martes, setiembre 29, 2009

Humala ¿ya fue?

Lo que se entiende de los sondeos recientes es que el candidato estrella del 2006, habría pasado a ser uno más del montón, sin riesgos para el sistema, a pesar de recientes discursos de Alan García sobre la guerra contra los antisistema. ¿Será verdad?

Hace unos días la encuesta de opinión de Apoyo, nos sorprendió con un dato inexplicable. En la pregunta sobre intención de voto para todos los candidatos actualmente reconocibles, Ollanta Humala figuraba en el tercer lugar con 13%, detrás de Castañeda y Keiko Fujimori. Pero al hacer la misma pregunta sin incluir a Lourdes Flores, se producía un salto de Toledo desde el cuarto al tercer lugar con 17%, y una caída de Humala hasta el 7%. ¿Cómo se pueden perder votos propios por el reparto de los votos de otro participante? ¿Está el encuestador confundiendo sus deseos con las realidades?

Es un misterio. Como muchos otros que rodean a los actuales estudios de opinión. Por ejemplo: ¿hasta qué punto se está captando en las encuestas a la gente que por estos días ha estado presente en los mítines del candidato nacionalista en las provincias del interior de Cajamarca y Cusco?, ¿qué resultado obtendrían los otros candidatos de las encuestas, si en este momento empezaran a salir de Lima o de las capitales de departamento, que es donde trabajan los encuestadores? El tema es clave para saber cuál es el estado de ánimo del interior que ha sido el escenario de los mayores conflictos vividos bajo el actual gobierno. La presencia de Ollanta Humala y su propio y discutido grito contra los cabrones, ¿no está acaso indicando que como en el 2006 somos otra vez un país polarizado en el que las cosas se entiende de manera diferente?

Se puede coger el problema desde otro ángulo. En julio, el mismo grupo Apoyo publicó su “encuesta del poder” que se supone recogida en la elite del país (ejecutivos y gerentes de empresas importantes, funcionarios de primer nivel, mundo académico, etc.) y en ella los cinco primeros lugares, en orden descendente, eran ocupados por Alan García, Dionisio Romero, Luis Carranza, Ollanta Humala y Mario Vargas Llosa. Un año antes la lista incluía a Jorge del Castillo, que descendió varias posiciones, y en ella no figuraba el escritor que parecía ajeno a los temas del poder. Ollanta Humala ya estaba en el cuatro lugar, de donde no se ha movido, siendo el personaje político de fuera del gobierno mejor colocado. Algo más, la percepción del poder del comandante, no viene de ninguna simpatía, lo que se corrobora en otra pregunta de la misma encuesta en la que los entrevistados afirman que el poder que más quisieran hacer desaparecer es el de Ollanta, muy por encima de otros personajes digamos “más peligrosos”, como su hermano Antauro o el líder indígena Alberto Pizango.

¿Cuál es la relación entre las provincias ollantistas y el poder que las elites le otorgan, sin ocultar su malestar, al que fuera el candidato susto de la elección anterior? Hay una respuesta para ello. Y esa es que en los dos extremos polares de la política peruana existe una misma inquietud acerca de quién asumirá la representación de esa franja de la población que se ha estado expresando en la cadena de conflictos de los tres últimos años y que sin duda ha sido uno de los factores de poder real, como que ha logrado derogar, modificar y detener leyes, y ha incidido en los cambios de gobierno. Las provincias del sur, la sierra y la selva, fueron claves en la votación de Humala, especialmente en la segunda vuelta. Lo que estamos viendo es que sus adversarios siguen creyéndolo poderoso por tener ese respaldo, lo que ha empezado a conformarse en las primeras movilizaciones.

No debe olvidarse que en el 2005, poco después de su llegada de Seúl, el recién formado Partido Nacionalista se ubicaba entre 5 y 10% de las encuestas, hasta que empezó una sucesión de mítines en provincias que hicieron crecer la bola de nieve. No es posible todavía saber hasta qué punto la historia se repite. Pero lo que si es indiscutible es que las encuestas anticipadas y pre campaña como las que hemos estado viendo, sirven para imponer imágenes que normalmente están muy alejadas del resultado final, pero que sirven para co9nstruir interpretaciones actuales que son parte de la lucha política.

La pregunta que deberá resolverse en los meses siguientes es si vamos en camino a reeditar un escenario polarizado política, social y territorialmente como el que vimos en la elección anterior. Y si es así, habrá que apostar para saber quién estará finalmente al frente de cada uno de los polos.

