La lucha amazónica no ha terminado

Cada gabinete que se inaugura en el Perú ofrece que atenderá las demandas, pero que no permitirá que se viole la ley, que significa decir que justamente a ellos no les bloquearán la carretera. Eso es lo que afirmó Velásquez Quesquén al comienzo de su período en la PCM y lo repitió el general Salazar que antes vivió los dos moqueguazos. Pero ocurre que esta semana la población de Chincha y de otras de la zona del desastre del 2007, le cerraron la Panamericana al gobierno, sin que los ministros atinaran a hacer nada, tanta es la vergüenza que el gobierno mantiene respecto a sus incumplimientos con la gente. La pregunta es, por supuesto, y si no salieran a bloquear, a interrumpir a incomodar, ¿cómo se interpretaría la cosa?, más aún ¿cómo se presionaría para que se haga algo después de dos años de desidia y experimentos con el sufrimiento de las personas?

Hay una verdad definitiva: si Velásquez ha hablado de una gran cantidad de compromisos firmados por sus predecesores que asegura que honrará, de lo que está hablando en realidad es de aquellos sectores que han tomado parte en los conflictos más intensos de los últimos meses y años, en los que regularmente se tomaron carreteras antes de sentarse a negociar y firmar actas. Para muchos la lectura de este detalle es que no se puede lograr ni siquiera dialogar y menos solucionar las demandas sino es con un mayor o menor grado de presión social. Eso lo sabían de sobra los nativos que en agosto de 2008, le impusieron al gobierno una seria derrota al forzar una votación en el parlamento que echó abajo dos de los decretos legislativos más repudiados en la Amazonía. En esa oportunidad hubo bloqueo y resistencia, lo que generó una mayoría eventual en el Congreso que ganó la votación por la derogatoria con la oposición del APRA.

Eran, sin embargo, doce los decretos sobre selva y comunidades que eran cuestionados. Y si el gobierno creyó que los indígenas se iban a quedar ahí nomás, en un triunfo más bien simbólico, estaba totalmente equivocado. ¿Se necesitaba adivinar para saber cómo iba a ser la segunda gran lucha? Era obvio que los nativos saldrían de sus pueblos hacia la zona urbana, a ocupar las carreteras y las zonas de paso de los ríos, creando dificultades a la circulación, hasta que sus demandas fueran atendidas. Es lo que hicieron durante más de 50 días, sin enfrentarse, sin sobrepasarse. Ciertamente crearon una situación difícil en las ciudades por el desabastecimiento y un enredo con el transporte, pero toda protesta consiste en llamar la atención y presionar para hallar soluciones.

Pretender que la “violencia” que estaba representada en los nativos posesionados de diversas carreteras, administrando los pasos por horas y tipos de vehículos, y la exhibición de las lanzas que acompañan regularmente a los indígenas selváticos, de alguna manera justificaba que aplicar toda la fuerza represiva: bombas lacrimógenas, armas de fuego de corto y largo alcance, medios aéreos y tanquetas, para desalojarlos, es una tremenda falacia. Lo que pasó el 5 de junio de 2008, no fue que el Estado quiso restablecer la ley que impide los bloqueos, sino que el gobierno, y en particular el presidente, trataron de quebrar y diezmar el movimiento amazónico, para mantener las repudiadas leyes de la selva. Por eso es que toda la población de las dos Bagua, Jaén y otras ciudades cercanas se solidarizó con los indígenas y siguen repudiando la decisión del gobierno de Alan García.

El 5 de junio, el gobierno le cambió el carácter a la lucha amazónica que apuntaba a rechazar los elementos de perturbación de sus formas de vida y producción que se reflejaban en los decretos legislativos, y la convirtió en un deslinde político acerca de si se puede gobernar desconociendo los derechos de estas poblaciones. La sangre derramada ese día brotó de la barbaridad de querer imponer los decretos y burlarse de la gente con los artículos del Perro del Hortelano; de la irresponsabilidad de maniobrar para evitar decisiones a pesar de existir una enorme presión social, lo que se consagró el 4 de junio en el Congreso cuando se envío el tema de los decretos a una comisión de diálogo que ya no funcionaba; y de la temeridad de querer sacar a los nativos de la carretera a punta de bombas y tiros lanzados de sorpresa.

Es por eso que resulta tan fuerte el contraste entre la denuncia del juez que responde al gobierno y ha abierto proceso a Pizango y decenas de nativos y pobladores urbanos, como si ellos hubieran “instigado” los enfrentamientos que empezaron del lado de la policía por órdenes del gobierno y cómo si los dirigentes hubieran dirigido los actos específicos que llevaron a la muerte de los policías, y la denuncia fiscal contra los jefes policiales que demuestra que las cosas ocurrieron exactamente al revés y si se escaparon de control fue por la falta de previsión del gobierno sobre lo que podía pasar si disparaban contra los nativos.

Hay que decir una cosa final: la lucha amazónica no ha concluido. El primer ministro debe tenerlo muy presente para evitar que la tragedia se repita y se amplifique. Es la inmensa responsabilidad que ha heredado del fracasado gabinete Simon.

16.08.09
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