En nombre del padre

El fallo que condena al periodista Efraín Rúa del diario LA PRIMERA en el proceso por difamación planteado por el hijo del presidente García, tiene extraordinarias implicancias políticas:

(1) Significa que los comuneros de San Pedro de Lloc están siendo desprotegidos en su reclamo ante la opinión pública y las autoridades del país, para que se detenga la maniobra orientada a obligarles a vender sus tierras, en una zona de expansión de las inversiones agroindustriales, por parte de una empresa que muestra tener el respaldo del poder político y que se ha dado el lujo de amedrentarlos con el uso de helicópteros de la Policía y la Marina, y con la presencia en el lugar del hijo del presidente. Si el medio que recoge la denuncia la publica, es sentenciado, para que no vuelva a hacerlo.

(2) Implica que los jueces resuelven en función del interés presidencial es decir bajo el supuesto de que una denuncia sobre los actos de sus hijos puede interpretarse como un afán de dañar su imagen como primera autoridad de la nación. Por extensión podría decirse que cualquier opinión sobre las acciones de la señora Pilar Nores al frente de programas sociales que movilizan grandes sumas de dinero, no vendría a constituir un acto de fiscalización que forma parte de la función periodística, sino una mera pretensión de dañar al gobernante. Y lo mismo podría de repente suponerse de cualquier observación que se hiciese de las continuas intervenciones de la señora “Cuqui” Chessman, intermediando a favor de diversas empresas que buscan ventajas del Estado. Siendo la madre de Federico Dantón podría entenderse que también se quiere fastidiar la sacrosanta imagen presidencial.

(3) Conlleva una cruda conclusión de que los traficantes de terrenos son respaldados abiertamente por las autoridades del Estado y la familia presidencial, que se valen de la fuerza pública y los jueces para alcanzar sus propósitos. Es lo que se ve en casos como los del ex fundo Oquendo y lo que se repite en San Pedro de Lloc y otros lugares, y que básicamente responde a un esquema de despojo de campesinos beneficiarios de reforma agraria, en el cual se fijan valores arbitrarios por las tierras, que luego alcanzan una cotización varias veces superior en el mercado. La jueza ha pretendido ignorar que este problema existe y más aún ha hecho casi como que los mismos campesinos no existieran al resolver sobre la querella como si se tratara de un asunto entre nuestro diario y el clan de los García. La cuestión de la propiedad de la tierra en San Pedro de Lloc sigue latente pero la jueza Irma Simeón Velasco ha creído que mucho más importante es darle una satisfacción al padre de Alan Simón.

(4) Señala, finalmente, que para la justicia peruana el presidente es poco menos que intocable. En otras palabras que para los que deben resolver de acuerdo a derecho pesa mil veces más la figura del primer mandatario o la de su familia, frente a las garantías de libertad de información y opinión de los medios de prensa. Es que no somos iguales ante los jueces, el fallo contra Rúa, lo demuestra.

20.09.09
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