A los “logros” de su padre que la señora Fujimori de Villanela, pretende hacer pasar como propio, debería contar entre otras cosas el congelamiento de las pensiones de jubilación y la conversión de las personas mayores en nuestro país en dependientes de sus familias o en indigentes que no tienen con qué vivir luego de haber trabajado durante toda su existencia.
La Constitución de 1979, en su Capítulo sobre Seguridad Social, Salud y Bienestar, en relación al tema de las pensiones de jubilación decía lo siguiente:
Artículo 20. Las pensiones de los trabajadores públicos y privados que cesan temporal o definitivamente en el trabajo son reajustadas periódicamente teniendo en cuenta el costo de vida y las posibilidades de la economía nacional, de acuerdo a ley.
El Decreto Ley 25418 del 5 de abril de 1992, que establece la dictadura de Alberto Fujimori, bajo la forma de un “gobierno de emergencia y reconstrucción nacional”, determina:
Artículo 8. Déjese en suspenso los artículos de la Constitución Política y las normas legales que se opongan al presente decreto ley.
El 12 de diciembre de 1992, aún bajo el sistema de dictadura directa (sin Congreso y con instituciones intervenidas) se dicta el Decreto Ley 25967, que “modifica el goce de pensiones de jubilación que administra el Instituto Peruano de Seguridad Social (hoy Essalud), y que ordena:
Artículo 3. La pensión máxima mensual que abonará el Instituto Peruano de Seguridad Social, por cualquiera de los regímenes pensionarios que administra, no podrá ser mayor de seiscientos y 00/100 nuevos soles (S/. 600.00). Esta pensión máxima mensual podrá ser modificada por Decreto Supremo, con voto aprobatorio del Consejo de Ministros, a propuesta del Consejo Directivo del Instituto Peruano de Seguridad Social.
Es bien claro que entre el artículo 20 de la Constitución de 1979, y el DL 25967, en plena dictadura, hay una contradicción insalvable: mientras el primero reconoce las pensiones como una remuneración de retiro que debe actualizarse a través del tiempo; el segundo, introduce el criterio de que estos pagos son una “carga” para el Estado y que deben ser congelados a través de un tope máximo, para que se vayan separando del salario promedio de los que están ocupados.
Ni la barbaridad golpista de Alberto Kenya y Vladimiro, de condicionar la Constitución a su voluntad autoritaria, justifica la decisión política en contra de las pensiones, como otras disposiciones abusivas como las referidas a los derechos sindicales, la estabilidad en el empleo de los trabajadores públicos (se despidió un millón) y otras, ya que no puede interpretarse que la “suspensión en lo que se oponga al decreto ley”, equivalía a que cualquier cosa que se le ocurra el presidente sobre el tema que sea estaba exceptuado del marco constitucional.
Pero efectivamente eso fue lo que sucedió. El fujimorismo que dijo haberse aliado a los militares y echado del poder a los partidos, para enfrentar la crisis económica y la subversión, colocó en el paquete de los que tenía que derrotar a los pensionistas y otros sectores. En el año 1993, la nueva Constitución votada por el CCD, incluye la siguiente definición sobre el tema pensionario:
Artículo 11 El Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa asimismo su eficaz funcionamiento.
Este artículo está claramente desligado de los que tratan el tema del trabajo que van del 22 al 29, lo que hace que pensiones y seguridad social sean temas independientes que se contratan por las personas de acuerdo a su capacidad económica. Los seguros y pensiones privadas, son opciones de servicios y ahorro, pagados a instituciones que son requeridas cuando hace falta, y diluyen su condición de derecho.
¿Quiénes fueron los promotores de carne y hueso de esta contrarreforma pensionaria que hoy muestra sus resultados en la situación de los jubilados de la ley 19990 y de regímenes similares? Pongamos sobre el papel algunos nombres: Alberto Fujimori, presidente de la república y padre de Keiko Fujimori, actual candidata presidencial; Jaime Yoshiyama Tanaka, ministro del gobierno golpista del 5 de abril, presidente del CCD que votó la Constitución de 1993, actual candidato a vicepresidente de la lista de Fuerza 2011, encabezada por Keiko Fujimori; Luis Castañeda Lossio, presidente del Instituto Peruano de Seguridad Social 1990-1996, durante el golpe del 5 de abril, la aprobación del DL 25967 y de la Constitución de 1993.
Se dirá que las pensiones como las recibió el fujimorismo en el 90, bajo la hiperinflación y el primer gobierno de García, eran catastróficas. Es verdad, como lo eran las remuneraciones públicas y privadas, la seguridad social, el sistema educativo y la salud pública. Pero la santa solución neoliberal y dictatorial, fue abolir el derecho, generar un negocio privado (AFP) y convertir a los que estaban en los sistemas previos en titulares de la caridad pública. Como si no hubieran cotizado regularmente con la expectativa de un retiro digno, les congelaron las pensiones en un nivel inaceptable.
