El país de Putis

¿Qué clase de país sería el Perú si el presidente de la república se hubiera hecho presente en el entierro de un centenar de campesinos entre hombres, mujeres y niños, asesinados por militares en noviembre de 1984, en uno de los actos más brutales e incomprensibles del conflicto armado interno?

¿Y si las Fuerzas Armadas pedían disculpas públicas por este “exceso” y se comprometían a dejar sin efecto todos los mecanismos de impunidad que se construyeron para este caso (ocultamiento del nombre de los oficiales a cargo de esta zona en la fecha de la masacre; órdenes que recibieron de su comando; informes que se hicieron sobre los acontecimientos) y facilitaban el proceso a los que estuvieron involucrados en los hechos?

Pregunta final: si presidente y jefes militares mostraban que efectivamente toman distancia de actos repudiables y se solidarizan con la familia de las víctimas del abuso más abominables ¿habrían ganado o perdido?

Lo que está pasando en el Perú es exactamente lo opuesto. El presidente ha vuelto a preguntarse sobre lo que piensan políticos, jueces y fiscales que sospechan siempre de la policía y las Fuerzas Armadas; el ministro de Defensa cree que el debate es con los organismos de derechos humanos; y la mirada oficial, que es la de los militares, sigue siendo de que toda exigencia de reconocer hechos como los de Putis afecta la moral y la disposición de combate cuando se enfrentan a los llamados remanentes de Sendero Luminoso.

Obviamente, lo que se está diciendo es que los muertos de la guerra que cayeron sin ninguna relación con las organizaciones subversivas (al contrario estaban siendo hostilizados por Sendero Luminoso) y fuera de todo combate, son también costos del conflicto que conviene olvidar. Cada tanto se dice que los subversivos fueron responsables de la masacre de Lucanamarca o de la esclavización y asesinato de los ashánikas, lo cual es absoluta verdad histórica.

Pero ¿qué nos hacemos con Putis, Puvayacu, Accomarca, Cayara, Soccos, etc.? Si el crimen de no combatientes es un delito atroz, porqué va a ser diferente el que se realiza en nombre de una utópica revolución autoritaria, de otros que se hicieron en nombre de la democracia y de la defensa del Estado. Todas las veces en las que Rafael Rey afirma que los militares contrasubversivos pelean y mueren “por nosotros”, ¿dónde pone a la gente de Putis?, ¿no eran acaso parte del “nosotros” y por eso confiaron en los militares que les pedían abrir zanjas, donde finalmente colocarían sus cadáveres?

Nadie ha aclarado los bárbaros motivos del “comandante Oscar”, el “capitán Barreta” y el “teniente Lalo” (ninguno de ellos identificado por sus verdaderos nombres), y no se sabe si recibieron un informe equivocado de su comando; o si como dicen algunos se sobrepasaron con las mujeres y taparon un delito con otro peor; o si simplemente creyeron que su misión era dejar el campo sin habitantes, porque como dice el almirante Giampietri los civiles estorban.

Un efecto del sistema de impunidad es precisamente que impide reconstruir la historia real de la violencia. Los militares masacradores pasan por gente demente que mata porque sí, y sus superiores aparecen como encubridores de estas psicopatías de alto riesgo, mientras que los políticos se jactan de “realistas”.

El punto es que los protectores actuales de los asesinos de los 80 y 90, están imaginando que la falta de castigo a los culpables es una salvaguarda para los que están operando en estos momentos en el VRAE y otras partes del país. Ni García, ni Rey, ni Giampietri, quieren que existan límites de actuación y control de policías y soldados, seguro porque están previendo que la situación puede ponerse más grave. Y, más aún, porque extienden el concepto de la lucha antiterrorista, a la represión de conflictos sociales como en Bagua y a la actuación de los uniformados contra la delincuencia urbana.

El gobierno quiere tener tiradores impunes. Y para conseguirlo no sólo requiere de normas como las que ha estado produciendo últimamente sino de un acuerdo con la cúpula militar que le exige a su vez que no cedan en los temas de derechos humanos. Por eso los de Putis han sido enterrados ante la indiferencia del poder y la soberbia armada. Y eso es como si hubieran muerto nuevamente.

05.09.09
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