27.09.09
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Baby Face Allison

Lo que nadie termina de entender es qué cosa hacía el acalde de Magdalena al servicio de la empresa chuponeadora Business Track, para poder cobrar regularmente, cada mes, la cantidad de 3,500 dólares. No es el tema de si le dijo y cuándo se lo dijo, al presidente, o si este sabía con quién se estaba metiendo, que es lo que no quieren que pensemos, sino el motivo específico por el que le facturaban un monto que casi duplicaba sus estipendios municipales. Es decir si es tan inocente como pregona, porque su asesoría la brindaba a una empresa que era legal y que muchos en el Estado y el mundo empresarial contrataban porque como Allison la consideraban buena para algo, que no se quiere reconocer qué cosa era.

Como nadie cree que el tipo asesoraba sin saber a qué se dedicaba su cliente (parece una explicación de la mafia de Chicago en los años 20); que despachaba en cafeterías así que nunca iba a su local y no los veía haciendo su “trabajo; que se ocupaba también del divorcio de uno de sus directivos; que nunca firmó un contrato con indicación de los servicios prestados y le pareció lo más normal del mundo; y que nunca se consideró salpicado por el escándalo cuando detuvieron a toda la empresa, por lo que se propuso para ministro sin cargos de conciencia; digo, como todo esto lo consagraría de mucho más idiota de lo que hace evidente, sólo queda plantearse las hipótesis más probables de lo que podría haber unido al alcalde exitoso con los marinos dedicados a husmear los secretos de la empresas y las personas significativas.

La primera opción es suponer que Francis Allison en realidad no realizaba ningún servicio para Business Track, pero era facturado para cubrir pagos por otros conceptos. Algunos antecedentes del personaje acreditan esta posibilidad. El punto es saber si este beneficio era directo a su persona, o si era dinero para un tercero o para un grupo del que el abogado-alcalde era testaferro. Podría fácilmente deducirse que un negocio tan especial como el de Ponce Feijóo requería disfrazar sus egresos y movimientos económicos. En tal caso Allison sería un cómplice, un lavador de dinero sucio o un intermediario de operaciones dolosas.

La segunda opción es aún peor. Implica que el abogado consultado en restaurantes y cafeterías, tenía como encargo analizar los chupones y ayudar a que los marinos interpreten las actividades irregulares y delictivas de sus víctimas. ¿O para qué puede servir un abogado penalista? En esta alternativa, el “baby face” de Magdalena era un miembro de la banda, que cumplía su papel. Tiene sentido que reciba 3 mil 500 dólares, no por los títulos que declara tener, sino por la delicada tarea que tenía que cumplir. Y sobre su especialidad para la función ya se están reconstruyendo trozos de su biografía que muestran a un personaje ya entrenado para causas oscuras.

Finalmente también cabe una combinación de las dos opciones presentadas. Pero no parece haber más. En todo caso lo que no es razonable es que de una organización donde todos han terminado presos, el único que era ingenuo y no se daba cuenta era el abogado.

27.09.09
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miércoles, setiembre 23, 2009

Business Allison

El Congreso, la Contraloría, el Gobierno Regional del Callao y muchas otras entidades públicas, contrataban a Business Track para que las ayudara a protegerse del chuponeo, que era ejecutado regularmente por el propio Business Track, pero nadie sabía que estaban haciendo las del sonso.

El gabinete invitaba a Giannotti y a Ponce Feijóo, para que les explicara eso del atentado que el grupo “Todas las Voces” preparaba contra Alan García para la navidad del 2006, y a pesar de que la Policía liberó a los acusados antes de las 24 horas, por vergüenza ante la inconsistencia de las pruebas y la imposibilidad de una acción de estas características, Giampietri sigue diciendo que si hubo esta intentona, es decir sigue sacando la cara por Business Track ante el Estado, seguramente porque debe pensar que del chuponeo algo bueno se saca..

El alcalde de Magdalena, actuaba durante poco más de un año como asesor legal de Business Track, precisamente en el tiempo en que se grabó el mayor número de conversaciones de Rómulo, Bieto, Arias Schereiber, Canaán y otros. Asistía regularmente a la empresa y se reunía con sus directivos, y según dice en su coartada la presencia de importantes clientes en la cartera le hacía confiar en la legalidad de sus actividades. O sea que era el abogado pero no estaba al tanto de lo que hacían sus clientes.

Entre decenas o centenas de posibilidades que tenía para escoger un nuevo ministro de Vivienda a raíz del cambio de la Vílchez para reemplazar a Vildoso en el ministerio de la Mujer, después del Baguazo, Alan García decidió justamente que convenía descabezar la municipalidad de Magdalena y trasladar a su lado a su titular, aparentemente sin conocimiento de que también se estaba trayendo al abogado de los chuponeadores. O sea que primero García recibía informes y recomendaciones, de los que lo estaban espiando, dejaba suelto y sin investigación a su vicepresidente que era el que enganchaba instituciones con Ponce Feijóo, y al final de pura mala suerte hizo ministro al abogado de los que están presos por atentar contra la seguridad del Estado.

