencidos de que su diario publicó la verdad desean que se demuestre judicialmente que, en efecto, la información es verdadera”.

Ejemplificante, ¿verdad?

Pero porqué este criterio no se usó para los casos de los dólares MUC y las transferencias clandestinas de dinero a cuentas secretas que prescribió en junio del 2000 y que alcanzaba a los cinco principales directivos de ese diario. Esta semana, Hildebrandt ha citado ampliamente el documento de la fiscal Julia Eguía Dávalos, que a la vez que establece la comisión de delitos de apropiación ilícita, estafa, evasión tributaria y otros, fuerza los tiempos para declarar agotada la vía procesal y dejar sin sanción a los Miró Quesada.

¿Por qué no apelaron a la instancia superior para demostrar su inocencia?

Traigo el tema al cuento porque está en desarrollo otra maniobra hacia la prescripción de otros graves delitos también relacionados con la primera familia de la prensa peruana. La 16 Fiscalía Penal de Lima a cargo de la Dra. Clarisa Zegarra Rosas está solicitando que se dé por agotado por tiempo transcurrido el proceso abierto por el Congreso de la República contra el directorio de Aeroperú y diversos funcionarios del Estado, por los delitos cometidos para la privatización de nuestra primera línea aérea, durante la gestión de Aeroméxico como nueva propietaria y en su quiebra fraudulenta.

Este proceso implica necesariamente a José Graña Miró Quesada, miembro del directorio del diario que se precia de decano de la prensa nacional, principal accionista de la primera empresa constructora del Perú (Graña y Montero), primer presidente ejecutivo de Aeroperú después de la privatización y socio de la empresa mexicana que saqueó y destruyó nuestra línea de bandera.

También toca directamente como principal responsable de múltiples delitos cometidos contra el Estado y otros accionistas, a Roberto Abusada Salah (contra la administración de justicia, contra la fe pública, contra el patrimonio, fraude, etc.), que fue el jefe de asesores del MEF que condujo la privatización; presidente de la empresa privatizada entre 1994 y 1999 y por lo mismo responsable de la gestión dolosa orientada a desmantelar la empresa en beneficio de Aeroméxico; promotor de la insolvencia y el cese de operaciones de la línea aérea y de la quiebra fraudulenta en beneficio del grupo mexicano; actual alto funcionario de Graña y Montero (empleado de José Graña Miró Quesada), gurú neoliberal caserito de Canal N y América Televisión de la familia propietaria, etc.

La fiscal pide prescripción a pesar que los delitos aún están en pleno desarrollo, no habiendo culminado el proceso de quiebra fraudulenta y la disputa sobre los activos de la empresa, y obviando que, tratándose de un caso de peculado (afecta bienes públicos), no cabe la figura de tiempo vencido. En este caso, como el de Eguía Dávalos, la fiscal toma de oficio la responsabilidad de cerrar el caso, sin que medie pedido de parte. Por lo menos en apariencia, siguiendo un procedimiento típico de tiempos de Montesinos.

¿Interpondrán Graña Miró Quesada y Abusada un recurso para que no prescriba y se haga justicia?, ¿o vivirán en adelante como malhechores que nunca fueron sancionados, como algunos parientes y como pasa con el propio actual presidente del Perú, que también se acogió a la prescripción?

10.02.08
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