Están equivocados todos los análisis sobre los seis primeros meses del actual gobierno. Nada que el presidente está medio loco o que tiene una estrategia maquiavélica para capturar las instituciones, como han venido discutiendo varias semanas los sicólogos políticos y los sociólogos de coyuntura. La variable que nadie ha puesto a la discusión, porque no la vieron, se resume en dos palabras: Velásquez Quesquén.
Como lo ha oído. Hemos estado semanas discutiendo sobre el retiro o no retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos creyendo que este era un objetivo gubernamental y de pronto nos enteramos que el señor Velásquez Quesquén, coordinador de la bancada del APRA en el Congreso, el ministro de la producción Rafael Rey, el secretario general del APRA, sólo representaban su opinión personal cuando hablaban del retiro –total o parcial- de ese organismo, mientras que el presidente estaba convencido que debíamos seguir dentro.
Todos escuchamos al señor García Pérez decir que los fallos indignantes de la CIDH no se acatan; que habían mil 200 terroristas haciendo turno para sacar una sentencia a su favor que iba a llevar al Estado a la quiebra (o sea de lo único que se ocupa la Corte es de terroristas); que el señor Baldeón asesinado en 1990 cuando lo interrogaban en una base militar era también terrorista y que su caso, resuelto en febrero de 2006, “acababa de llegar a manos del presidente”, etc. También lo vimos convocar a las masas de Kuori y Moyano hasta el patio de Palacio de Gobierno y arengarlos por la pena de muerte, sabiendo que somos suscriptores de un tratado internacional que nos impide reinstalar dicha pena, que es el mismo que creo la Corte de Derechos Humanos, y que tendríamos que renunciar a dicho fuero para volver a activar los pelotones de fusilamiento.
Entonces: ¿cómo es que llegamos a dudar que García se iba a someter a la Corte, como cualquiera se somete a un tribunal de justicia y de dónde salió esa especulación tenebrosa de que se repetiría el ridículo internacional que protagonizó Fujimori en 1998 cuando dijo que se retiraba parcialmente para los casos de terrorismo y dejó que los procesos siguieran agobiando al Estado peruano? ¿Acaso no estábamos enterados que el ciudadano García Pérez había circulado varias veces por esa Corte y su Comisión adjunta, dónde se tratan puros casos de terroristas, para que viera lo de la prescripción de los procesos que se le seguían por delitos contra el patrimonio durante su primera gestión y su regreso al país para volver a postular a la presidencia?
Claro que el doctor García no cobró las indemnizaciones que le otorgaron porque el no necesita dinero para vivir. Pero ese no es el punto, sino que él, a diferencia de Velásquez Quesquén y otros, es hincha de la Corte, aunque esta a veces se equivoque y la corrija amablemente.
Lo mismo con el caso del antejuicio a Toledo por aceptar ante la Corte que la matanza de presos rendidos en 1992 era una violación de derechos humanos, que por supuesto fue una idea de Velásquez Quesquén que la lanzó en el patio de Palacio en compañía de Mulder, después de reunirse varias horas con el presidente, con el que no trataron nada sobre este tema. Pura iniciativa del buen Javier, cuando Alan García quiere tanto a Toledo que tiene a varios de sus antiguos ministros y funcionarios al lado suyo, y ya está buscando otros.
No será, digo yo, que uno de estos días nos enteramos que lo de la pena de muerte y el referéndum para saber si matamos terroristas, violadores y otro material desechable, era una campaña de Velásquez Quesquén y el presidente nunca dijo nada sobre esto.
Y que lo de las ONG, también salió del cerebro del coordinador de la célula del APRA en el Congreso.
Tal vez haya sido Velásquez Quesquén disfrazado el que bailó en Ventanilla e hizo esos gestos de estreñimiento, propio de las ideas políticas que ha estado expresando últimamente.
Y debe ser él, quién le ha otorgado un aire de demasiado fujimorismo al régimen de los seis meses por eso de andarse abrazando con Santiago, Keiko y las Marthas.
Ustedes creían que el problema era evaluar al presidente. No señor, el problema era Velásquez Quesquén. Por eso por estos días lo tienen paseando por China, mientras el presidente está aclarando los equívocos de la última crisis política y los sabios del partido van viendo que hacer con él.
31.01.07
1 comentario:
Un aspecto que no se ha comentado acerca de la propuesta mortícola de García es el siguiente: para justificarla, esgrime el artículo 140º del engendro constitucional fujimorista de 1993, que establece pena de muerte por traición a la patria en caso de guerra, y por terrorismo. La Constitución de 1979, en su artículo 235º, establece la pena de muerte sólo por traición en caso de guerra exterior. Por tanto, García reconoce como válida la Constitución de 1993 y nuevamente traiciona, como es costumbre, su promesa electoral (y la propia memoria de su jefe Haya), de reconocer como legítima la Constitución de 1979.
Publicar un comentario