El propio Allison cree que todos los peruanos somos caídos del palto y por eso en su declaración advierte que no le avisó a García lo que había venido haciendo (se imaginan lo que significaría que el presidente hubiera conocido esos antecedentes), porque le parecieron “poco relevantes”. Casi matan a Echaíz y un poco más y cae todo el gobierno, pero el ex alcalde creía hasta junio del 2009, que había estado sirviendo a una empresa no sólo decente, sino de historial intrascendente.

En resumen, o nos gobierna gente en extremo incompetente, que contrata al espía y se deja guiar por él, y que pasa tiempo a su lado y no se da cuenta de lo que está haciendo; o estamos en el reino en el que todos se chuponean, se traicionan y se vuelven a amistar, porque hay asuntos demasiado grandes que los amarran unos con otros. Y los jueces, fiscales y comisiones parlamentarias, tranquilos nomás.

23.09.09
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domingo, setiembre 20, 2009

Los monumentos de García

En los años 90, los limeños teníamos siempre tema de conversación cuando teníamos que pasar por los distritos en los que se yerguen hasta hoy las columnas del tren eléctrico de Alan García, que como se sabe no llevan a ninguna parte. Es como el símbolo de una época, nos dijo una vez un amigo. Pero en Puno, hay hasta ahora, en el tramo de la carretera que va de Juliaca a Puno, una estación experimental para el trigo de altura que por pedido del presidente de la república la Universidad Nacional del Altiplano instaló en 1987, cuando se hablaba de cubrir el altiplano con espigas doradas que resolverían el hambre del sur. Otro monumento indiscutible a lo que no existe.

Había, ciertamente, otros elementos de memoria en el primer Perú post-García. Por ejemplo: la banca estaba más fuerte y arrogante que nunca aunque oficialmente fue estatizada en 1987; el trapecio andino (Ayacucho, Huancavelica, Apurímac, Cusco, Puno) estaba más pobre que en cualquier otra época después de la fiebre agrarista de la segunda mitad de los 80; el pago de la deuda externa era el punto de partida de toda la política económica, a pesar de todos los discursos contra el FMI y el yugo financiero externo que se escucharon por cinco años; etc. Un monumento del García joven podía ser una obra inconclusa y sin sentido; un proyecto sobre el que cayeron mil discursos y se dejó abandonado; una política que produjo finalmente el resultado opuesto a lo que se buscaba.

Sin duda en los poco más de quince años que demoró Alan García en regresar al poder, produjo cambios muy importantes en sus concepciones teóricas. El antiimperialista inconsecuente y el populista aventurero, cedió al globalista y neoliberal que vemos actualmente. El presidente de los pobres se convirtió en el de los grandes empresarios que traerán inversiones y darán trabajo a los menos tienen, y el agrarista de los Rimanacuys, se trastocó y ahora es la cabeza de un proceso que está llevando a la reconstrucción del latifundio en la Costa, la Sierra y la Selva. Pero lo que no ha cambiado es la tendencia de nuestro presidente al monumento inútil. Cada discurso de 28 de julio está cargado de anuncios de impacto que se quedaron en alguna de las siguientes etapas: (a) sólo como promesa (austeridad, ley de transparencia, comisarías del siglo XXI, central Perú-Compras, venta del avión presidencial); (b) se dicta la norma pero no se aplica (regulación de los services, aportes mineros, una laptop por alumno); (c) se crea el organismo para ejecutar una iniciativa pero no sirve (FORSUR, Sierra Exportadora, Pacto Social, Oficina Anticorrupción, ministerio del Ambiente); (d) obras que no comienzan o que no concluyen, hospitales de emergencia del sector Salud o de Essalud (hospital de tercera edad inaugurado antes de ser equipado), gaseoducto sur-andino, nuevos penales, carreteras, puertos, ferrocarriles, etc.

Mirando hacia el futuro García va a dejar al sur chico y sus provincias afectadas por el sismo casi como si no hubiera pasado el tiempo. Aún hoy se sigue discutiendo las funciones de los directores y ejecutivos del FORSUR y los tremendos sueldos en que se va el poco dinero destinado a la reconstrucción. Que dos años después de la tragedia no se haya podido restablecer los servicios de salud, educación, seguridad (comisarías) y otros, pero que el área de turismo ya esté como nueva, indica bastante como será el Pisco post segundo García. Pero también es probable que entre las más notorias herencias que recibamos de este quinquenio se encuentre varios volúmenes de un libro que lleve por título “aquí no hay crisis”, incluyendo una larguísima lista de discursos que deberán ser confrontados con la realidad el Perú 2009-2011, cuando se desplomaron todos los sueños del crecimiento en cifras asiáticas (a la fecha China crece a 7.5% y el Perú ya está bajo cero). ¿Qué nos vamos a hacer con un país que perdió la oportunidad de aprovechar las ventajas que tenía para protegerse de la crisis?

