jueves, enero 24, 2013

Telefónica 19 años más


Llega al Perú el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, que de alguna manera se está tomando un aire de las fuertes presiones a la que está sometido en su país, y lo que encuentra en el Perú es un regalo inesperado (o tal vez era esperado y no lo sabemos): la aparentemente interminable negociación entre la Telefónica y el ministerio de Transportes y Comunicaciones ha concluido y ahora hay nuevo contrato y 19 años más de la empresa más discutida del proceso de privatización de los 90. 

De inmediato se ha abierto un debate nacional sobre el tema que no pudo desarrollarse antes por el carácter secreto con que se llevó adelante la negociación, como si para alguien hubiera sido importante evitar que las posiciones que tienen los peruanos sobre este punto fueran escuchadas. Al principio, sin embargo, parecía que la cosa se venía realmente dura cuando el presidente Humala dijo que no concebía que una empresa que se resistía a pagar sus impuestos y había judicializado su deuda tributaria, creyera que se podía renovar el contrato sin cumplir antes con sus obligaciones.

Pero de eso ya hace mucho tiempo y Humala, que alguna vez se burlaba de las cuerdas separadas, admitió un trato diferenciado de estos dos asuntos: tributario y contractual,  y puso al ministro Paredes en la ruta de la renovación a la que debía arrancarle algunas novedades para volver a exhibir cómo es eso de que el gobierno negocia sin patear el tablero. En Ecuador, el mismo tema de los nuevos contratos de telefonía supuso que las empresas hicieran un desembolso a favor del Estado por el uso del espectro de comunicaciones y si no estaban de acuerdo se acababa el compromiso y se llamaba a otros interesados.

En el Perú no hemos conseguido un solo centavo, como si un bien escaso como son las ondas radioeléctricas  no valiera nada y se otorgara como gracia al concesionario. Tampoco por supuesto se ha logrado una mejora de la tarifa considerada una de las más altas de la región, ni obligaciones en relación al servicio. Toda la negociación parece que ha estado centrada en conseguir que la empresa colabore con los programas sociales para pobres en que anda metido este gobierno y que se presume que tienen una cobertura total de un millón de beneficiarios. Es así que al final de la negociación, la “más dura” exigencia es que las tarifas para estas personas serán la mitad de lo que paga el resto, sin que se sepa aún cómo le empresa generará un mecanismo compensatorio para cobrarse de los otros usuarios la menor ganancia por lo que vendría a ser más o menos un 10% de todo su mercado.

Lo esencial de esta supuestamente difícil negociación es que no había instrumentos de poder puestos en la mesa por el gobierno, por ejemplo la posibilidad de no renovación del contrato, o la eventualidad de una licitación abierta para comparar diversas ofertas. A la vieja manera, el ahora diluido nacionalista Ollanta Humala, colocó todo el énfasis en que la Telefónica se quede. Si el otro sabe que esa es la política, va a alargar, como lo hizo, la negociación cuánto sea necesario para que las pretensiones del Estado queden dentro de los límites que le sean más convenientes. Por eso es que quizás por un poco de vergüenza nos quieren vender que algunas pequeñas concesiones son una gran victoria sobre una empresa intransigente. Compárense los contratos peruanos con los de países vecinos para saber cómo entiende cada quién esto de la soberanía.   

24.01.13

miércoles, enero 23, 2013

La captura de Petroperú

Humberto Campodónico está convencido que quién mejor captó el dramatismo de su salida de la presidencia de Petroperú fue el caricaturista Carlín, que lo dibuja entregando los documentos finales para las inversiones de la empresa, a Ollanta Humala mientras éste aprieta un botón para que se abra una trampa en el piso y lo despide diciéndole “grass…”, que ni siquiera llega a ser gracias.

