Los jueces que legalizan las estafas

 El vocal de la Corte de Lima, Gunther Gonzales, hizo lo que nadie había hecho: votar en el pleno de la Primera Sala Civil, por mandar al archivo el segundo fallo del juez Velásquez, como siempre, a favor de Alan García, que anulaba temerariamente los informes de la Megacomisión, sin haberlos solicitado dentro del proceso y reconociendo no haberlos leído, y por supuesto se ganó la enemistad eterna de los manipuladores de la justicia, que lograron recusarlo en la causa que nuevamente se está viendo en la Sala, tras la reiteración de Velásquez en sus originales criterios.

El juez Gunther ha publicado el libro “La Falsificación: nuevo modo de adquirir propiedad” (Crítica a los Tribunales que amparan al Tercero que nace del Fraude Inmobiliario), texto que tiene que ver con Rodolfo Orellana y otros que generan inexistentes derechos a través de la falsificación de documentos, que sospechosos fallos judiciales convalidan, afirmando que los terceros compradores no son responsables de la estafa, asignando el bien que es de otro, por el supuesto principio de la actuación de “buena fe”.

Uno de los casos más groseros es el de una apropiación de un terreno del Estado en Monterrico, y sobre el cual se fraguó un contrato de compraventa entre el Estado y una viuda, que al momento de la firma ya había fallecido. La medida cautelar de defensa del Estado es derrotada con una resolución también fraudulenta que levantaba la cautela lo que permite nuevas ventas del terreno. Así es que el Estado ha perdido 4 mil metros cuadrados en la mejor zona de Surco y los jueces en tres instancias se han limitado a decir que sí hay estafa pero que el sexto comprador lo hizo de “buena fe”. En el caso además el ponente de segunda instancia fue el magistrado Oswaldo Ordoñez, actual presidente de la Corte de Lima, y sobre el que hay un foco puesto porque recompuso la Primera Sala, a un gusto que algunos creen que es el García.

Los jueces Lama More, Hurtado Reyes y Solís Macedo están esperando varias semanas para botar su fallo, pero en enero resolvieron un asunto de propiedad con características parecidas a los fallos de Ordoñez, en un solo día, apenas instalados en sus cargos. En el caso de tres departamentos de la cuarta cuadra de Av. 28 de julio en Miraflores, adquiridos a plazos para estudios de abogados a la Caja Policial Militar en los años 90, los jueces de la Primera Sala no han tomado en cuenta el carácter unilateral de la anulación del contrato, cuando ya estaba pagada la mitad del precio, ni la operación tramposa de venderlo inmediatamente a una supuesta “Administradora del Comercio SA”,  que solo existe para consumar la estafa.

La peligrosa elementalidad con que actúan los jueces habiendo de por medio mucho dinero y derechos constitucionales atropellados, hace dudar seriamente de su idoneidad como administradores de Justicia. Y esos son los que resolverán sobre Alan García. Agárrense fuerte.

07.04.15

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