A García los campesinos puneños lo bautizaron hace poco más de 20 años como el “llullapresidente” (el presidente mentiroso). Yo diría, a estas alturas, que es algo más que eso. Es un constructor de ilusiones, que no se limita a ofrecer lo que no va a hacer (nombrar un contralor de oposición, por ejemplo), o hacer lo contrario de lo ofrecido (no firmar el TLC, rebajar las multas de tránsito, etc.), sino que es también el político temerario que comienza lo que no puede terminar, que constituye instituciones con personalidades de algún prestigio, para después abandonarlas, que cree que puede hacer psicología con la no crisis, y llamarle a eso fe y presencia de ánimo. Un monumento a la política criolla. Eso ha sido siempre Alan García Pérez.

20.09.09
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En nombre del padre

El fallo que condena al periodista Efraín Rúa del diario LA PRIMERA en el proceso por difamación planteado por el hijo del presidente García, tiene extraordinarias implicancias políticas:

(1) Significa que los comuneros de San Pedro de Lloc están siendo desprotegidos en su reclamo ante la opinión pública y las autoridades del país, para que se detenga la maniobra orientada a obligarles a vender sus tierras, en una zona de expansión de las inversiones agroindustriales, por parte de una empresa que muestra tener el respaldo del poder político y que se ha dado el lujo de amedrentarlos con el uso de helicópteros de la Policía y la Marina, y con la presencia en el lugar del hijo del presidente. Si el medio que recoge la denuncia la publica, es sentenciado, para que no vuelva a hacerlo.

(2) Implica que los jueces resuelven en función del interés presidencial es decir bajo el supuesto de que una denuncia sobre los actos de sus hijos puede interpretarse como un afán de dañar su imagen como primera autoridad de la nación. Por extensión podría decirse que cualquier opinión sobre las acciones de la señora Pilar Nores al frente de programas sociales que movilizan grandes sumas de dinero, no vendría a constituir un acto de fiscalización que forma parte de la función periodística, sino una mera pretensión de dañar al gobernante. Y lo mismo podría de repente suponerse de cualquier observación que se hiciese de las continuas intervenciones de la señora “Cuqui” Chessman, intermediando a favor de diversas empresas que buscan ventajas del Estado. Siendo la madre de Federico Dantón podría entenderse que también se quiere fastidiar la sacrosanta imagen presidencial.

(3) Conlleva una cruda conclusión de que los traficantes de terrenos son respaldados abiertamente por las autoridades del Estado y la familia presidencial, que se valen de la fuerza pública y los jueces para alcanzar sus propósitos. Es lo que se ve en casos como los del ex fundo Oquendo y lo que se repite en San Pedro de Lloc y otros lugares, y que básicamente responde a un esquema de despojo de campesinos beneficiarios de reforma agraria, en el cual se fijan valores arbitrarios por las tierras, que luego alcanzan una cotización varias veces superior en el mercado. La jueza ha pretendido ignorar que este problema existe y más aún ha hecho casi como que los mismos campesinos no existieran al resolver sobre la querella como si se tratara de un asunto entre nuestro diario y el clan de los García. La cuestión de la propiedad de la tierra en San Pedro de Lloc sigue latente pero la jueza Irma Simeón Velasco ha creído que mucho más importante es darle una satisfacción al padre de Alan Simón.

(4) Señala, finalmente, que para la justicia peruana el presidente es poco menos que intocable. En otras palabras que para los que deben resolver de acuerdo a derecho pesa mil veces más la figura del primer mandatario o la de su familia, frente a las garantías de libertad de información y opinión de los medios de prensa. Es que no somos iguales ante los jueces, el fallo contra Rúa, lo demuestra.

20.09.09
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martes, setiembre 15, 2009

Apologías

Imagino que la razón por la que el abogado Alfredo Crespo se muestra efectivamente preocupado porque pueda terminar detenido, enjuiciado y condenado por participar en un acto público en el que lo más delictivo fue desearle muchos años de vida a un Abimael, ya bastante envejecido, es que debe recordar que tuvo que soplarse doce años en la prisión por haber actuado como defensor del jefe senderista en 1993, en el juicio secreto que se realizó en la Isla de San Lorenzo, ante un tribunal militar sin rostro, y de cuyos entretelones los demás peruanos fuimos simplemente excluidos.

Aquella vez a Crespo le sembraron pruebas mediante agentes policiales que confesaron sus actividades cuando el gobierno de Fujimori los abandonó en la cárcel. Pero hay muy pocos que están al tanto de cómo fue esta historia. Sendero Luminoso generó tantos anticuerpos en su contra, por su responsabilidad, que se hizo fácil que la respuesta represiva y penal del Estado sobrepasara largamente los estándares de protección internacional y los límites constitucionales, sin que hubiera muchas protestas. Hoy mismo, hay quién critica a García Sayán por haberle aumentado el tiempo de patio y la frecuencia de las visitas a los recluidos de la Base Naval. Y también en estos días algunos exaltados se han preguntado en la prensa ¿por qué le dejaron escribir?, como si eso pudiese impedirse.

