Ahora sí, que viva el voto tarado

En las elecciones de 2006 los peruanos éramos una mancha de electarados que debíamos ser sometidos a un tratamiento de shock y a una dosis elevada de vacunas periodísticas para que nuestro voto no diera el resultado que tanto temían los medios de derecha, que eran todos los medios en el país.

En el debate sobre el TLC, Aldo M. y su pandilla, estaban absolutamente en contra de someter este acuerdo a una consulta popular (referéndum), porque los asuntos “técnicos” no deben votarse y por las tonterías que podríamos hacer, como por ejemplo pronunciarnos en contra del dichoso documento de Toledo-Ferrero, muy a pesar que entre muchísimas cosas que podrían afectar nuestras vidas e instituciones dentro de su texto se encuentra una explícita cesión de soberanía de la justicia peruana ante tribunales internacionales, para que ellos se encarguen de dirimir controversias de comercio entre el Estado y las empresas privadas, que es de lo que hemos venido hablando.

Algo semejante se ha dicho sobre la propuesta de Asamblea Constituyente, para poder resolver democráticamente el tipo de país que los peruanos queremos ser, al margen de imposiciones golpistas como las del 92-93, y las pretendidas “reformas” que vienen ensayándose desde el 2000, sin participación de la gente. ¿Y qué tal si por el voto los peruanos y peruanas decidían algo tan loco como devolverle capacidad empresarial al Estado, autorizar la revisión de contratos firmados entre el Ejecutivo y las grandes empresas?, ¿o dotar de medidas de protección al empleo?

En las recientes elecciones regionales y municipales ha vuelto a demostrarse, además, que cuando los directores de los diarios y los conductores de programas de televisión se descuidan, no están atentos a la trayectoria de cada candidato, y no nos vacunan a tiempo, se producen casos como los de Puno, Arequipa, Ancash, Cusco y otras regiones donde se han elegido presidentes que tal vez sean peores que Humala.

La idea de una democracia tutelada por los medios ha estado circulando a lo largo del 2006. Sin embargo a pesar de los múltiples riesgos que implica dejar votar libremente a la gente, acabamos de escuchar al ministro Rey recogiendo la idea del director de “Correo”, que propone someter a referéndum el retiro del país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí sí, que los electarados resuelvan, y que “lo técnico” se vote sí o no.

Y toda esta inconsecuencia basada en la seguridad que la campaña de prensa de estos días nos ha condicionado lo suficiente para aceptar verdades tan evidentes como que:

- La Corte Interamericana ha querido darle plata a la subversión y agregarle un homenaje a los senderistas, por fregar a los peruanos;
- Es una traición al Estado reconocer que durante el tiempo de Fujimori se cometieron crímenes de lesa humanidad (Castro-Castro, La Cantuta, Santa, etc.) y que nadie tiene que responder si los muertos era senderistas o podían serlo;
- Los familiares de los terroristas, son terroristas, mire usted la foto donde protestan porque están matando a sus parientes;
- Los que murieron en condición de inculpados, son también terroristas, y siempre es mejor un posible inocente muerto que un posible terrorista vivo;
- La CIDH no sirve para nada, y nadie que no sea pariente de un senderista, está protegida por ella;

Entonces si ya nos han convencido de todo esto, qué mejor opción que hacernos votar con una de esas preguntas Chichi, que concentran toda la inteligencia que la derecha peruana puede producir:

- ¿Está usted de acuerdo que el Perú se retire de una Corte de Justicia extranjera que quiere homenajear y dar a los terroristas que nos costaron 5 mil millones de dólares, habiendo tantas necesidades irresueltas en el país y habiéndose establecido un plan de austeridad en el Estado?

Pero, aún con una pregunta idiota, no deberían tener tanta confianza en que el país les vaya seguir en sus propósitos. Lo que ha probado la experiencia es que se puede frenar una tendencia del voto (como pasó hasta cierto punto con Humala), pero que es mucho más difícil inducir a votar por lo que los medios quieren (como pasó con Lourdes)

Hay una gran cantidad de argumentos para colocar en un debate serio sobre derechos humanos, lucha antiterrorista y responsabilidades del Estado, que Aldo y sus congéneres están pasando por alto. Por ejemplo:

