Todas las violaciones juntas

Al presidente se le ha ocurrido interpretar que cuando la Constitución prohíbe a las autoridades con poder de decisión o de confianza, hacer huelga, es decir abandonar sus funciones y presionar por algún beneficio a su favor, a lo que se está refiriendo es a las huelgas, paros y movilizaciones que organizan las poblaciones y los gremios en las regiones, provincias y distritos, y a las autoridades que marchan junto a sus pueblos o que se expresan en solidaridad. Presidentes regionales y consejeros, alcaldes y regidores, e incluso congresistas, han sido incorporados a los alcances de esta truculenta norma, que los hace pasibles de delito de “extorsión”, si es que no se dejan extorsionar por el gobierno que les exige abstenerse frente a las demandas de sus pueblos.

Se le ha venido también las ganas de decretar que la manera de respaldar a la policía y las fuerzas armadas para que respondan a sus órdenes, es eximirlos de responsabilidad cuando disparan sobre las protestas, no importa si causan muertes o heridos, o si intercambian balas contra piedras y tomates. De esta manera todo el edificio de los robocops de Santa Anita se viene abajo, y ya no se sabe porqué fueron tan felicitados y tomados como modelo por reducir la violencia represiva, cuando el principio alanista actual es que no hay culpa por los asesinatos, cuando se hacen para defender al gobierno.

Claro. Según la versión oficial, esto nada tiene que ver con los acontecimientos de las últimas semanas, y en el Perú todos cantamos en la ducha con Chayanne. El presidente que fue a Trujillo a llamar a sus partidarios a enfrentarse a los comunistas, que serían todos los de las protestas, que insultó en todos los tonos a los maestros huelguistas y que dijo hace poco que no lo afectan las marchas ni las encuestas, ha mostrado tener suficiente cabeza fría como para empeorar rigurosamente la cosas que su primer ministro y otros miembros de su gobierno tratan de componer.

Ahora estamos en lo de la ley de la mano dura, que bien podríamos denominarla de la cabeza dura, que está arrasando en un solo acto una cantidad de derechos como no se veía en mucho tiempo: huelga, movilización, opinión, expresión, organización, derecho a la vida, a la integridad personal, a la seguridad, etc. Todas las violaciones juntas en un sólo paquete, lo que significa un verdadero récord. Y lo hace un gobierno que se dice democrático y que hace unos días sermoneaba muy seriamente de que para empezar el diálogo se deben levantar las huelgas.

Debemos creer que Del Castillo sabía de lo que se venía cuando le exigió a Arequipa, Andahuaylas y el SUTEP establecer unas mesas post huelga para discutir sus reivindicaciones. Es como haber cedido parcialmente, para despejar la calle antes de llenarla de minas y caza bobos. En verdad es todavía un misterio llegar a saber que está buscando el gobierno del crecimiento y la inversión, con este tono de matón antiprotestas. ¿Creerá que puede intimidar y contener los movimientos por algún tiempo, hasta que llegue la hora de que su política distribuya un poco mejor por generación espontánea? ¿No se ha dado cuenta que si reduce la presión social, las empresas que ganan mucho dinero se sentirán aliviadas y precisamente por eso no redistribuirán nada, como ha ocurrido en 17 años? ¿O es que estas leyes se hicieron directamente en la CONFIEP?

23.07.07
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