El trauma peruano es que no se entiende después de 17 años, que si las ideas de Guzmán se exponen abiertamente, habrá mucho menos posibilidades de que sirvan a un nuevo ciclo de violencia. Como lo es que sus partidarios se reúnan públicamente. Si los subversivos que salen libres empiezan a actuar legalmente, ¿quién gana y quién pierde? Pero hay por ahí un tipo que dice que hubiera aplaudido que la policía allane el evento de presentación del libro. Y debo decir que tampoco estoy de acuerdo con buscar al culpable de que los manuscritos salieran para la imprenta. Nadie ha sido condenado a no poder publicar (han circulado antes los libros de Montesinos, Polay y otros), y para discutir seriamente si en un escrito se puede estar cometiendo un delito, la primera condición es haberlo leído.

Voy a decir en pocas palabras que como muchos otros peruanos que no nos sentimos menores de edad, ni necesitamos que el Estado nos aleje las ideas de alguien, he tenido interés en conocer el balance de Sendero sobre la guerra y los argumentos de sus jefes en los juicios. El texto que se ha publicado no es eso. Es apenas un compendio de materiales dispersos. Una breve reseña biográfica en la que resalta la admiración que Guzmán profesó por Stalin en su niñez y juventud. Un extracto de la entrevista de 1988, donde explica la historia de las fracciones en el PCP. La manifestación como prisionero ante la DINCOTE. Una larga colección de textos comentando las decisiones de la justicia y una serie de anexos, que son opiniones de personas, cartas, recortes, documentos jurídicos, etc. Sin duda no es Guzmán el que recopila y edita, y no está claro lo que trata de decir el libro, que no desarrolla ni el “acuerdo de paz”, ni los problemas de la actual situación política en la que pretenden reinsertarse. La función que cumple es sacar a la llamada “Cuarta Espada” del olvido y el ostracismo. Y gracias al escándalo lo consiguen bien.

16.09.09
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domingo, setiembre 13, 2009

El caso Obregón

A Humala lo quieren crucificar por llevar al Congreso cocaleras que sacan la cara por los productores y se esfuerzan por explicar al país que el narcotráfico no son los agricultores pobres que participan de la economía de la coca. En 2007, los medios de la derecha hicieron lo propio con el ministro Salazar y la fecha en la que se firmó el acta de Tocache, estableciendo un acuerdo con los cocaleros que buscaba aislar el problema de la droga a través de un diálogo entre el Estado y los productores, la declararon día nacional del narcotráfico y la demolieron junto con el ministro.

A finales de los 80, los militares que eran casi todo el Estado en la zona de emergencia, impulsaron acuerdos con los cocaleros para dar vida a las rondas y al control de las zonas pobladas de la ceja de selva, lo que representó un cambio estratégico en el desarrollo del conflicto. Sin embargo, en estos días se presenta un video de Nancy Obregón intermediando en un decomiso entre los policías y los productores y nadie presta atención a su versión de que estaba evitando un enfrentamiento, y otros más sobre su papel como dirigente social, y el APRA solicita su inmediata investigación por sus “vínculos con el narcotráfico” que podría llevar a su desafuero.

Estábamos todavía bajo el impacto del derribo de un helicóptero militar en el VRAE por los llamados “narcoterroristas”, que mostraba que el gobierno está camino a meterse nuevamente en una psicología de derrota como la que afectó al país hace veinte años y que favoreció el surgimiento del autoritarismo fujimorista; cuando al Tío George se le ocurre derivar el problema sobre los nacionalistas. No ven que Obregón está ligada a los cocaleros, y los cocaleros lo están a la coca, y la coca a la cocaína, y por tanto al narcotráfico. Así que si aquí se caen helicópteros y se matan soldados es por culpa de Humala. Si está clarísimo.

Pero el problema es enteramente otro. Es saber si se debe integrar, o incluir como se dice ahora, en la política y la negociación social, a los campesinos de las zonas de la coca. Ese es el aporte de Ollanta a la política peruana, que permite que ahora tengamos mucho más cerca y a la vista a esta parte del Perú, y eventualmente podamos discutir con ellos un plan de desarrollo agrario y regional, y es también lo que incomoda a los que se resisten a una nueva distribución del poder que refleje mejor al país real. La opción alternativa, es la zona de combate de Giampietri, el despeje de civiles, el napalm y bombardeo de las zonas productoras, lo que va de la mano de la penalización de los cultivos, la erradicación y la eliminación de sus representantes.