Todavía queda, sin embargo, por resolver si lo que hizo el presidente de la petrolera estatal en año y medio: concluir los estudios para la modernización de la Refinería de Talara y asegurar el lote 64 en la selva norte para el retorno de Petroperú a la explotación de pozos petroleros (así como anticipar otros compromisos de inversión en hidrocarburos), seguirá adelante como ha anunciado el nuevo directorio o vendrán tiempos distintos bajo la dirección de personas que no simpatizan con la actividad empresarial del Estado.

Es evidente que Campodónico vivió en sobresalto el período de poco más de un año que media desde la renuncia del gabinete Lerner y la aceptación de la carta de renuncia que el ministro Merino le pidió en el último diciembre. La salida de la izquierda del gobierno lo dejó sólo en su puesto, sostenido en una ambigua voluntad presidencial, mientras el ministro Merino parecía jugar una partida propia para quedarse con las empresas del sector, y el ministro Castilla simplemente no creía en ninguna empresa estatal.

Su peor momento, según Campodónico, fue cuando Humala le pidió una fecha para anunciar lo de la refinería y él consultó con sus técnicos que le dijeron que se podía fijar el 20 de julio, en las cercanías al discurso de fiestas patrias. Lamentablemente las consultoras de ingeniería se retrasaron y pidieron un nuevo plazo, lo que obligó a suspender la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Refinería, lo que causó molestia en el presidente y fue aprovechado por la derecha del gobierno para criticar la gestión que venía desarrollándose en Petroperú.

Por esos mismos días, además, el gobierno cambiaba la agenda del gas, poniendo en el aire el anunciado gasoducto andino a cargo de Odebrecht, reemplazado de la forma más improvisada por un etanoducto costero bajo la iniciativa de Hunt y Repsol. Esta historia de tubos ha dado varias vueltas y al final se ha convertido en una nueva ley para un gasoducto del sur, con alguna semejanza con el gasoducto andino original, condicionado a otra licitación. Merino, sin embargo, ha logrado fortalecerse en medio de sus cabriolas e influir en el presidente para la captura de Petroperú.

Campodónico explica que en su función le era imposible hacer una polémica pública sobre las decisiones con las que no estaba de acuerdo o impedir que el ministro lo echara a los leones cuando anunció alarmistamente la subida de costos de la inversión en la refinería, que era previsible al afinarse los estudios. ¿Puede la izquierda dirigir una gran empresa y hacerla crecer en medio del fuego de los neoliberales? Humberto Campodónico nos ha prometido contar la historia de lo que se hizo, se quiso hacer y lo que no pudo hacerse en Petroperú. Pusimos en debate la noción neoliberal de que el Estado no puede administrar una empresa estratégica y que la izquierda no puede hacer una buena gestión, asegura antes de despedirse. Estaremos a la espera de lo que diga.

23.01.13
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La abuela de Marisol

Quiero creer que no es cierta la versión que circula de que el caso de la abuela de la vicepresidenta Marisol Espinoza se origina en una información que era manejada a los mal altos niveles de gobierno y que iba a salir a la prensa, a lo que la también congresista piurana habría reaccionado, tratando de poner el parche antes que el chupo con sus declaraciones destapando el asunto y anunciando que se suspendería la afiliación de la abuela y su actual cónyuge al programa Pensión 65, uno de los emblemas del gobierno de Humala.


Como están las cosas era evidente que Marisol iba a salir mal parada si crecía la idea de un aprovechamiento de un fondo de pobres (en este caso personas mayores) para la familia de una de las más altas dirigentes del nacionalismo. Pero no estoy seguro que el remedio aplicado al problema haya sido mejor que el escándalo que ya le tenían preparado. Porque lo que es evidente es que la abuela Digna, carece de ingresos monetarios para su vejez y vive en una obvia situación de pobreza rural, y que por tanto califica sin vueltas para la versión asistencialista que se le dio al programa luego que Humala gano las elecciones.

