lunes, abril 12, 2010

Incapacidad moral permanente para gobernar

Los nacionalistas han planteado una aguda pregunta: ¿cuántos peruanos más van a morir en el año y tres meses que resta para el fin del gobierno de Alan García teniendo en cuenta el tratamiento de los conflictos sociales que se ha repetido en estos años?

La pregunta es clave. Según la cuenta realizada por el partido de Ollanta Humala, son casi 70 muertos en 44 meses de gobierno. De los muertos de Bagua hemos pasado a los de Chala, sin haber aprendido nada. Y lo que es más grave, sin que el gobierno asuma su responsabilidad y comprenda que así no se puede enfrentar el malestar social creado por sus propias decisiones.

Pero hay otras interrogantes angustiosas en el Perú del 2010: ¿cómo puede construirse la paz social, necesaria para el desarrollo, en el clima erizado que crea la arrogancia presidencial? En el 2009, luego de la masacre de la curva del diablo, García dijo que los nativos eran “salvajes” y volvió a usar el término para referirse a los mineros artesanales. En otras ocasiones ha calificado de “miserables”, “cobardes”, “perros”, a los que luchan por sus derechos. Y ante el pedido de vacancia de su cargo formulado por los nacionalistas, ha comentado en burla que quisiera que lo hagan para poder volver a postular el 2011. Eso ha sido como ignorar que estamos hablando de personas muertas que para García no existen o no tienen importancia. Lo que aumenta la sensación de que el presidente polariza y alienta la confrontación, en vez de actuar como gobierno de todos los peruanos.

Esta actitud despectiva hacia los que menos tienen, reflejada en su serie del “perro del hortelano”, es tanto más chocante por la abismal diferencia de trato que el mismo presidente brinda a los representantes de la gran inversión, a los que les abre las puertas de palacio y le envía ministros y secretarios para “arreglar”. Mientras los representantes de las organizaciones sociales que tienen demandas que discutir con el poder político son mecidos y dejados de lado, el gobierno se luce al lado de la gente con dinero. Mientras la gente trabajadora y pequeña propietaria, exige ser parte del crecimiento y la riqueza producida en estos años, el gobierno los desprecia porque los considera fuera de su modelo económico. Este es, sin duda, un caldo de cultivo del conflicto social.

La otra interrogante clave es saber cuánta corrupción del poder puede aguantar un país que ya pasó por la experiencia nefasta del fujimorismo y por la etapa desalentadora de la transición post dictadura antes de llegar al gobierno actual de los petroaudios, las obras sobrevaluadas, las licitaciones amañadas, etc. Lo más grave de todo esto es que el gobierno pretende acostumbrarnos a convivir con la corrupción como si esta fuera inevitable. Un descubrimiento como el de las actividades de Rómulo León, Alberto Químper y Fortunato Canaán, hubiera traído en cualquier lugar un cambio radical en las relaciones políticas, pero en el Perú lo que se ha hecho por responsabilidad del gobierno García es interferir y bloquear las investigaciones, para ocultar a los implicados y borrar las huellas que llevan a la presidencia, y poder de esta manera mantener el ciclo de la corrupción que no ha amainado después del escándalo. Obras decididas por pura arbitrariedad (como el tren eléctrico), contra todo criterio técnico (como la segunda etapa de Olmos) o contra toda prioridad (como el nuevo Hospital del Niño, cuando no se han reconstruido los hospitales de Ica, Pisco y Chincha), demuestran que enormes fondos públicos se siguen manejando sin garantías y controles, con graves sospechas de mnal uso.

Además, ¿cuánto puede aguantar un país y un Estado el añadido al escándalo de los audios de los corruptos que arreglan los contratos públicos, el de la manipulación, alteración, borrado y desaparición de las pruebas incriminatorias de la corrupción? Lo que hoy está ocurriendo en medio de las mutuas acusaciones entre las instituciones del Estado: Poder Judicial, Ministerio Público, Policía, es consecuencia de la intervención de Alan García y su socio Jorge del Castillo, en las investigaciones para asegurarse que no les alcancen. Esto ha creado un escenario sin garantías para la administración de justicia. Los próximos meses bajo el gobierno de García aseguran que tendremos mayor corrupción y mucho menos posibilidades de caer sobre los corruptos.

Una pregunta final: ¿y un gobierno de las características del que preside Alan García puede ser uno que nos conduzca a elecciones limpias, sin perturbaciones el 2010 y el 2011? ¡Por qué lo sería si actúa como actúa frente a otros problemas? Hay declaraciones presidenciales que con descaro indican que no habrá neutralidad ni fair play de Palacio de Gobierno respecto a los resultados electorales. Pero además hay manejos arbitrarios de recursos públicos para proselitismo, utilización de los programas sociales, interferencia en la ONPE y la RENIEC y otros síntomas sospechosos.

El tema del Perú en abril del 2010 y después de la iniciativa nacionalista no es saber si hay los votos parlamentarios para vacar a García, o si, como se espera, la derecha, el fujimorismo, los tránsfugas y otros sectores lo blinden frente a las acusaciones por abusos contra los derechos humanos, corrupción y fraude, que saben que son ciertas, sino si el país se hace conciente del tipo de gobierno que tenemos. No extrañarse de los daños que va a seguir produciendo. No olvidar que en el 2006 todos sabíamos quién era Alan García, y en cuatro años lo que ha hecho es confirmárnoslo.

11.04.10
www.rwiener.blogspot.com

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