Hay varios objetivos detrás del caso Obregón: desviar las preguntas al gobierno sobre sus fracasos en el VRAE, trasladar a otros sectores la responsabilidad por el crecimiento del fenómeno del narcotráfico, alimentar un clima de mayor violencia al intentar sacar de la legalidad a los dirigentes cocaleros y, cuando reaccionen para defenderse, acusarlos de vandalismo social. Una operación digna de Jorge del Castillo. No cabe duda.

13.09.09
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viernes, setiembre 11, 2009

La batalla por las masas

Allá por los finales de la década de los 80, Alan García mostró el primer hito de su lucha antisubversiva, que hasta entonces iba de fracaso en fracaso. Era el comandante Huayhuaco, jefe de los ronderos del río Apurímac, que se habían rebelado a la presencia de Sendero Luminoso y empezado a construir organizaciones que llamaron de autodefensa que lograría arrinconar a los insurgentes, dentro de ese inmenso valle que se abre hacia la selva amazónica. Huayhuaco se llamaba Javier Pompeyo Rivera, y su base social eran campesinos productores cocaleros, de esos que ahora han sido declarados desalojables porque “en su mayoría se encuentran vinculados al narcotráfico”, pero que entonces fueron declarados héroes de la patria porque lograron lo que no podían los soldados y policías. El ejemplo del VRAE se extendió a otros lugares y produjo un cambio estratégico en la guerra. Significaba que Sendero había cometido errores en su relación con la gente del campo y había terminado expulsado por los campesinos pobres, de los que decía ser representante.

Evidentemente en la selva del Apurímac y el Ene, Sendero había querido dominar a productores mucho más individualistas que los de la sierra, y les habían impuesto cupos y disciplinas que no estaban dispuestos a tolerar. Por su parte, el Estado priorizó claramente su enfrentamiento con la subversión, con respecto a la acción contra las drogas, y esto le dio libertad a las bandas y corrompió a policías y autoridades. El repliegue y encierro de los llamados remanentes en el Vizcatán, tiene que ver con este desalojo violento y con la necesidad de sobrevivencia de los guerrilleros que quedaban libres.

En 1995, en pleno gobierno de Fujimori, Javier Pompeyo Rivera, Huayhuaco fue detenido por narcotráfico y procesado por el juez Kuri Mendoza. Estuvo en la cárcel un año y de ahí salió a la Argentina, donde también le hicieron acusaciones similares. De esa misma época data un debate sobre qué hacer con las armas de los ronderos del VRAE, que eran de ellos (no está muy claro donde las compraron), y no pertenecían a los lotes que distribuyó el Estado. Indudablemente el tema de la zona seguía siendo, cuál es la economía que permite la subsistencia de los productores. Sendero evidentemente entendió el problema y modificó su trato con los campesinos. Acabaron los reclutamientos forzados, las decisiones autoritarias, los asesinatos de civiles. Pero lo principal fue que impusieron un sistema de organización de la producción y el comercio, reduciendo los abusos de los narcos y la intervención corrupta de la policía, los fiscales y los jueces.

Pero en Lima seguimos viendo eso como la amenaza que uno de estos días llega a la capital y nos mete un nuevo coche bomba en Miraflores. Y bajo esa presión sicológica se organizó la recuperación del Vizcatán, el “plan excelencia” y la actual ofensiva que ya ha costado la vida a unos 50 militares. Es decir se fue a organizar una guerra donde todavía no la había. Pero nadie dice que lo que se había perdido de antemano era la batalla social. Ya no hay rondas, ni hay conflicto entre campesinos y guerrilla. Oficialmente el Estado ha pasado a considerar al cocalero no como un sector aliado, sino como estorbo o directo enemigo. Por esa vía han invertido la relación que lograron en el momento crítico de la guerra y han perdido al pueblo, sin que tengan idea de cómo van a recuperarlo.

09.09.09
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martes, setiembre 08, 2009

El país de Putis

¿Qué clase de país sería el Perú si el presidente de la república se hubiera hecho presente en el entierro de un centenar de campesinos entre hombres, mujeres y niños, asesinados por militares en noviembre de 1984, en uno de los actos más brutales e incomprensibles del conflicto armado interno?

¿Y si las Fuerzas Armadas pedían disculpas públicas por este “exceso” y se comprometían a dejar sin efecto todos los mecanismos de impunidad que se construyeron para este caso (ocultamiento del nombre de los oficiales a cargo de esta zona en la fecha de la masacre; órdenes que recibieron de su comando; informes que se hicieron sobre los acontecimientos) y facilitaban el proceso a los que estuvieron involucrados en los hechos?

Pregunta final: si presidente y jefes militares mostraban que efectivamente toman distancia de actos repudiables y se solidarizan con la familia de las víctimas del abuso más abominables ¿habrían ganado o perdido?