Se suponía inicialmente que la intención de la pensión 65 era ayudar a resolver el dilema que plantea que sólo uno de cada cuatro personas mayores, tenga alguna forma de pensión de jubilación para sus último años. El mecanismo podía empezar sobre un tramo de edad más elevado o por determinadas regiones, sin perder su característica de derecho social. Pero cuando las promesas electorales empezaron a redefinirse, la pensión 65 dejó de ser una pensión y pasó a ser un subsidio a la pobreza como el del programa Juntos, con la peculiaridad del rango de edad.

La abuela de Marisol llena los prerrequisitos, al margen de si la vicepresidenta ayuda lo suficiente a la madre de su progenitor, que además tiene más veinte hijos y seguramente casi un centenar de nietos, a los que no vamos a culpar porque doña Digna quiera mantener su vida independiente. Aldo M puede hacer las especulaciones que quiera sobre la supuesta dureza de Marisol hacia su pariente que supuestamente la descalificarían para ejercer eventualmente la presidencia porque nos trataría a los demás como su abuela. Pero es mucha pretensión meterse a dictar líneas de conducta sobre realidades familiares que no conocemos.

Lo que sí carece de sentido es que la vicepresidenta de por desafiliada a la abuela y anuncie la devolución del dinero percibido. Esto, porque no se ve dónde ha estado la incorrección de la señora Digna y que atribución tiene la nieta para tomar decisiones sobre personas que no están a su cargo. Todo hace pensar en una reacción apresurada motivada por la amenaza de los titulares de la prensa que ya sabemos, en una lógica que guardando las distancias hace pensar en las maneras como Ollanta ha sido llevado a enfrentarse a sus hermanos y padres bajo presión mediática.

Marisol hubiera estado mucho mejor defendiendo el derecho de su abuela a vivir como quiera, incluso tercamente en su pobreza campesina, y señalando que ella no podía hacer nada con el hecho de que se acogiera al programa de Pensión 65, como era su derecho. Bastaba saber que ella no la inscribió y que su situación no es mejor que la de otros afiliados, para ver que se había actuado con honestidad. Pero hay en este gobierno un miedo a ser vapuleados por los medios que llega hasta dar pena.

22.01.13
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lunes, enero 21, 2013

Los tecnócratas milagrosos


Según una revista internacional, en el Perú tenemos el mejor ministro de Economía de América Latina 2012 y un poco antes también recibimos la noticia de que nuestro presidente del BCR fue considerado como el mejor banquero central del 2010. O sea como para creer que Ollanta Humala se buscó a lo mejorcito y por eso andamos creciendo mientras otros decrecen y la gente se toma un crédito para comprar su casita y su carro, como dice el presidente. Todos contentos y bien cuidados por Castilla y Velarde.

Pero, de pronto, el que viene a ser algo así como maestro o mentor de ambos personajes, el ilustre exministro y excandidato presidencial Pedro Pablo Kuczynski, sale anunciando un inminente desastre de esta buena economía por el hecho de que el dólar se caería hasta 2.30 soles en los próximos dos meses y arrastraría a la quiebra del sector textil y de las exportaciones no tradicionales. Hasta el día de hoy, ni el ministro estrella ni el banquero milagroso han dicho algo respecto al evidente alarmismo que encierran las declaraciones de PPK, que además no es la primera vez que pronostica el fin del mundo (si no se privatizan las eléctricas del sur, el Estado quiebra, dijo antes del arequipazo; y otra vez anunció que si no se vende Sedapal los excrementos se rebalsarían en la casa), a pesar de que ellas son una forma de cuestionamiento al rumbo económico que se sigue.

Actualmente el BCR mantiene a todo trapo la política de comprar dólares para que no se caiga el precio, con lo que el Estado pierde dinero diariamente en un tipo de política que no se practica en otras partes del mundo. Toda sugerencia para diversificar reservas o para no exportar todo el oro que extrae el sector minero, ha sido desechada por la inmensa humanidad de Velarde que se ha quedado entrampado en la llamada política de “flotación sucia” que es cada vez más difícil de sostener. Pero además, el presidente del BCR se empeña en mantener una tasa de interés de referencia de 4.25%, que es de las más altas del mundo, y que es la explicación de por qué tantos dólares golondrinos llegan al país afectando el tipo de cambio interno.

