miércoles, abril 14, 2010

El dedo en el gatillo

La Defensora del Pueblo, Beatriz Merino acaba de hacer una advertencia para que el gobierno no responda a la paralización decretada contra el proyecto minero “Tía María”, con una nueva masacre. En resumen ha dicho que no se justifica el empleo de armas letales contra manifestantes desarmados, aún en el caso de una posible toma de la carretera Panamericana por los pobladores que se sienten amenazados por el proyecto de la Southern, que es lo que probablemente ocurra (¿de qué otra manera podrían hacer sentir su protesta?), remarcando que la pérdida de vida es un costo inaceptable para este tipo de conflictos.

Con estas palabras la Dra. Merino está reconociendo, implícitamente, que después de Bagua está totalmente claro que a este gobierno no se le puede dejar las manos libres para actuar contra los que reclaman contra las políticas de concesiones de territorios y recursos naturales, porque estando como está totalmente comprometido con las empresas extractivas y sometido a las presiones de la derecha que exige “orden” a sangre y fuego, tiende a “resolver” estas situaciones con costos sociales inaceptables. Y que por no decirlo de esta forma, es que pasó lo de Chala. Es, en realidad, lo mismo que Ollanta Humala ha querido remarcar con la pregunta que precede el pedido de vacancia de Alan García: ¿y cuántas muertes más habrá que esperar de aquí a julio del 20111, con un presidente que ya ha cobrado 70 vidas y no es capaz de resolver ningún conflicto?

Que Beatriz Merino plantee tan abiertamente su prevención sobre lo que está ocurriendo indica que el asunto es grave y no de mera “oportunidad política”, como piensa el analista que imagina que aquí todo el problema se reduce al nacionalismo queriendo radicalizar y ponerse a la izquierda de todos los opositores. Es obvio que todo lo que digan o no digan, hagan o no hagan, los candidatos en estos momentos va a tener consecuencias sobre su campaña, pero esto no cambia el problema de fondo: ¿qué nos hacemos con los muertos de Chala?, ¿nos acostumbramos a eso?, ¿reconocemos lo autoritario que puede ser García y ahí se acabó el tema, hasta las siguientes muertes?

Cuando la Defensora hace una advertencia tan rotunda, está, sin duda, llegando al límite de lo que le permiten sus funciones. Y un político, ¿qué es lo que debe hacer? No lo que se puede conseguir en el Congreso cuando no se tiene mayoría de votos, en los titulares de los medios cuando la mayoría son hostiles o en las encuestas, donde se sube y se baja sin explicaciones lógicas; sino en la actitud de principios que indique lo que uno haría en el lugar del actual presidente frente a situaciones como Chala, Bagua o Moquegua, y la sanción que corresponde a los que piden su voto al pueblo y luego disparan sobre sus votantes. Los que conocemos a Marco Arana sabemos que no toleraría la violencia contra la población civil, entre otras razones porque ha sido parte de las protestas.

Entonces ¿por qué se le hace tan difícil a algunos de sus asesores entender que no es admisible un presidente que ordena matar para abrirle paso a una mina o a una explotación petrolera, que sobre los muertos insulta a los que acaba de reprimir, y sigue como si nada caminando hacia la siguiente matanza?

14.04.10
http://www.rwiener.blogspot.com/

2 comentarios:

MINISTERIO DE SALUD dijo...

La presente es para compartir con usted la preocupación de su reportaje a la adjudicación para la construcción del nuevo Hospital del Niño. Que se que el tiempo le dará la razón en todo, revise su correo de LA PRIMERA ahí le llegara una informacion muy buena

Juan A. Cavero G. dijo...

Cuando fue reelecto García en 2006, un periodista empleado de los Miro Quesada, de apellido Álvarez, dijo que esa elección "no era un cheque en blanco". El muy tonto (o muy cínico) lo decía como una especie de disculpa, por haber dado su apoyo al "mal menor", ya que en la práctica sí existe el tal "cheque en blanco" para el presidente elegido, ya que no existe el mecanismo revocatorio para los cargos de presidente y congresistas, en el nauseabundo ordenamiento legal fujimorista, que sigue rigiendo. Si existiera ese mecanismo constitucional (como en la Constitución venezolana, que tanto disgusta a las "reinas"), García hace rato hubiera sido revocado, por voluntad popular, y no continuaría masacrando, ni burlándose de los reclamos populares.