Lo que está pasando en el Perú es exactamente lo opuesto. El presidente ha vuelto a preguntarse sobre lo que piensan políticos, jueces y fiscales que sospechan siempre de la policía y las Fuerzas Armadas; el ministro de Defensa cree que el debate es con los organismos de derechos humanos; y la mirada oficial, que es la de los militares, sigue siendo de que toda exigencia de reconocer hechos como los de Putis afecta la moral y la disposición de combate cuando se enfrentan a los llamados remanentes de Sendero Luminoso.

Obviamente, lo que se está diciendo es que los muertos de la guerra que cayeron sin ninguna relación con las organizaciones subversivas (al contrario estaban siendo hostilizados por Sendero Luminoso) y fuera de todo combate, son también costos del conflicto que conviene olvidar. Cada tanto se dice que los subversivos fueron responsables de la masacre de Lucanamarca o de la esclavización y asesinato de los ashánikas, lo cual es absoluta verdad histórica.

Pero ¿qué nos hacemos con Putis, Puvayacu, Accomarca, Cayara, Soccos, etc.? Si el crimen de no combatientes es un delito atroz, porqué va a ser diferente el que se realiza en nombre de una utópica revolución autoritaria, de otros que se hicieron en nombre de la democracia y de la defensa del Estado. Todas las veces en las que Rafael Rey afirma que los militares contrasubversivos pelean y mueren “por nosotros”, ¿dónde pone a la gente de Putis?, ¿no eran acaso parte del “nosotros” y por eso confiaron en los militares que les pedían abrir zanjas, donde finalmente colocarían sus cadáveres?

Nadie ha aclarado los bárbaros motivos del “comandante Oscar”, el “capitán Barreta” y el “teniente Lalo” (ninguno de ellos identificado por sus verdaderos nombres), y no se sabe si recibieron un informe equivocado de su comando; o si como dicen algunos se sobrepasaron con las mujeres y taparon un delito con otro peor; o si simplemente creyeron que su misión era dejar el campo sin habitantes, porque como dice el almirante Giampietri los civiles estorban.

Un efecto del sistema de impunidad es precisamente que impide reconstruir la historia real de la violencia. Los militares masacradores pasan por gente demente que mata porque sí, y sus superiores aparecen como encubridores de estas psicopatías de alto riesgo, mientras que los políticos se jactan de “realistas”.

El punto es que los protectores actuales de los asesinos de los 80 y 90, están imaginando que la falta de castigo a los culpables es una salvaguarda para los que están operando en estos momentos en el VRAE y otras partes del país. Ni García, ni Rey, ni Giampietri, quieren que existan límites de actuación y control de policías y soldados, seguro porque están previendo que la situación puede ponerse más grave. Y, más aún, porque extienden el concepto de la lucha antiterrorista, a la represión de conflictos sociales como en Bagua y a la actuación de los uniformados contra la delincuencia urbana.

El gobierno quiere tener tiradores impunes. Y para conseguirlo no sólo requiere de normas como las que ha estado produciendo últimamente sino de un acuerdo con la cúpula militar que le exige a su vez que no cedan en los temas de derechos humanos. Por eso los de Putis han sido enterrados ante la indiferencia del poder y la soberbia armada. Y eso es como si hubieran muerto nuevamente.

05.09.09
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Los civiles estorban

Mientras tengan a Giampietri, Rey, Flores Araoz, Cabanillas, Mulder como estrategas de guerra, imaginando que el “error” que los tiene perdiendo la guerra del VRAE, es que no se mandan más soldados y más dinero, y que lo que “nos fregó” en los 80 es que no metimos a los militares antes por estar pensando que eran abigeos, o que el problema eran los fiscales y los jueces, y que las organizaciones de derechos humanos son parte del enemigo porque quieren controlar las operaciones militares y proteger a la población civil, lo que no se puede hacer si se quiere ganar la guerra; digo, si es que estas ideas siguen predominando como lo hacen ahora, la suma de muertos, heridos y armas perdidas va a escalar cada día y cada semana.

Fue el famoso general Noel el que anticipó en 1982 que no podía ganar una guerra contra un enemigo invisible, inserto en la población civil, enviando tropas y trasladando la conducción política a los militares. Y gran parte de la discusión sobre las muertes indiscriminadas, las comunidades arrasadas, los Putis, los Cayara y otros, tiene que ver con la reducción del problema a más soldados y más dinero. Pero cada vez que ocurre una emboscada, matan policías y soldados, les capturan nuevas armas y se arma la noticia del Ejército que va perdiendo, los hombres de la guerra vuelven sobre los mismos temas. Rey, por ejemplo, se dedica a los molinos caviares, en las mismas horas en que una patrulla era enfrentada y puesta a la defensiva, y se gestaba la trampa en la que cayó un helicóptero.