Si se observa bien, somos en términos económicos una versión invertida de lo que pasa en Estados Unidos: ellos inundan de dólares el mundo y nosotros nos llenamos de su moneda cada vez más devaluada; ellos pagan tasas bajísimas de interés (cercana a 0 desde el 2008) y nosotros seguimos con tasas altas que hacen ganar al dinero improductivo y encarecen el crédito interno. Hay que pensar que si todos los países hicieran lo de Perú, estarían trabajando para los Estados Unidos. Lo que quizás nos de la clave de tantos reconocimientos internacionales a los técnicos que han mantenido la economía peruana dentro de las reglas que siguen el ciclo de las finanzas y el comercio mundial, actualmente en crisi.

PPK no se va contra los dogmas vigentes, sino más parece estar haciendo una apuesta para aumentar la compra de dólares en el corto plazo, quién sabe si para beneficio de algunos especuladores concretos. Pero que hay un problema con un BCR que invierte cada vez más en un dólar que se cae cada vez más y que la política del MEF no ofrece otro proyecto de crecimiento que no sea el de mayores concesiones para nuevas inversiones extractivas que aumentarán nuestra dependencia del mercado exterior, es indiscutible.         

21.01.13

domingo, enero 20, 2013

Nidia, la mentirosa


El viernes escuché a Nidia Vílchez, ante un condescendiente José María Salcedo, en RPP, decir que Javier Diez Canseco benefició a sus familiares con una ley que les permitió subir 40 veces el valor de sus acciones en la Bolsa de Valores. Sabía, sin duda alguna, que nunca hubo una ley, ni un dictamen sobre este proyecto que nunca se vio en la Comisión a la que fue presentada y menos al pleno, que no hubo ningún incremento de valor para nadie como efecto de esta inexistente norma y que ese tampoco era su propósito.

Pero la roca que la exministra lanzó por la radio apuntaba a descalificar al congresista que había planteado un pedido de investigación sobre el cobro de 134 mil soles en los últimos días del gobierno aprista a favor de Vílchez como reintegro por los gastos de representación que había dejado de cobrar durante los meses que estuvo en los despachos de Vivienda y de la Mujer durante el gobierno de Alan García. Es decir que no sólo pidió que le pagaran por una función congresal que no cumplía, sino que lo hizo a posteriori, como una plata que hubiese guardado para del final (la norma dice que si el bono no se cobra en la fecha debida se devuelve al Tesoro Púbico), para usarla en una “representación” para cuando ya no era parte del Congreso.

Y cuando le preguntan si va a devolver el dinero se va por la tangente mintiendo sobre Diez Canseco y anunciando que deja todo en manos del Ministerio Público y la Procuraduría del Congreso y que no la distraigan de la revocatoria. Pero hay más. Un día antes, Nidia se despachó con el argumento de que la jefe de la campaña del No, Anel Townsend, también había cobrado doble, lo que por cierto fue recogido por el diario de Aldo M, y le costó otra vez tener que rectificarse en primera página, porque Anel no había cobrado y hay documentos que prueban eso.

Vílchez ha mentido desde el día que se puso el polo amarillo del Sí y se convirtió por su propia cuenta en vocera de esa corriente. Así, como si quisiera enseñarle a Marco Turbio y Castañeda, cómo es que se hacen las cosas, respondió a la denuncia sobre el incendio de las instalaciones de un parque infantil de la Municipalidad de Lima, en San Martín de Porres, acusando que el autor había sido Favre en una maquiavélica estrategia de victimización de la alcaldesa, sin aportar una sólo prueba sobre lo dicho, pero con primera página del diario de M. Luego dijo que los gastos por consultoría de la Municipalidad de Lima habían sobrepasado los 200 millones, y siguió tan campante cuando le mostraron los documentos que indicaban que la cifra era de 15 millones.