- Que la corte no es extranjera sino supranacional, lo que significa que el Perú está representado en ella, a través de jueces y asesores nombrados en el país;
- Que, dentro de ella, el Estado peruano ha ejercido en todo momento su derecho de defensa frente a las acusaciones formuladas en su contra;
- Que en el Perú se han violado muchas veces los derechos humanos de las personas, dejándoles como única alternativa la instancia supranacional;
- Que la CIDH ha resuelto en casos como los de los jubilados, trabajadores despedidos, personas injustamente detenidas, ejecuciones extra judiciales, desapariciones, etc., es decir que existe una diversidad de derechos protegidos por esta institución;
- Que también lo ha hecho en el caso de procedimientos autoritarios como el de los magistrados del Tribunal Constitucional destituidos, el retiro de la nacionalidad de Ivcher, el de Delgado Parker (que se presentó como víctima de un despojo), etc.
- Que en el caso de los muertos del penal Castro-Castro, el Estado peruano ha reconocido que hubo un crimen de lesa humanidad ejecutado por agentes estatales y digitado desde las más altas esferas del poder;
- Que eso señala responsabilidad en el gobiernote Fujimori, que en mayo de 1992 era una dictadura cuyas decisiones estaban concentradas en la presidencia y su principal asesor;
- Que en nada minimiza el crimen alevoso el hecho que algunos de los muertos fueran dirigentes de Sendero Luminoso, y tal vez lo haga más grave porque supone adicionalmente un abierto desacato a la justicia que había determinado la pena que le correspondía a esas personas;
- Que de 42 muertes, sólo 14 se produjeron en los primeros momentos de resistencia con los medios que se improvisaron por parte de los presos, ya nunca tuvieron armas en sus manos. Luego se produjo la rendición, que es cuando se realizan los asesinatos selectivos;
- Que de estos 42 muertos, sólo 8 estaban con sentencia, lo que quiere decir que no se habría probado la condición de subversivos de la gran mayoría. De los sobrevivientes, la mitad fueron declarados inocentes, y por lógica probablemente muchos de los ajusticiados eran también inocentes;
- Que la función de la CIDH es resolver sobre casos presentados, por lo que no cabe la figura del “olvido” del suboficial caído en la fase de enfrentamiento, como pretende cierta prensa. Y si existen beneficios incumplidos para sus familiares como se dice, eso ameritaría recurrir a la corte para exigir su cumplimiento;
- Que la Corte nunca resolvió que el Estado debía “homenajear al terrorismo”, sino la obligación de realizar “un acto público de reconocimiento de su responsabilidad”, que es una cosa totalmente distinta. Toda la discusión sobre este asunto es artificial y se debe a que desde el presidente para abajo mucha gente ha opinado sin leer la sentencia;
- Que en el orden del día de la Corte está el de las matanzas de El Frontón y Lurigancho en 1986, por órdenes de Alan García, a lo que el grandote ha estado queriendo escapar con el pretexto de la pena de muerte y ahora con el del “polémico fallo sobre el caso Castro-Castro”.

¡Qué importante sería realmente para el país poder discutir en condiciones de mínima equiparidad estos asuntos que nos competen de manera directa y que tienen que ver no con Sendero, sino con las relaciones entre nosotros, como lo prueban los titulares de estos días!

También sería fundamental escuchar las opiniones que no se conocen: (a) las de los familiares de los muertos, que expliquen los pasos se siguieron hasta llegar a la Corte, y saber quiénes son estas personas a las que se ha tildado de terroristas; (b) los sobrevivientes, especialmente los que fueron después declarados inocentes; (c) las autoridades peruanas que representando al Estado se allanaron a reconocer que hubo delito contra los derechos humanos, a los que se ha definido como “traidores”; (d) los miembros de la Comisión de la Verdad que investigaron el caso y fueron los primeros en calificar la existencia de un delito; (e) los jefes de la operación “Mudanza I” que saben cuáles fueron las órdenes impartidas sobre el trato que se debía dar a los presos; (f) los peruanos que han recurrido a la Corte para llevarle casos de derechos humanos y que saben como funciona este organismo para resolver las demandas.

Finalmente es urgente colocar en el debate la estrategia anti-subversiva del Estado y sus efectos sobre la democracia y los derechos humanos, y redefinir la posición del país ante el régimen de Alberto Fujimori, las violaciones de derechos humanos y la corrupción, frente a la verdadera traición que es la de García abrazado a Rey, Kuori, Keiko y demás personajes de la dictadura.

04-01-07

www.rwiener.blogspot.com