Durante la campaña de 1990, el candidato
Fujimori no sólo se comprometió al no shock, sino que también aseguró en la que
sería otra de sus grandes mentiras: que no privatizaría Petroperú, empresa que
definió como “de todos los peruanos”, que “ya sabemos quienes la comprarían” y
porque su venta podría traer muchos males como el encarecimiento de los
combustibles e “incluso desabastecimiento”. En 1992, el ministro de Energía,
Jaime Yoshiyama, suscribió una carta cuyo texto había sido elaborado por el
Banco Mundial, comprometiendo la venta fraccionada de Petroperú hasta la total
desaparición de esa empresa.
Un año después otro ministro anunciaría un
debate técnico para decidir el destino de Petroperú. Para entonces ya se habían
vendido los grifos, la empresa del gas y los buques de carga, que eran
altamente rentables. Pero aún así el ministro Hokama defendería ante un
auditorio en pie de rebelión la decisión de trozar la mayor empresa del país en
aras de crear un “mercado competitivo” de los combustibles. Fuera del auditorio
en el que se dio este debate que el gobierno nunca escuchó, se recogían los
resultados de diversas encuestas en las que la mayoría absoluta del país
rechazaba la venta (en 1996, las cifras indicaban 65% de oposición a la
privatización).
Pero el gobierno no sólo ignoró a los técnicos y
a la voz de la calle. Cuando empezaron a reunirse cientos de miles de firmas
para un referéndum sobre la venta de Petroperú, el Congreso encabezado por
Martha Chávez determinó que para este caso no cabía la consulta porque se
trataba de una “materia presupuestaria”, como si no fuera un asunto
eminentemente político y de diseño del desarrollo. En mayo de 1996, el ministro
de Trabajo, Jorge González Izquierdo, por entonces militante del PPC, nombrado
a la vez para el cargo de presidente de la comisión de las privatizaciones,
COPRI, declaró que “Petroperú se venderá, le duela a quién le duela”.
Le iba a doler, claro que sí, a la población en
sus bolsillos porque los precios de los combustibles volarían hasta el punto de
indignar al propio Fujimori; al Estado, porque los ingresos que generaba
Petroperú disminuyeron a un mínimo luego que se vendieron los campos petroleros
y la principal refinería (La Pampilla) y eso que no llegaron a rematarlo todo
porque dudaron y creció la oposición política y social al despropósito. Sufrió
el país, porque el desarrollo petrolero quedó entrampado por la falta de
inversiones que era el objetivo de la venta. Los pozos se han ido secando sin
que se abran nuevos campos. Asimismo la refinería más grande del país ha
envejecido y a Repsol no le queda sino venderla. La privatización no creo ni
competitividad, ni mayor oferta petrolera, ni mejora tecnológica o ambiental.
Pero aún sigue teniendo chillones defensores en muchos medios
27.04.13
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