El APRA, de Nidia y Alan García, ha señalado pues la línea para una revocatoria que ya está a unas cuantas semanas de distancia y no deja tiempo para desmentir mentiras que se sueltan en torrente. ¿Alguien le creerá por ejemplo a Nidia Vílchez cuando indica que el Rodrigo Franco y los crímenes del primer gobierno de Alan García nunca existieron? Pero hay, como en el caso Colina, varios miembros de esa estructura que ya han declarado ante los fiscales y los jueces. Y una de las cosas que dicen es que Nidia Vílchez era parte de esa organización que mataba por la espalda. Y que ellos se reunían con ella. Es decir que cuando AGP seleccionó a su exministra para su actual tarea sabía la elección que estaba haciendo       

20.01.13

sábado, enero 19, 2013

El Movadef en todas partes


El caso de la Universidad Santiago Antúnez de Mayolo en Huaraz, Ancash, donde estudiantes y profesores, incluidos los miembros de la Asamblea Universitaria, se enfrentaron al rector, acusándolo de corrupción y concluyeron acusados de ser miembros del Movadef, lo que incluía un video en el que tres encapuchados con armas sobre la mesa indicaban ser miembros de esa casa de estudio e integrantes de ese organismo, parece más que una pachotada rectoral, un globo de ensayo de por dónde pueden empezar a desarrollarse los conflictos sociales y su represión en los siguientes meses.

Varios medios de comunicación se tomaron en serio la denuncia que por cierto descalificaba toda investigación sobre los actos del rector Sánchez Rodríguez contra el que se dirigía la protesta. Un fiscal de esos que sienten haber recibido la orden del Fiscal de la Nación y del gobierno, de perseguir a los seguidores de Crespo y Fajardo donde se encuentren, avaló de inmediato el desalojo que se produjo en los términos más violentos, aplicando la ecuación del ministro Pedraza, si es Movadef es Sendero y si es Sendero quiere como en los 80 y 90, incendiar al país.   

Pero nadie se preguntó hasta que varios estudiantes estaban en el hospital y otros en la cárcel si es que esto no podía ser una falsa acusación para beneficiar a una de las partes en un conflicto o puso en duda el montaje reflejado en el video que se mostró a la prensa. Más aún, no se tomaron la molestia de demostrar si realmente estábamos ante un delito de tipo subversivo que justificara una acción violenta de la policía sin mediar negociaciones o si lo único que le daba esta característica era que existieran las palabras del rector. Dicho de otra forma, al Movadef se le persigue de oficio por eso del “pensamiento Gonzalo” y no por lo que haga; y a los movimientos sociales se les clava el sambenito de ser Movadef para cambiar el carácter de sus protestas y poderlos proscribir.

El Perú tiene una larga lista de conflictos sin resolver y otros por estallar que abarcan las más diversas actividades, en donde se contraponen intereses y el Estado no siempre es lo neutral  que podría decirse. Hagamos un esfuerzo de imaginación e introduzcámosle a cada uno de ellos el factor Movadef y alguien diciendo que no se trata de un reclamo legítimo sino de un plan senderista porque por ahí anda alguien con la cara tapada o se gritan con mucha fuerza. Sería dar finalmente el paso que dejó incompleto el fujimorismo para poner fuera de ley a sus adversarios y retomar el hilo de lo que García describió como una nueva guerra fría cuando se refería a los avances de la izquierda en América Latina y a los conflictos sociales y culturales como los de la selva durante su gobierno que condujeron al baguazo.

