Crimen agravado

Suavemente el fiscal Pablo Sánchez, ha propuesto rebajar la prisión efectiva a Fujimori de alrededor de 15 a 17 años (con los beneficios recortados y el tiempo de carcelería cumplido) a 4 o 5 años (con la aplicación de todos los beneficios), con el sencillo expediente de variar la acusación por “secuestro agravado” por la de “secuestro simple”.

El argumento pretende ser jurídico: “tanto Gorriti como Dyer fueron secuestrados en 1992 y llevados al Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), y fue con pleno conocimiento de Alberto Fujimori, pero no fueron sometidos a tratos crueles, no sufrieron el empleo de la violencia física, no hay indicios de que su integridad haya estado en peligro latente…”.

Pero en la enmarañada legislación peruana que jerarquiza de manera subjetiva y anárquica la gravedad y la penalidad de los hechos, es evidente que el fiscal Sánchez tiene que saber que está decidiendo sobre una cuestión crucial. Lo que agravaba los secuestros ocurridos en el contexto del golpe de Estado, es que los ejecutaba el poder político militar de esos días, que podía disponer de la vida, los bienes y la libertad de las personas, amparado en la fuerza que se había impuesto a las instituciones.

En esa misma situación se produjeron la tercera matanza de los penales, el crimen de La Cantuta y otros. Pero como no se puede sancionar estas muertes con la dureza que merecen, porque la ley no ha previsto ninguna excepción o recorte de beneficios para los asesinos, pero sí para determinado tipo de secuestradores, narcotraficantes y ha borrado todo beneficio para los procesados por terrorismo.

Sánchez sabe que es todo el paquete se sanción en los márgenes que permite un proceso especial como el que se sigue contra el ex presiente, lo que está en juego. Y que su deber como parte acusadora era sostener lo que con claridad y coraje planteó el fiscal Avelino Guillén durante el juicio de primera instancia.

El frente común de la fiscalía con la parte civil se ha roto por la opinión de Sánchez, que ha decidido caminar hacia una solución de compromiso con la defensa del acusado, que podrá decir después que le arrancaron un triunfo a una justicia que afirman está confabulada contra ellos. Dirán, como en los casos de corrupción, que rechazan el proceso y a sus juzgadores, pero que aprovechan sus retrocesos.

De hecho lo que está quedando del juicio histórico contra Fujimori es cada vez más insatisfactorio. Comenzó en los dos juicios sobre corrupción en los que Nakasaki orientó a su defendido a aceptar los cargos, para evitar los procesos y la presentación de pruebas, para luego declarar que se allanaba porque no creía que habría justicia. Ha sido seguido por la capitulación del fiscal Sánchez.

Falta saber si la sala de Duberlí Rodríguez mantendrá no sólo formal, sino efectivamente, la severidad con la que se pronunció la sala de primera instancia en los casos sobre derechos humanos, o si termina reforzando la tendencia a ablandar la sanción final contra Fujimori. El país está atento,.

24.11.09
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