Alan García llevó ante su juez favorito, Hugo Velásquez del
Quinto Juzgado Constitucional, un pedido de 262 páginas para que declarase nulo
el acto soberano del Congreso de debatir el primer informe de la Megacomisión
(Narcoindultos) y escapar finalmente de la posible acusación constitucional que
pesa sobre su cabeza.
Sobre ese punto, que le pedía enfrentarse con el Congreso,
Velásquez ha escrito en su última resolución: “no corresponde a este Juzgado
emitir pronunciamiento sobre la actuación del Pleno del Congreso el cual habría
aprobado un primer informe en contra del actor, sin tener en cuenta la
sentencia dictada en el proceso”. En otras palabras García no podía llegar tan
lejos como para llevar al juez a cambiar de demandado. Por ese lado el ego
colosal sigue en capilla.
Pero el problema se había agravado porque el 24 de julio, la
I Sala Civil había anulado la decisión Velásquez del mes de marzo, cuando se
fue con todo y anuló la nueva citación y sesión de octubre de la Megacomisión,
y forzando hasta el extremo las cosas, también lo hizo contra los informes de
investigación por suponerlos subsecuentes con los hechos anulados.
La I Sala negó fundamento a cada uno de estos puntos y sobre
los informes dejó sentado: “no resulta razonable ni prudente que (el juez) declare la
nulidad de un informe o documento que ni siquiera ha visto ni le consta su contenido atendiendo a la relevancia de esta
decisión, por lo que amerita que se anule la recurrida también por este motivo”.
Así estaban las cosas cuando
Velásquez tenía que volver a pronunciarse. No podía salvar a García de las
decisiones del pleno y otras instancias congresales, pero sí podía tomar el
camino, a lo Malzon Urbina, de declararse en rebeldía y apostar a la confusión diciendo
que estaba aplicando “estrictamente” la orden de la I Sala, cuando la estaba
volteando en su contenido.
Los tres puntos que
estaban anulados: citación y reunión de octubre, informes; son los mismos sobre
los que ha vuelto a resolver Velásquez como si estuviera haciendo algo nuevo. Y
de inmediato, como para que se sepa de donde viene la cosa, los abogados de
García han corrido a la prensa amiga, que es casi toda, para que digan que se
“anularon” los informes, se fundió Tejada y se salvó García de responder por
sus delitos.
Cosa más grande.
Velásquez ha usado su poder discrecional más allá de lo permitido, intentado
asegurarse con la fórmula de que como ya no hay Megacomisión, ya no existe
quién litigue y el caso pasa al archivo. En realidad está tratando de escapar a
sus responsabilidades como administrador de justicia. Tal vez dentro de poco,
Velásquez esté en el grupo de abogados de García, como el fiscal Mateo
Castañeda se sumó al de su colombroño, el mudo. Pero lo esencial es que el juez
Velásquez ha inscrito su nombre como un promotor de impunidad.
04.09.14
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