El caso de la Universidad de Huaraz no debe tomarse a la ligera. Esa idea de que el Movadef tiene que ver con todas las movilizaciones y con los brotes de violencia social, en el país de Conga, Espinar y otros, no sólo es una gran mentira sino un peligroso juego de polarización que puede ayudar a volver a partir el país. Aquí estamos advirtiendo que es necesario detener esta tendencia y sancionar severamente a los responsables de falsa denuncia, para desalentar que lo de Antúnez de Mayolo vuelva a suceder.

19.01.13
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viernes, enero 18, 2013

Hacer agua de Sedapal


“Sedapal hace agua”, dice ayer la tapa de no uno, sino los dos diarios de combate de la DBA. Algo así como que después de tres aniegos entre diciembre y enero ya llegó el momento de sacar cuentas contra la “pésima” empresa de agua que brinda servicios a la ciudad de Lima. Entonces ahí viene el recuerdo de que Fujimori retrocedió en la privatización porque ya se venía la re-reelección, y Toledo se chupó después del arequipazo y Alan García tampoco quiso quemarse en este tema y prefirió las políticas de tercerización de actividades que han descuartizado a la empresa pública y generado focos de corrupción de los que por supuesto ni Fritz ni Aldo dicen una sola palabra.

Sedapal y todo el sistema de saneamiento y vivienda está en manos de privatizadores profesionales desde hace buen tiempo y especialmente durante el gobierno de Ollanta Humala. Cuando Perú 21 se pregunta ¿y dónde está Proinversión?, se está haciendo el loco, porque sabe bien que desde el ministro, viceministro, asesores y directorio de la empresa del agua han sido reclutados de esa entidad del Estado. Ellos son los que la administran y los que deben responder por las fallas recientes, ya que si reclaman una supuesta excelencia técnica deberían demostrarla conduciendo correctamente las entidades de servicios.

Pero los que algo sabemos de esta historia de las privatizaciones, hemos visto ya demasiado de estos bruscos empeoramientos en la calidad de la atención de las empresas que se quería vender o transferir. De pronto el aeropuerto que funcionaba adecuadamente se convertía en un infierno de colas y desorden, y la gente se quejaba de la ineficiencia. De la misma forma se dejaba abandonado el mantenimiento de las carreteras para presionar a la concesión. Claro, la gente se ha resistido a la privatización del agua porque lo ha sentido como una amenaza por eso de las tarifas que suben rápidamente y el incremento de los cortes, como se vio con la luz y los teléfonos.

Pero después de tres aniegos, es como para pensar si una administradora privada, como aquellas que fueron expulsadas de Bolivia o Argentina, podría cambiar la situación. Y a quién se apunta para convencerlo es en primer lugar al presidente Humala que imagina tener bajo contrata a los mejores tecnócratas del Estado, esos que ya habían hecho todo lo que cuestionó en campaña y que ahora se esfuerzan por enseñarle los misterios de la economía que consiste en trabajar para el que tiene dinero.

El ojo puesto en Sedapal no es un hecho aislado. Por ahí vamos en trance de terminar de asesinar a Enapu para que los puertos queden íntegramente en manos de operadores internacionales y no hay casualidad de que después de la salida de Campodónico de Petroperú se repita que los proyectos elaborados por dicha empresa son “desproporcionados”, “inviables”, mientras el ministro Merino mantiene por ahora la versión de que no ha pasado nada y se cambió de presidente de la mayor empresa del Estado por puro gusto.  

Los escandalosos aniegos de estos días deberían poner la atención sobre los responsables políticos y empresariales que no anticiparon el colapso de tuberías y que han afectado seriamente viviendas y el sistema de transporte. Aquí no caben contemplaciones. Las empresas públicas y privadas tienen que responder por sus actos. Por ejemplo las eléctricas que no están empezando a racionar la luz sin reconocerlo, con apagones por zonas, y la Telefónica que no renueva sus contratos. No, la vida es mucho más compleja que el simple prurito de privatizar.        

18.01.13