La difamación

En el año 2003, el gobierno de Toledo dictó la Ley 27943, Ley del Sistema Portuario Nacional, que crea la Autoridad Portuaria Nacional (APN), a la que define como un “organismo descentralizado encargado del sistema portuario nacional”, al lado del cual el ministerio era el ente normativo y la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU), la administradora de los puertos de titularidad pública. “Encargarse del sistema”, era un eufemismo para referirse a la organización y conducción de los procesos de concesión de los puertos nacionales, que es lo único diferente de normar y administrar, y que es a lo que se ha dedicado principalmente este nuevo organismo.

En el reglamento de la ley, publicado en febrero del 2004, están definidas las características del directorio de la Autoridad Portuaria y la duración del mandato de sus miembros. El artículo 118, señala: “la designación de los miembros del directorio de las Autoridades Portuarias es por 5 (cinco) años, improrrogables…”. Lo que se complementa con algunas disposiciones transitorias, en las que se escalona el tiempo de duración de cada uno de los representantes del primer directorio, para que vayan cambiando a través del tiempo, hasta la entrada en plena vigencia del artículo 118. Pero se exceptúa al primer presidente del directorio, designado para cinco años.

El primer presidente de la APN fue José Luis Guerola Lazarte, cuyo mandato improrrogable vencía el 23 de marzo del 2009. Pero este señor renunció apenas un año y diez meses después de su nombramiento y Toledo tuvo que reemplazarlo, para lo cual recurrió a otro miembro del directorio, el almirante Frank Boyle, que representaba al sector Transporte y según el reglamento debía cesar en dos años. Al convertirse en presidente de reemplazo, su tiempo en la función se extendió hasta completar el período de Guerola, lo que coincidía además con una duración de cinco años en el directorio, tiempo máximo de acuerdo a la norma vigente.

En marzo del 2009, el país y la región de Piura estaban conmovidos por la decisión gubernamental de privatizar el puerto de Paita. El almirante Boyle quedó colocado en el centro de la tormenta. Fue entonces, que el congresista Negreiros escribe una carta al ministro Cornejo recordándole que el presidente de la APN iba a cesar en el cargo en los siguientes días y su mandato no era prorrogable. Por supuesto Cornejo no hizo ni dijo pío, dejó correr el tiempo y consumó otra de sus faenas históricas contra el interés nacional. Recién el 2 de abril con Boyle varios días en el limbo, pero ejerciendo aún el cargo, y con Paita ya transferida, el gobierno emite la Resolución Suprema Nº 010-2009-MTC / 02.04.2009, que nombra al nuevo presidente del directorio por cinco años, que oh! Sorpresa, era nuevamente el almirante Boyle, en abierta violación del reglamento.

Yo escribí ese mismo mes que el almirante se había entornillado ilegalmente en el cargo para favorecer la privatización prochilena de Paita. Por eso una juez que seguramente no sabe cuál es el reglamento del que estamos hablando y la historia de la empresa que ganó el concurso y sus lazos con el grupo chileno Von Appen, me ha citado para condenarme por difamación esta semana.

13.06.10
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