¿Se puede decir por algún lado que unas Fuerzas Armadas con armamento moderno, camiones, helicópteros como la que opera en el VRAE, se halla en desventaja frente a remanentes senderistas, que perdieron jefatura, estructura nacional y proyección estratégica? En los últimos dos años el presupuesto del VRAE ha sido incrementado varias veces y las cosas han empeorado. Se han lanzado varias ofensivas hasta las interioridades del Vizcatán, pero Rey acaba de demostrar no puede rescatar rápidamente a sus soldados sitiados. Se han construido bases, se han rotado los soldados, y nadie entiende exactamente que objetivo están buscando sobre este vasto territorio: destruir a la columna principal, capturar dirigentes, dominar espacios, cortar vínculos con el narcotráfico, o algún otro.

Tercamente se ha querido insertar el tema del VRAE como si fuera la última batalla de una guerra en la que un ejército victorioso va haciendo retroceder a otro. Pero nadie explica porqué las rondas de río Apurímac y el Ene estaban antes al lado del Estado y ahora son por lo menos neutrales en la disputa; porqué los senderistas evitaban antes el combate y ahora lo buscan; porqué se aseguraba antes que estaban focalizados y a la defensiva, y ahora se desplazan por grandes espacios. Lo que es evidente es que la visión militarista, que elude una correcta caracterización del problema, que no explora salidas políticas, que pretende como Giampietri que los civiles sean desalojados porque estorban el bombardeo y que parece no tener la menor idea de lo que pasó anteriormente con las rondas, sólo conduce a un continuo desastre que es a su vez fuente de irritación, y seguro camino para seguir fracasando. ¡Pero quién les hace entender que están equivocados!

06.09.09
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martes, setiembre 01, 2009

Narcotraficantes aéreos

¿Será cierto que todos los empresarios que en el Perú quieren incursionar en el negocio aéreo, resultan con algún vínculo con el narcotráfico y que “El Comercio” siempre los descubre?, ¿tendrá algo que ver con eso de las operaciones de “alto vuelo”, que lleva la tentación a estas personas de querer blanquear dineros mal habidos en una actividad tan visible y competitiva como la aviación comercial? ¿Y por qué habrá antenas tan fuertes para los narcóticos hacia ciertas empresas e individuos y no hacia otras?

Solamente pregunto. Porque sentí como es este asunto cuando dudé de la fiscal que no quería volver a Iquitos porque temía por su vida, pero que el 90% de la prensa nacional decía que era lo máximo de valentía que se podía exhibir en el cargo, al punto de enfrentarse a la junta de fiscales supremos. Ahora veo que a Lourdes Flores no la han terminado de demoler todavía porque ha sido su candidata por mucho tiempo, pero todo indica que si no encuentra un pretexto pronto para alejarse de Cataño la puede pagar muy caro.

El hecho es que desde comienzos de este año hay mucho más que una investigación como la que se sigue contra el dueño de Peruvian Airlines (que todavía no ha despegado como línea aérea), para el caso de embarque concreto de varias maletas de cocaína en el que están comprendidos el gerente de seguridad de LAP y la supervisora de seguridad de LAN, así como un grupo significativo de trabajadores de ambas empresas, y que es materia de un proceso penal abierto por actuación en banda, sirviéndose del aeropuerto Jorge Chávez como vía de salida, de lo que LA PRIMERA ha dado cuenta detallada. Pero no hay escándalo.

Raúl Tola y Sol Carreño no llaman al gerente general de LAP y le preguntan durante una hora cómo es eso que dice el Ministerio Público de que han estado sacando continuamente embarques de cocaína por nuestro primer aeropuerto y que explique porqué asumieron la defensa del señor Kirch Jr., su gerente, que no sé si sigue en el cargo, tratando de sacarlo del caso, en vez de deslindar con sus ilícitas actividades. Y tampoco “El Comercio” dice una palabra sobre los múltiples embarques de LAN detectados en puntos de destino con droga salida del Perú, y el último y más notorio que se cogió en Lima. ¿Por qué no le pide al señor Rodríguez Larraín miembro de su directorio y presidente testaferro de LAN-Perú, que responda como Lourdes Flores?

No sé nada de Cataño o Carhuallanqui, como dicen que se llama realmente, pero si se trata de alguien “dudoso”, que debería ser puesto a un costado, y por supuesto no dirigir una línea aérea, porqué tantos se hacen los locos con LAP y LAN, que han sido salpicadas seriamente por un caso flagrante de droga para ser embarcada. Si Nancy Obregón está “en aprietos”, por haber tenido como trabajador hace dos años a un tipo que lo encuentran en narcotráfico en estos días, y que ha pasado por otros empleos, porqué no están en peores aprietos las empresas cuyos responsables de seguridad eran parte de una banda para sacar cocaína del Perú.

Pregunto nomás.

02.09.09
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