Están por cumplirse 20 años de la privatización parcial de
Petroperú y del despido por paquetes de decenas de sus trabajadores. En Talara
hay un grupo de 85 trabajadores que han mantenido su exigencia de reposición de
1996, en que fueron echados a la calle, cuyo caso llegó a niveles
internacionales. La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos recibió el caso en el mismo año 96 y lo
numeró como el proceso 11.602
Desde su ingreso a esa instancia, el reclamo fue sometido
reiteradamente a mecanismos de conciliación y arreglo amistoso, que los
representantes del gobierno peruano y los altos funcionarios de Petroperú
evadieron o intentaron reducir a una transacción económica por una mínima parte
de lo adeudado, negando la posición mayoritaria de los despedidos de volver a
su puesto, por considerar que no eran “aptos” para volver a trabajar en la
empresa. Este desencuentro se volvió sistemático y ha atravesado a sucesivos
gobiernos, algunos de los cuales quisieron hallar solución, encontrándose con
el duro escollo de la burocracia empresarial que funciona como si la empresa
petrolera fuera de su propiedad.
En septiembre de 2009, se abre una esperanza con la creación
de una Comisión Especial para el caso encargada de encontrar una solución
amistosa entre las partes. Esta Comisión trabajó en la última etapa del
gobierno de García y en los primeros años del de Humala, y no llegó a nada, a
pesar de los múltiples esfuerzos por lograr alguna salida. A mediados de 2013,
se dan por terminadas las negociaciones cuando se anuncia que no habrá
reposiciones y que las compensaciones que se ofrece pagar son muy inferiores a
las indemnizaciones adeudadas.
Entre el 2013 y 2014, la Comisión Interamericana canaliza
sus últimos esfuerzos para un acuerdo y se formalizan los documentos de la
representación de los peticionarios y de la Comisión gobierno-empresa, que
agotan el procedimiento de solución amistosa. En mayo del 2015, la Comisión
Interamericana anuncia que ha concluido su informe de fondo sobre el caso 11.602,
después de lo cual la Corte de Derechos Humanos de Costa Rica deberá judicializar el caso y concluir en una
sentencia ante la terca intransigencia de los mandamases de Petroperú que
tienen cualquier cantidad de años en la empresa, sueldos elevado y múltiples
privilegios, a los que se aferran, pero que son insensibles al dolor y
postergación de sus excompañeros de trabajo abandonados a su suerte varios de
los cuales han muerto en el vía crucis del reclamo contra el despido
arbitrario.
Las instancias internacionales a las que se tiene que
recurrir cuando no hay justicia dentro de las fronteras, es un factor positivo,
aunque sufra de lentitud, precisamente por el esfuerzo de no aparecer
impositiva ante los Estados soberanos que reconocen su jurisdicción, pero
muchas veces resisten sus recomendaciones y se irritan por sus sentencias.
Esperemos que el caso de los trabajadores de Petroperú se resuelva lo más
pronto posible.
09.06.15
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