El presidente y Rey

Como si se tratara de un pisco marca 7.9 para conmemorar un terremoto, el ministro Rafael Rey ha vuelto a demostrar su especial sentido del humor negro proponiendo el 17 de mayo, la fecha del ILA (inicio de la lucha armada), como el día para celebrar la victoria militar sobre el terrorismo y recordar a las víctimas de la violencia. Y como la anterior vez, la “idea” de Rey ha sido vapuleada por medio mundo, incluidos lo voceros de su propio gobierno.

Pero este tipo capaz de reclutar a Mercedes Cabanillas para la reserva militar activa del país y terminar mandándola al hospital por un misil que explotó antes de dispararse; que hizo desfilar tanques chinos prestados para ganar adhesiones del país para un negocio decidido personalmente por el presidente García al margen de los informes técnicos del Ejército y con la misma cara anunciar la suspensión de la compra por “cambio de prioridades”; se ha pasado casi los cuatro años de gobierno en puestos de ministro que no tienen nada que ver uno con el otro y para los cuales no tenía la más elemental preparación, y una breve temporada como embajador donde demostró que tampoco sabe de diplomacia.

Indudablemente, Rey es, por algún motivo, que nada tiene que ver con cualidades personales, un aliado importante para Alan García. Algunos piensan que hace de puente con Cipriani y que es el monseñor el que ha convencido al presidente que mientras Rafael esté a su lado, tendrá ganada la bendición para su gobierno. Otros ven una triangulación más compleja que incluye el papel siempre intrigante del almirante Giampietri dentro de la actual estructura de poder, los lazos con Kouri, etc. Esto no es exactamente fujimorismo, sino militarismo y clericalismo conservador, con los que Fujimori trabajó durante su gobierno, pero que representan un núcleo con suficiente poder como para negociar con Lourdes cuando iba en ascenso y con García cuando los convenció que haría un gobierno claramente hacia la derecha.

Hoy Rey está llevando adelante una campaña furiosa contra los organismos de derechos humanos, bajo la premisa de que en el Perú se liberan terroristas (Berenson) y se procesan generales que combatieron por la patria (como el general Rivero, jefe militar del grupo Colina, o el general Adrián Huamán Centeno que ejerció la jefatura de la zona de emergencia en 1984, el año con mayor número de masacres campesinas). Una autorización parlamentaria para que el ejecutivo legisle sobre nuevos beneficios penitenciarios para los militares implicados en actos de guerra sucia, está siendo utilizada para preparar una emboscada a favor del lobby de la impunidad.

Obviamente que no hay un punto de comparación entre la cantidad de personas que fueron procesadas por terrorismo (una buena parte de ellos acusados falsamente y que tuvieron que ser indultados desde tiempos de Fujimori), con los que están acusados de los llamados “excesos” de la represión, y con las penas aplicadas. Y tampoco es verdad que los crímenes de los que se acusa se refieran solamente a “matar terroristas” (ejecución de rendidos), sino que implican muchos casos de asesinatos masivos de civiles, actos paramilitares contra opositores al gobierno, desapariciones forzadas y otros. Si el Perú no puede medir la responsabilidad individual de cada quién, no habrá base para justicia. Será la venganza de los vencedores y la capitulación de los políticos y nada más.

16.06.10
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