Y todo por el imperio de la fuerza. Y ahora hablan de oportunidades y de solidaridad.
La guerra continua contra las pensiones
De 1992 a 2011, el tope de las pensiones de la 1990, ha evolucionado de 600 a 860 soles, es decir 43% en 19 años, en un período en que el PBI se ha duplicado y otras cifras macroeconómicas (tributos y presupuesto, reservas netas, exportaciones, etc.) han crecido mucho más. La pensión con tope conlleva además un componente de indignidad, ya que supone que los que gobiernan consideran que ese momento es el máximo del que puede gozar un trabajador en retiro.
Obviamente esta no es una responsabilidad de un solo gobierno. Después de la dictadura, las “democracias” de Toledo y García han mantenido la congelación y el concepto que está detrás de ella. Pero ahí no acaban las coincidencias entre fujimorismo, toledismo y aprismo, ya que estos sectores se concertaron también a doce años de la faena dictatorial, para reformar nuevamente la Constitución y permitir una arbitrariedad adicional contra los viejos.
Efectivamente el congelamiento de las pensiones mayoritarias en la década de los 90, condujo a abrir la brecha con otros sistemas que tenían mejor resistencia como el de la Ley 20530, o cédula viva, que disponía de un mecanismo interno de nivelación entre los salarios activos y las pensiones. Esta ley se aplicaba a los trabajadores públicos ingresados a partir de julio de 1962, a los que se les exigían aportes más altos para el fondo de retiro que a otros sectores. Pero la brecha no escandalizaba a nuestros políticos por lo bajo que estaban muchos, sino por lo no tan mal que andaban otros. Más aún porque en la estructura de la distribución de la ley una pequeña minoría de beneficiarios había alcanzado altas pensiones, en varios casos manipulando los alcances de la ley. A ellos se les tomó como pretexto para volver a atacar el derecho a una pensión digna e imponer finalmente un congelamiento a este sector.
En esta ocasión ya no se recurrió al golpe de Estado, pero en su reemplazo se desencadenó una batería mediática impresionante para convencer a la opinión pública que la persistencia de alrededor de 300 mil pensiones reajustables, llevaría a la quiebra al Estado y empobrecería al resto de la sociedad. En noviembre del 2004, una coalición política de amplio espectro impulsó una reforma constitucional sui generis para retirar derechos adquiridos por un sector de la población. Asimismo estableció un marco jurídico para homogenizar hacia abajo la situación pensionaria y conculcó de un plumazo la enorme deuda social interna acumulada por el Estado por malversación de aportaciones que estaban bajo su administración, lo que nunca se atrevería a hacer con la deuda externa y otras obligaciones con sectores de poder.
La eliminación de la 20530 completa la labor de la dictadura contra los derechos pensionarios. Pero si lo que ocurrió en los 90 ha sido casi olvidado por el tiempo; la operación del 2004 ha sido tergiversada y convertida en casi un gesto democrático e igualitario que ataca la pretensión de algunos jubilados de no empobrecerse, que es lo que nos recuerdan cuando tratan de echarse abajo la célula viva de los militares que aún se mantiene por la mayor capacidad de opresión de estas instituciones.
Por supuesto que en medio del ataque sistemático de las pensiones de la gente que ganó el derecho con su trabajo, a los que se les niega el derecho a un nivel signo de ingresos, ajustable en el tiempo, existe al mismo tiempo una lista de ex funcionarios del Estado de primer nivel con pensiones vitalicias elevadas establecidas por ley, entre ellas las de los ex presidente de la república que alcanza a los 5 mil dólares mensuales y de la que goza en estos momentos el candidato Alejandro Toledo y pasará a recibir muy pronto el señor Alan García.
Los responsables
Entre los culpables de la segunda contrarreforma pensionaria se pueden mencionar a varias personas de notoria figuración actual: Alejandro Toledo (presidente de república en el 2004 y nuevamente candidato presidencial en el 2011), Pedro Pablo Kuczynski (ministro de Economía en diciembre del 2004 y candidato presidencial el 2011), Carlos Ferrero (presidente del Consejo de Ministros y candidato al Congreso por Perú Posible), David Waisman (ex vicepresidente de la república que promulgó la reforma constitucional y actual candidato al Congreso con Solidaridad Nacional de Luis Castañeda; Jorge del Castillo, Javier Velásquez Quesquén, Mercedes Cabanillas, Luis Alva y otros (miembros de la Célula Parlamentaria Aprista que apoyaron el retroceso pensionario y que hoy van nuevamente a la reelección).
Esta situación además ha seguido tal cual durante los últimos años bajo el gobierno de Alan García, sostenido por Unidad Nacional (PPC), Solidaridad nacional, el fujimorismo, los tránsfugas de la UPP y otros, como si el tema de las pensiones careciera de toda significación para todos estos.
20.03.11
www.rwiener.blogspot.com
Raúl Wiener Periodista, Analista Político y Económico peruano. Trabajó en el diario El Observador (1981-1984). Dirigió la revista Amauta (1988-1992), participó del programa Radicales Libres por RBC Televisión en el 2012 y fue director de la revista Miercoles de Política en el 2013. Actualmente es Jefe de la Unidad de Investigación del diario Uno (ex La Primera) desde 2007 y colaborador semanal de la revista Hildebrandt en sus trece.
1 comentario:
Este artículo de Raúl Wiener describe con toda claridad la situación de los pensionistas. A esto se ha agregado la problemática referida a las AFP, y que ocupa a un sector creciente de trabajadores, cuyo destino, al terminar su vida laboral activa, es la miseria, si las leyes no cambian. Los 4 candidatos del MDM o Más de lo Mismo (Toledo, Kuczynski, Fujimori y Castañeda) son responsables o cómplices de la situación actual. Lo que se escribe a continuación se refiere a las AFP.
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¿Es posible que un país miserable como el Perú, se dé el lujo de exportar capitales? Pues sí, eso es lo que hacen las AFP. Estas entidades cobran una comisión mensual a cada afiliado y no tienen obligación de capitalizar ni siquiera una parte de sus ganancias en las cuentas individuales de sus afiliados, pues la ley sólo les exige respetar como intangible el monto aportado mediante descuento en planilla a cada afiliado, menos el cobro por comisión, que es un porcentaje prácticamente concertado por todas las AFP. En cuanto a lo que hacen con el dinero aportado, las AFP incluso lo han invertido en la ruleta bursátil internacional (conocida como bolsas de valores). Cuando hace unos años se vino abajo la bolsa de Nueva York, de inmediato se vinieron abajo las ganancias obtenidas en las cuentas individuales de los afiliados a las AFP. Para los sesudos economistas, devotos del neoliberalismo, ese era simplemente un problema de mala suerte, al que hay someterse, pero de ninguna manera establecer control, para no violar las sagradas leyes del libre mercado.
Entonces volvemos a la pregunta inicial. Las AFP, en los casi 20 años que existen en el Perú, han recaudado miles de millones de dólares o soles en aportaciones. Si tuviéramos un gobierno que regule verdaderamente estas entidades, todo ese dinero debio ser invertido dentro del Perú, en sectores que dan ganancia segura, como agro-industrias o instalaciones turísticas, dando trabajo a muchos compatriotas, y no estar exportando capitales para aventuras bursátiles que tienen el mismo destino que el de jugar en un casino. De otro lado, las AFP deberían estar obligadas a capitalizar un porcentaje anual mínimo de ganancias en las cuentas individuales y no cobrar comisión por manejo de dinero, como abusivamente lo hacen.
Ha sido poco difundida la noticia del fracaso de las AFP en Chile (ver: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/economia/fracaso-de-las-afp_8985.html). Resulta que el Estado chileno, que según el dogma neoliberal, no debe regular nada, va a subsidiar al sistema. Textualmente dice en una parte del artículo mencionado: “Como se recuerda, al cumplir 25 años los estudios demostraron que Chile no sería capaz de asegurar pensiones mínimas a casi la mitad de sus cerca de siete millones de afiliados, los independientes quedaban fuera del sistema y los que conseguían pensiones accedían a montos muy inferiores a sus remuneraciones normales. Al respecto, el legislador Yonhny Lescano manifestó que la decisión chilena es una muestra clara que el sistema fracasó en ese país, de la misma manera que lo viene haciendo en el Perú, como lo demuestra el hecho que 215,000 personas hayan querido desafiliarse de las AFP.”
Este es una problemática que atraviesa a sectores empobrecidos o próximos a empobrecer, y donde nada les pueden ofrecer los 4 candidatos del MDM, para los cuales las AFP son intocables, como las sacrosantas leyes del libre mercado. Cada vez hay mayor evidencia que el sistema de AFP debe ser reformado, para lo cual es necesario reformar el actual andamiaje jurídico heredado del régimen delincuencial de Fujimori. Los 4 candidatos del MDM no quieren que nada se mueva en materia de política económica, e incluso hay un tipo de apellido Tafur que ha planteado declarar traidor a la patria a quien modifique la política económica. Los electores decidirán si desean que continúe la situación imperante derivada del fujimorismo o se modifique, orientando la economía hacia el bienestar de las mayorías.
Juan A. Cavero G.
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